En la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo definió la denuncia del joven como "verosímil" y agregó que, de confirmarse los hechos, esto "explicaría ciertas actitudes del grupo
(J. Bastante/Ep).- La Audiencia Provincial de Granada «no tiene nada que objetar» a que el Arzobispado reactive el proceso canónico contra el clan de los Romanones, una vez que ha concluido -a expensas del recurso ante el Supremo- el juicio civil, en el que el sacerdote acusado salió absuelto.
Así ha respondido la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ante el requerimiento de la diócesis, que tiene la intención de reactivar el procedimiento canónico paralizado en noviembre de 2014 y que, hasta la fecha, mantiene suspendidos «a divinis» tanto al padre Román como a otros dos sacerdotes, y en el que están implicados una docena de personas.
Aunque el denunciante ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, el letrado del Arzobispado entendía que «carece de justificación la suspensión de actividades internas, conforme a la propia normativa de la Iglesia Católica» y solicitaba a la Audiencia que le confirmara este extremo.
La Sala le ha respondido, tal y como avanza este viernes el diario ‘Ideal’, que no tiene nada que objetar por cuanto la orden de suspensión de la investigación interna de la Iglesia «se realizó por no perjudicar el secreto acordado y a la investigación judicial en curso».
Entiende así el tribunal que la orden de suspensión del proceso canónico cesó cuando se levantó el secreto de sumario, hace casi dos años, por lo que desde entonces hay vía libre para continuar con el proceso interno en torno al padre Román.
Cuando el arzobispo de Granada, Javier Martínez, declaró como testigo en el juicio del llamado ‘caso Romanones’ afirmó que «jamás» se le había trasladado «la más mínima sospecha de una conducta sexual inapropiada» del padre Román.
El arzobispo incidió en que él no era competente para investigar los hechos, pues debe hacerlo la citada congregación, por lo que se limitó a tomar declaración a estos sacerdotes bajo secreto pontificio y sin revelarles la identidad de los denunciantes, en el marco de las indagaciones que realizó sobre este asunto.
En la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe definió la denuncia del joven como «verosímil» y agregó que, de confirmarse los hechos, esto «explicaría ciertas actitudes del grupo», del que había recibido quejas por su carácter «hermético».
