“Detenido un ex jefe de gabinete del Gobierno de Sánchez por un pelotazo urbanístico de 2 millones”, de Borja Jiménez; “PP y PSOE ensanchan su brecha”, de Silvia Angulo; “Moncloa asume que no podrá contentar a la vez a sus socios y a Junts y que no tendrá votos para sus medidas sociales”, de Luis Casal; y “La fiebre silenciosa del mercado laboral: 1,62 millones de empleados no han ido a trabajar cada mes de 2025”, de José Ramón Riera
(“Mi última viñeta en ABC”. Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 18)
DETENIDO UN EX JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ POR UN PELOTAZO URBANÍSTICO DE 2 MILLONES
Artículo de Borja Jiménez publicado en OKDIARIO el pasado día 19
La UCO investiga al socialista Pineda por repartirse 2,2 millones de dinero público con su mujer y amigos. La UCO de la Guardia Civil ha detenido este martes en Sevilla al socialista Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por un pelotazo urbanístico ligado a una empresa de su familia, del que venía informando OKDIARIO Andalucía. La operación, bajo investigación judicial, también se ha saldado con el arresto de su mujer y de otras personas vinculadas a la transacción de un solar municipal.
La investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, cuya titular es la jueza Pilar Ordóñez. Pineda, que había ocupado distintos cargos en el Ayuntamiento de Sevilla durante gobiernos socialistas, dimitió en septiembre de su puesto en la Delegación del Gobierno cuando trascendieron las primeras noticias sobre estas diligencias.
El foco está en la adjudicación de un solar de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) realizada el 4 de septiembre de 2024 a la sociedad Higuerón Real Estate, propiedad de la mujer de Pineda, por 1,7 millones de euros. Cuatro meses después, el 22 de enero de 2025, ese mismo solar se vendió a Eryel Invest por 3,95 millones.
Según los indicios que se investigan, la operación habría reportado a la esposa del ex alto cargo un beneficio superior a 2 millones de euros. Para ello, se apunta a la participación de un funcionario de Emvisesa al que se habría abonado presuntamente una comisión de 78.650 euros. Emvisesa ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo, pero no de sueldo, a ese trabajador.
La venta del solar por parte de Emvisesa se produjo durante el actual mandato municipal con el alcalde del PP José Luis Sanz al frente. No obstante, la empresa beneficiaria había sido adjudicataria previa en régimen de alquiler durante 50 años del mismo solar, en una operación realizada en anteriores gobiernos socialistas, lo que, según la investigación, le habría situado en una posición de ventaja para hacerse con la propiedad a un precio favorable y venderla después por más del doble.
En ese terreno, por el que la arrendataria abonaba 108.000 euros al año, se instalaron dos restaurantes de comida rápida y una gasolinera. La primera adjudicación se produjo en tiempos del ex alcalde Juan Espadas. A mediados de septiembre, la UCO acudió a la sede de Emvisesa para recabar expedientes bajo sospecha, llevándose documentación y material informático.
Además, según ha publicado Diario de Sevilla, durante la investigación la Guardia Civil habría detectado otros hechos que apuntan a un supuesto trato de favor de Pineda desde su puesto en la Delegación del Gobierno a un empresario vinculado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que le habría pedido ayuda para la regulación de varias personas extranjeras.
Rafael Pineda es el segundo alto cargo del entorno del delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que deja su puesto tras verse salpicado por un caso de presunta corrupción. Antes fue relevado el ex coordinador técnico de Infraestructuras, Toño Fernández, vinculado presuntamente a una empresa de la trama beneficiada por Koldo García, asesor del ex ministro José Luis Ábalos.
PP Y PSOE ENSANCHAN SU BRECHA
Artículo de Silvia Angulo publicado en La Vanguardia el pasado día 18
Alberto Núñez Feijóo, que instó a sus barones a afrontar un intenso ciclo electoral que comenzó en diciembre con Extremadura y concluirá en junio en Andalucía, ha visto cómo sus expectativas en estos territorios se han visto rebajadas por un Vox disparado, con quien se ve obligado a pactar sí o sí. No tiene otro camino. La advertencia que ha recibido María Guardiola de Génova para que deje de templar gaitas y llegue a un acuerdo rápido en la Junta extremeña responde a esa lógica: evitar “fracturar” la mayoría del cambio y hacer viable el entendimiento entre el Partido Popular y la extrema derecha para tejer alianzas.
Una entente que ayer se hizo visible en el debate en el Congreso sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, donde votaron a favor de la iniciativa legislativa impulsada por Vox. No es ni la primera ni será la última vez que los dos partidos caminen de la mano, pero, a medida que la relación se estabilice en las comunidades —ya sea mediante la entrada en el Gobierno o a través de pactos puntuales—, la sintonía entre ambas formaciones podría consolidarse con la vista puesta en un futuro pacto tras las próximas elecciones generales.
Se dibuja un escenario político de dos bloques cada vez más polarizados
En paralelo, a esta estrategia, al otro lado del arco parlamentario, el PSOE y Sumar también trabajan para afianzar su alianza e impulsar su agenda progresista. Conscientes de que la fragmentación penaliza y de que el bloque conservador avanza hacia fórmulas de colaboración, ambas formaciones tratan de proyectar una imagen de cohesión del Gobierno de coalición para evitar transmitir una sensación de parálisis.
Pedro Sánchez acudió a la sede del Ministerio de Trabajo para arropar a Yolanda Díaz en la firma de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con los sindicatos. La ministra de Trabajo, que aún debe comunicar si opta a liderar el nuevo espacio de izquierdas que integran Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, le agradeció que se haya situado “siempre en el lado correcto de la historia”.
Con estas declaraciones, Díaz dejaba atrás la exigencia de remodelación del Gobierno que había planteado antes de Navidad, tras los casos de acoso sexual que acosaron al PSOE, y cerraba filas en defensa del presidente. Más allá del gesto simbólico, la escena refleja un ajuste para reforzar la cohesión interna del Ejecutivo y proyectar estabilidad ante la opinión pública, justo en un momento en que el bloque conservador consolida sus pactos y alianzas en el Congreso y en otras instituciones.
Se dibuja así un escenario político de dos grandes bloques cada vez más polarizados y escorados en su ideario, que se consolidan de cara a los próximos ciclos electorales, ya con la vista puesta en municipales y generales, dejando poco espacio para acuerdos y provocando un aumento de la tensión parlamentaria. Nos espera una confrontación sin cuartel.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/pp-y-psoe-ensanchan-su-brecha/ar-AA1WyXQa
MONCLOA ASUME QUE NO PODRÁ CONTENTAR A LA VEZ A SUS SOCIOS Y A JUNTS Y QUE NO TENDRÁ VOTOS PARA SUS MEDIDAS SOCIALES
Artículo de Luis Casal publicado en Vozpópuli el pasado día 17
El Gobierno ha descubierto que los gestos no garantizan los votos. El jueves pasado, el PSOE apoyó en el Congreso la proposición de ley de Junts para endurecer las penas por multirreincidencia junto al PP y el resto de la derecha parlamentaria, en una votación que incomodó a sus socios y que, aun así, no ha servido para asegurar el respaldo de los siete diputados de Carles Puigdemont al decreto del escudo social. En Moncloa admiten que el movimiento «ayuda», pero no cambia el fondo del problema: Junts no está comprometido y el margen para sacar adelante nuevas medidas sociales se ha reducido al mínimo.
El Ejecutivo tiene hasta el viernes que viene para intentar que el Congreso convalide ese decreto, que incluye medidas como la prórroga de la protección frente a desahucios. Es la segunda vez que lo intenta, después de haber separado esas iniciativas de la revalorización de las pensiones, que sí cuenta con mayoría.
Ese es el punto en el que se encuentra el Gobierno. Con 120 escaños tras recuperar el acta que dejó José Luis Ábalos, los socialistas pueden sacar adelante el decreto si Junts se abstiene. No necesitan su apoyo activo, sólo que no vote en contra. El problema es que esa abstención no está garantizada y, mientras tanto, cada gesto hacia los independentistas tiene un coste inmediato en el otro lado de la mayoría.
El voto socialista a la ley de multirreincidencia es el ejemplo más reciente. Podemos la rechazó con dureza y la acusó de alimentar discursos «racistas y xenófobos», mientras que dentro de Sumar se habló abiertamente de un «experimento de gran coalición» mezclando izquierdas y derechas. En el Gobierno quitan hierro a esas críticas, pero asumen que el equilibrio es cada vez más frágil. Cada movimiento para atraer a Junts abre un nuevo frente con sus socios de investidura.
El bloqueo se extiende además a otras iniciativas clave. El decreto de vivienda que Pedro Sánchez anunció hace un año sigue guardado en un cajón. La propuesta de bonificar al 100% en el IRPF a los propietarios que no subieran el alquiler provocó un rechazo frontal de Sumar, que la consideró un beneficio para los rentistas, y tampoco tiene el respaldo de Junts. En el ala socialista reconocen que hoy es «imposible» sacarlo adelante. No por falta de voluntad, sino por falta de votos.
La misma aritmética amenaza el resto de la agenda. La delegación de competencias en inmigración a Cataluña, una exigencia de Junts, depende también de un equilibrio complejo en el que Podemos es imprescindible. Y los Presupuestos de 2026, que el Gobierno quiere presentar antes de abril, nacen sin una mayoría clara. Junts ya ha dejado caer que votará en contra y los morados no han dado ninguna señal de respaldo.
En este contexto, el Ejecutivo ha empezado a ajustar sus expectativas. En lugar de impulsar nuevas medidas sociales, el objetivo inmediato es evitar derrotas parlamentarias que erosionen su autoridad. Eso implica seleccionar las iniciativas, fragmentarlas si es necesario y asumir que algunas no verán la luz. La prioridad ha pasado de ampliar la agenda a protegerla.
El problema es que esa estrategia tiene un recorrido limitado. Cada decreto que se salva lo hace a costa de una negociación distinta, de un equilibrio más precario, y cada cesión a Junts no acerca necesariamente su apoyo, pero sí agrava el desgaste interno de la mayoría que sostiene al Gobierno.
En Moncloa han asumido que esa tensión no tiene una solución estable. No existe una fórmula que permita satisfacer al mismo tiempo a Junts y a sus socios de izquierda. La legislatura avanza así en una lógica de supervivencia en la que cada votación se convierte en una negociación desde cero, entre socios que no se pueden ni ver, y cada medida social depende menos de la voluntad política que de una aritmética que ya no siempre suma.
LA FIEBRE SILENCIOSA DEL MERCADO LABORAL: 1,62 MILLONES DE EMPLEADOS NO HAN IDO A TRABAJAR CADA MES DE 2025
Artículo de José Ramón Riera publicado en El Debate el pasado día 16
El absentismo laboral acarrea 33.000 millones de euros de pérdidas, que suponen el 2 % del PIB. La Presidenta de CEPYME, la patronal de las pequeñas y mediana empresas, Ángela de Miguel, hacía unas declaraciones el pasado día 5 de febrero, para mi explosivas, que han pasado muy desapercibidas, pero que con los datos que voy a contar hoy se ponen de completa actualidad.
De Miguel decía que, el coste total del absentismo en 2025 alcanzará los 33.000 millones de euros, «repartidos casi a la mitad entre las empresas y la Administración. Todo esto sin tener ninguna capacidad en la gestión para poder acortar el gasto».
Añadía a continuación que «El principal reto es sobrevivir, porque en 2025 han desaparecido 25.000 microempresas» y además alertaba «de la grave situación de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en las más pequeñas, asfixiadas por los costes laborales, la burocracia y las constantes injerencias del Gobierno».
A esto podemos añadir las declaraciones del Círculo de Empresarios en diciembre del año pasado, en las que reclamaba un acuerdo nacional para frenar el absentismo, que se está convirtiendo en un verdadero cáncer para la economía española en general y para las empresas en particular.
Los datos hablan por si solos. A cierre de noviembre y a falta de un mes de información, los números producen escalofríos y colocan a muchas empresas, pequeñas y medianas, al borde del colapso.
Las cifras cuando las ves, lo primero que piensas es que hay algo que está mal, pero cuando miras y ves lo sucedido en 2024, es cuando te das cuenta de que no están mal, es que son implacables con la realidad.
La cifra ha llegado a 376,91 millones de jornadas perdidas, lo que supone un crecimiento del 3,2 % sobre el 2024, que llegó a cierre de noviembre a los 365,31 millones, es decir, cuando ya no podemos hablar de pandemia, ni de recuperación de la misma, ni de sus secuelas, tenemos que en 22 meses hemos perdido 742,22 millones de jornadas.
Esto significa que, de media en lo que va de año, hemos tenido de baja permanente a 1,62 millones de trabajadores cada mes del año, lo cual, además de colapsar la sanidad pública y las atenciones primarias de todas nuestras comunidades, ya que se provocan unos enormes retrasos y largas esperas para poder ser atendidos, debido a esos 1,62 millones de trabajadores en ILT.
Para que tengamos todos los números a disposición y con los datos que proporciona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones he actualizado la tabla que publiqué el pasado 28 de enero en este mismo diario, en donde explicaba que ya estábamos en un absentismo de 1,55 millones de trabajadores.
La única noticia ligeramente alentadora es que parece que la duración media se ha estabilizado en algo más de 43 días porque, por lo demás, el número de procesos iniciados ha subido un 4 % y ha llegado en 2025 hasta los 8,83 millones de procesos de Incapacidad Laboral Temporal.
Las jornadas perdidas han subido un 3,2 % y han llegado hasta los 376,91 millones de jornadas tiradas a la basura, con un mes de octubre que asusta porque nos hemos ido hasta 38,96 millones de jornadas desaparecidas en nuestra economía, que es la más alta en los 22 meses analizados en este artículo.
Todo ello nos lleva a que hemos tenido un absentismo laboral, que CEPYME estima en 33.000 millones de euros de pérdidas, pérdidas que supone el 2 % del PIB arrojado a los colectores de porquería de nuestras ciudades. ¿Podemos seguir así?
Está claro que las patronales empiezan a tener la sensación de que esto se ha ido de madre y estamos a punto de descarrilar. Parece que cada día tienen más claro que hay que buscar un nuevo modelo que reduzca drásticamente estos números. Enfermedades siempre va a haber porque eso es inevitable, somos humanos, pero que nuestro país pueda llegar a 40 millones de jornadas perdidas en un solo mes, puede ser el punto de no retorno de nuestra economía. Y, o rompemos esta tendencia, o la tendencia rompe a nuestro tejido empresarial.
