Ballesteros, que no oculta sus firmes convicciones católicas, ha comentado que él no habría presentado la moción porque cree que el debate sobre si la Iglesia debe pagar o no IBI "es ficticio y artificial"
El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha rechazado hoy dos mociones que pretendían revisar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que paga la Iglesia, ya que la presentada por el PSC ha empatado a votos y el alcalde, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha renunciado a su voto de calidad.
El pleno ha debatido y rechazado dos mociones sobre el IBI de la Iglesia católica, una presentada por el grupo municipal ecosocialista y otra por el propio PSC, y ambas han sido rechazadas, por lo que no se revisará este tributo a la iglesia.
La moción de Iniciativa pedía instar al Congreso de los Diputados a suprimir la exención del IBI a la Iglesia católica y otras confesiones religiosas excepto para las propiedades destinadas al culto y realizar un censo de las exenciones para revisarlas.
Tan solo ha votado a favor la portavoz del grupo municipal de ICV-EUiA, Arga Sentís, mientras que el grupo municipal socialista se ha abstenido y populares y convergentes han votado en contra.
La moción del PSC instaba a revisar las exenciones fiscales en vigor, sin citar explícitamente a la Iglesia católica, y tampoco se ha aprobado por la ausencia de un concejal del PPC, otro de CiU y otro del PSC (CiU y PPC suman mayoría) que ha provocado un empate a doce votos entre el «sí» de PSC-ICV y el «no» de CiU-PPC que el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), no ha querido dirimir con su voto de calidad.
Ballesteros, que no oculta sus firmes convicciones católicas, ha comentado que él no habría presentado la moción porque cree que el debate sobre si la Iglesia debe pagar o no IBI «es ficticio y artificial».
El portavoz del PPC, Alejandro Fernández, le ha reprochado que «siga las directrices de su partido», y la portavoz de CiU, Victoria Forns, ha tildado de «oportunistas» las mociones.
Ballesteros ya cuestionó a la ejecutiva de su partido, junto con el alcalde de Lleida, Àngel Ros, la obligatoriedad de presentar mociones en los ayuntamientos pidiendo la revisión del IBI, por lo que al final no fue obligatorio, sino voluntario.
(Rd/Efe)
