Mientras más de 20.000 alumnos andaluces todavía reciben clase en aulas prefabricadas, el Gobierno en funciones de José Antonio Griñán protagoniza otro escandaloso despilfarro a costa del esfuerzo de ese contribuyente que lleva al colegio a sus hijos o nietos.
Ante la opinión pública, el Ejecutivo socialista mantiene ahora que cumplirá escrupulosamente con el objetivo de déficit del 1,5% marcado por el Gobierno de la Nación a tenor de las recomendaciones de Bruselas.
Sin embargo, en la sala de máquinas de la Junta de Andalucía ese compromiso de que respetarán el techo de gasto apenas está teniendo reflejo. Justo al día siguiente de que el Ejecutivo andaluz aprobara -el pasado 17 de abril de 2012- un ajuste de 2.600 millones de euros en sus cuentas públicas para el presente ejercicio, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, auxiliada por la de Economía, Innovación y Ciencia, puso en marcha una macroconcesión que tiene como destinatario el ciclópeo aparato burocrático regional, uno de los más voluminosos del Estado de las autonomías.
En concreto, el citado departamento acaba de sentar las bases definitivas para acometer un ambicioso proceso de renovación de los equipos informáticos que utilizan la «Administración de la Junta andaluza y sus agencias administrativas, así como las agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz».
Según el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso este periódico, el contrato que lleva por título «Acuerdo-marco de homologación de microordenadores y periféricos con destino a la Administración de la comunidad autónoma de Andalucía» asciende a un importe de 170 millones de euros, sin incluir el IVA.
No obstante, la cantidad dirigida a este programa todavía puede incrementarse si el Gobierno saliente de las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo -el que integrarán PSOE e Izquierda Unida- opta por prorrogar dicho contrato cuando llegue a su conclusión.
En principio, el citado pliego establece que su duración «será de dos años a contar desde la formalización del mismo», pero añade que cabe la posibilidad de que sea prorrogado «hasta un máximo de dos años».
Además del suministro de los bienes homologados que encarguen los diferentes departamentos de la Junta andaluza, las empresas adjudicatarias también se encargarán de las revisiones periódicas y de la reparación o subsanación de problemas de funcionamiento que pueda registrar tales equipos.
Entre los suntuosos dispositivos que el Gobierno sociocomunista tiene previsto adquirir en el mercado tecnológico más avanzado, figuran «microordenadores portátiles y ultraligeros, impresoras láser multifunción, terminales ligeros de Red, proyectores multimedia, equipos de videoconferencia, tarjetas criptográficas y otros bienes similares», como escáneres de alta producción.
Esta preocupación de la Junta por modernizar al máximo sus oficinas no es extensible a la situación que se vive en los juzgados cuyo mantenimiento también es competencia del Gobierno autonómico.
En ellos se han repetido escenas de procuradores o abogados regalando sus propios folios a los funcionarios para poder recibir notificadas sus respectivas resoluciones.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’
