Calvo ha asegurado que también encontró una respuesta constructiva y de trabajo común de Parolin para revisar la cuestión de las propiedades inmatriculadas en los últimos años por la Iglesia católica
(J. B./Agencias).- Gobierno e Iglesia colaborarán en grupos de trabajo para estudiar una nueva fiscalidad que afecte a esta institución, de manera que tribute por aquellos espacios y actividades que no estén destinados al culto religioso.
Así se ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros, quien ha mostrado su satisfacción por la respuesta «constructiva» recibida del Vaticano sobre el cambio de régimen fiscal de la Iglesia Católica en España y las inmatriculaciones de bienes inmuebles.
El plan ahora pasa por crear un grupo de trabajo para tratar temas fiscales, como el pago del IBI por los bienes inmuebles de la Iglesia, del que ahora mismo está exenta. Calvo ha insistido en que se han encontrado «una respuesta absolutamente constructiva que vamos a materializar en grupos de trabajo comunes».
«Le trasladé una preocupación del Gobierno de España para encontrar una salida que permita a la Iglesia tributar en las condiciones en las que la Iglesia católica tributa en otros países. Le trasladé que nos parecía que la formula italiana nos parecía interesante», ha señalado Calvo.
El Ejecutivo, ha proseguido Calvo, no puede tener «una pieza disonante e incoherente» en el marco de su revisión de la política fiscal, que tiene que ver con de los impuestos de una institución tan importante que «dispone de tantos inmuebles y recursos» en España.
Así, ha explicado que el criterio actual podría mantenerse en los espacios dedicados al culto, pero no en otros espacios o actividades donde la Iglesia Católica debe ayudar al Estado del Bienestar, a la igualdad, a los servicios públicos y a los derechos».
Por otra parte, y en el marco de sus palabras sobre la reunión con Parolin, Calvo dijo que llevó al encuentro «la necesidad de poner mirada de estudio, de reflexión, de acuerdo sobre la inmatriculación de bienes en los últimos años en nuestro país a partir de la vía que abrió el Gobierno de Aznar». Norma, la del Gobierno del PP, sobre la que dijo que «su constitucionalidad es discutible».
Lo que busca el Gobierno es «hacer una revisión» de las inmatriculaciones y, en casos singulares, «encontrar salidas positivas para que, respetando el culto y los monumentos, se dé respuesta a las aspiraciones de los ciudadanos y del patrimonio público de este país».
