Considera "una aberración jurídica" que, en el caso concreto del profesor de Religión, se haya dado por concluida su relación laboral sin esperar al final de la instrucción judicial
El abogado de los tres curas y el profesor de Religión que fueron detenidos en el marco de la investigación por supuestos abusos sexuales a menores en Granada ha lamentado que la prórroga en el secreto de sumario acordada esta semana por el Juzgado de Instrucción 4 dificulte sus labores de defensa.
Asimismo ha considerado «una aberración jurídica» que, en el caso concreto del profesor de Religión, se haya dado por concluida su relación laboral sin esperar al final de la instrucción judicial.
Javier Muriel, que representa a los cuatro arrestados en este proceso, quienes quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el Juzgado de Instrucción 4, ha dicho que no comparte la decisión impulsada en este sentido por la administración educativa.
El profesor, que impartía clases de Religión en un instituto de Educación Secundaria de la localidad granadina de Dúrcal, ya ha sido sustituido por otra compañera, que a principios de esta semana se incorporó a las aulas, según han indicado fuentes de la Delegación en Granada de la Consejería de Educación de la Junta.
Dicha sustitución se produce después de que el propio Arzobispado de Granada confirmara que, una vez conocida la detención del profesor de Religión, le retiró la idoneidad («missio canonica») para ejercer como docente, atendiendo a la normativa establecida en la legislación eclesiástica.
El pasado 25 de noviembre, justo un día después del arresto del docente, la delegada de Educación en Granada, Ana Gámez, ya urgió al Arzobispado a que lo apartara de las aulas y aseguró que su detención había «consternado y conmocionado» al instituto donde impartía Religión.
Muriel también ha señalado que la prórroga del secreto de sumario acordada esta misma semana por el juez instructor, Antonio Moreno, dificulta su tarea de defensa y que sólo la ve lógica si, con esa medida, pretende tener tiempo para que se analice el material incautado a sus clientes en el registro de la vivienda de Pinos Genil (Granada).
Una vez que el instructor levantó la incomunicación que pesaba sobre los detenidos, este letrado puede representarles de forma directa, si bien el juez únicamente le da traslado de las actuaciones que afectan a la situación personal de los cuatro imputados, dado que se mantiene el secreto de sumario.
Muriel ha detallado igualmente que sus representados se encuentran «tranquilos» y que siguen trabajando en la preparación de su defensa para demostrar su inocencia en este caso.
Los cuatro arrestados quedaron el pasado miércoles 26 de noviembre en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez, que solo a uno de ellos, el padre Román, supuesto cabecilla del grupo, impuso prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros que el cura abonó de inmediato, lo que permitió su puesta en libertad.
El juez instructor apreció como «particularmente degradante y vejatorio» el carácter de las conductas del padre Román hacia el primer denunciante de los hechos.
La investigación judicial arrancó a mediados de octubre, cuando el joven interpuso una denuncia en la Fiscalía después de haberla dirigido al Arzobispado de Granada y posteriormente por carta al papa Francisco, que llegó a pedirle perdón en nombre de la Iglesia a través de una llamada telefónica.
