CAjasur ha tenido el mantenimiento del empleo como prioritario y no ha ahorrado esfuerzos en el proceso de negociación entablado en este proceso de fusión
El presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, ha afirmado hoy que la dotación económica que tendrá la fundación que gestionará el Cabildo Catedralicio de Córdoba (entidad fundadora de la caja), como resultado de la fusión de la entidad cordobesa con Unicaja, no tiene relación alguna con los costes laborales que conllevará dicha fusión.
Así lo afirma, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha distribuido, para su conocimiento, entre los empleados de la caja y que dirige a los sindicatos (CCOO, UGT, Csica y Secar) que ayer le pidieron por escrito, al igual que al presidente de Unicaja, Braulio Medel, que se modifique el protocolo de fusión que ambas entidades financieras suscribieron el pasado agosto y se dejen en suspenso las medidas relativas a «privilegios» en CajaSur, como la creación de dicha fundación con una dotación anual de ocho millones de euros, para así rebajar el coste laboral que implica la fusión.
Ante esto, Gómez Sierra dijo «lamentar» que, «por desconocimiento o por otras razones que no alcanzo a entender», los sindicatos crean «que una renuncia sobre la dotación o inmuebles que pudiera corresponder a la fundación bajo patronato del Cabildo Catedralicio pudiera ayudar a desbloquear el acuerdo laboral», de hecho, dicha fundación no tendrá carácter privado, sino que se creará «dentro de la caja resultante y que, por lo tanto, gestionará obra social de la futura entidad».
En este sentido, recordó que «las dotaciones destinadas a obra social de las cajas provienen de los beneficios de las mismas, es decir, no interfieren para nada en los costes laborales o de otra índole a que pudiera o debiera hacer frente la caja. Por tanto, lanzar el mensaje de que reduciendo obra social es posible mantener puestos de trabajo es, cuando menos, desinformado o malicioso pues el ahorro en la dotación a dicha fundación no repercutiría en absoluto en el mantenimiento del empleo».
A ello añadió que siente el hecho de que, «desde posiciones sindicales se ponga en tela de juicio los gastos en obra social que, al menos en esta entidad, se ha caracterizado en los últimos tiempos, al contrario que otras cajas, por su importante proporción sobre beneficios, por su orientación a lo social y por su diversidad de destinatarios, incluyéndose entre ellos tanto a instituciones de Iglesia como a administraciones públicas autonómicas o locales, de cualquier signo político, y a organizaciones sociales de todas las sensibilidades», destacando «la importancia que para el empleo en tantas iniciativas sociales tiene la inversión en obra social de nuestra caja«.
En cuanto a lo que los sindicatos denominaron en su carta a Medel y Gómez Sierra «escisión de activos», éste último recordó que son «bienes que pertenecen a la caja resultante y su Obra Social y que, en el caso concreto del más valioso, el edificio de Ronda de los Tejares, se estipuló que se aportara a dicha fundación bajo un instrumento que permitiese su cómputo como recursos propios de la nueva entidad y cuyo uso será cedido a la misma en los primeros años, cuando, presumiblemente, la crisis económica puede ser más grave».
En consecuencia, el presidente de CajaSur responde a los sindicatos que cree, «honestamente», que las medidas que le plantean «no tienen como objeto el desbloqueo de la negociación laboral», cuestión ésta que, según subrayó, «es la mayor preocupación de la entidad fundadora (Cabildo Catedralicio) desde que empezó este proceso hace casi un año, pues en nada afectan a las mismas y su renuncia solo afectaría a la Obra Social que las cajas deben desarrollar en su territorio y, muy especialmente, al trabajo que desde nuestra entidad se ha desarrollado con las distintas administraciones y organizaciones sociales comprometidas con Córdoba y su provincia».
En cualquier caso, Gómez Sierra dijo «compartir» con los sindicatos una «profunda preocupación por lo que acontece en el proceso de negociación laboral y las consecuencias que el mismo puede tener para los trabajadores«, recordando que «la entidad fundadora de CajaSur ha tenido, en todo momento, el mantenimiento del empleo como prioritario y no ha ahorrado esfuerzos en el proceso de negociación entablado en este proceso de fusión por garantizar el menor coste laboral posible».
De hecho, según recordó, el consejo de administración de CajaSur «mostró su extrema preocupación ante los datos del Plan Boston Consulting, por las repercusiones que tenía para el empleo y que, de hecho, a propuesta de este presidente, dicho Plan llegó a rechazarse en el consejo de administración del 25 de noviembre. No obstante, finalmente, dicho plan fue aprobado tras consultas realizadas a los representantes de los trabajadores en el Comité Intercentros», con asistencia de «todos los representantes sindicales. He de recordar que, en aquel entonces, todas las fuerzas sindicales, incluidas CCOO y UGT, consideraron que había suficiente margen para negociar un acuerdo laboral de fusión que no conllevase medidas traumáticas».
Concluye la carta Gómez Sierra afirmando que no teme «asumir» la responsabilidad que le pueda corresponder, «hasta sus últimas consecuencias. Todos, unos y otros, habremos de responder de nuestros actos», a lo que añadió que él está «completamente tranquilo» pues su proceder «sólo ha sido conducido por la responsabilidad de preservar el empleo, la significación de Córdoba en la vida de la futura caja y el mantenimiento de una obra social que sea continuadora del enorme bien que CajaSur ha hecho con la misma en su historia».
En conclusión y después de señalar que se ha visto obligado, a raíz de la carta remitida por los sindicatos, a difundir ahora algunas «informaciones y opiniones» que no ha expresado con anterioridad, «por responsabilidad y lealtad con el proceso de fusión», Gómez Sierra destacó que «ahora es el momento de trabajar para culminar el proceso comenzado, asumiendo, cada cuál, las responsabilidades que le competen y respetando las interlocuciones sindicales e institucionales establecidas de cara a un bien común».
(Rd/Ep)
