El dinero que llegaba a CDC era un "verdadero peaje" que la empresa constructora tenía que pagar al partido para obtener con éxito la obtención de obra pública en Cataluña que determinaba la Administración autonómica
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha enviado su escrito de calificación provisional al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona sobre el caso Palau de la Música solicitando la apertura de juicio oral contra 17 personas y reclamando a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) la devolución de los 6,6 millones de euros.
Tal y como ha informado el Ministerio Público, este jueves, durante el juicio oral -una vez que ha finalizado la fase de instrucción- se solicitarán, entre otros, 27 años y seis meses de cárcel para Fèlix Millet; siete años y seis meses de prisión para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar; y un año y seis meses de prisión para el ex diputado de CDC Jaume Camps.
Como explica Daniel Tercero en ‘Crónica Global’, el texto ahora presentado por la fiscalía no varía prácticamente del que presentó en junio de este año, como conclusiones previas, si bien se concretan las peticiones de cárcel a los imputados y la devolución de la cantidad (6,6 millones de euros) que tanto el fiscal como el juez instructor consideran (a diferencia del Palau, el Consorcio del Palau y la Diputación de Barcelona) que llegó a CDC por pagos de empresas constructoras, con la institución cultural como intermediaria.
La fiscalía cifra en 18.017.001,88 euros el dinero que Millet y su socio Jordi Montull «hicieron voluntariamente desaparecer» del Palau de la Música entre 2002 y 2009 para «aplicarlo a fines particulares».
El primero, presidente de la entidad, se habría llevado «como mínimo» 7.021.245,52 euros, y el segundo, otros 1.318.443,09 euros. Sorprendentemente, el fiscal, como el juez instructor, desconocen el destino de los otros 9.677.313,27 euros que «han desaparecido sin dejar rastro alguno».
«Comisiones ilícitas» de CDC
En cuanto a la relación de CDC con la empresa Ferrovial, a través del entramado de asociaciones y entidades del Palau, el Ministerio Público -en su escrito de 142 páginas- acusa a Osàcar y Camps (también cita al anterior ex tesorero de la formación nacionalista, Carles Torrent, fallecido en 2005) de llevar a cabo el trabajo de «enlace».
Estos «eran los encargados de recibir el dinero [de Ferrovial a través del Palau] para el partido [CDC] y a cambio garantizar que altos responsables del partido, que no han podido ser determinados, se unieran al tesorero para ejercer el ascendiente que ostentaban sobre los cargos públicos [de la Generalidad] pertenecientes o afines a su formación política, a fin de asegurar el flujo de adjudicaciones pretendido por la empresa [Ferrovial]».
El dinero que llegaba a CDC, según la fiscalía, era un «verdadero peaje» que la empresa constructora tenía que pagar al partido para obtener con éxito la obtención de obra pública en Cataluña que determinaba la Administración autonómica. ¿De qué cantidad hablamos? «Por regla general» era del 4% del importe de las adjudicaciones.
La fiscalía, además, considera probado el desglose de ese 4%. Un 2,5% de la adjudicación iba a CDC y un 1,5% a «retribuir» a los intermediarios. Es decir, a Millet y Montull, quienes a su vez tenían un pacto por el que el primero se llevaba el 80% y el segundo, el 20% del 1,5% de la mordida.
Así, en los años que se han investigado en el caso Palau, «el total de comisiones ilícitas satisfechas por Ferrovial y que se hicieron llegar a la órbita de CDC asciende a 6.676.105,58 euros. Una cantidad que la fiscalía reclama al partido que lidera Artur Mas, presidente de la Generalidad.
Penas entre tres y 27 años
Así, el fiscal acusado por distintos delitos, además de a los citados Millet, Montull, Osàcar y Camps, a Gemma Montull, Rosa Garitano, Pedro Buenaventura, Juan Elizaga, Miguel Giménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén, Ramon Marc, Raimon Bergós, Santiago Llopart y Edmundo Quintana.
Las penas solicitadas varian entre los tres y los 27 años. Para la ex diectora financiera y la ex directora general de la institución cultural, Gemma Montull y Garitano, respectivamente, el Ministerio Público solicita 26 años de cárcel y nueve años y seis meses, respectivamente.
Además, y al margen de solicitar la devolución de todo el dinero desviado, por el delito continuado de tráfico de influencias, a Osàcar, Camps, Millet, Jordi Montull, Buenaventura y Elizaga se solicita para cada uno de ellos una multa de diez millones de euros o la pena de prisión (hasta cinco años) en caso de impago. Y a Millet, los dos Montull y Osàcar, otros diez millones de euros más de multa por el delito de blanqueo de capitales.
Una cifra que la fiscalía rebaja a cinco millones para Garitano por cómplice. Y Millet y los dos Montull (padre e hija) podrían asumir otra multa de otros dos millones de euros por un delito contra la hacienda pública.
CDC además tendría que hacerse cargo, como responsable subsidiario, del impago del dinero a devolver (no las multas) por Osàcar y Camps.
