Diez días han transcurrido desde que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile remitiera al ministro de Defensa Nacional del gobierno de Sebastián Piñera, Baldo Prokurica, el oficio de la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) requiriendo a éste individualizar con urgencia, entre otras personas, “a periodistas, columnistas y editores de medios de comunicación indicados por el General (R) Oscar Izurieta Ferrer como involucrados en el pago realizado con recursos públicos con el fin de controlar sus contenidos”.
En el documento, firmado por el prosecretario de la Cámara Baja, Luis Rojas Gallardo, se hace presente que si la respuesta contuviere materias reservadas o secretas deberá señalarlo “en forma destacada” e indicar el fundamento legal de tal calificación.
La parlamentaria solicitante recuerda la investigación en curso llevada a cabo por la ministra Romy Rutherford sobre casos de fraude en el Ejército, en uno de los cuales se encuentra procesado el ex comandante en jefe de dicha institución militar, Oscar Izurieta Ferrer, quien, durante el interrogatorio, habría declarado conocer la existencia de pagos a periodistas, columnistas y editores de medios de comunicación mediante recursos públicos.
Jiles afirma que este hecho afecta múltiples bienes de todos los chilenos y habría vulnerado la garantía constitucional consagrada por el artículo 19 número 12 relativa a la libertad de información sin censura, garante de la fe pública y custodio del derecho fundamental a expresarse y a ser informado.
Tres ex comandantes en jefe del Ejército se encuentran actualmente procesados en torno al caso conocido como “Milicogate”. El jefe en ejercicio, general Ricardo Martínez Menanteau, fue citado a declarar por la ministra Rutherford como inculpado para este jueves 3, pero renunció horas antes y no se presentó a la citación.
El propio general Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército que encabezó la dictadura militar chilena de 1973-1990, fue investigado por enriquecimiento ilícito, además de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aunque murió (2006) sin ser juzgado.
J.F.S.
Fuente principal: camara.cl
