La APSA no tiene "ninguna autoridad, ni prerrogativa, como para pedir a las instituciones de la Santa Sede y el Vaticano a que se sometan a actividades auditorias"
(Cameron Doody).- El cardenal George Pell ha bloqueado una auditoría externa de las cuentas del Vaticano. Eso es lo que desprende de una carta que el Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede ha enviado a todos los dicasterios del Vaticano. Una misiva en la que veta la petición del secretario de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) de que estas congregaciones suministren información sobre su actividad financiera.
Según han dado a conocer distintos medios internacionales, los días 3 y 5 de mayo el secretario de la APSA, monseñor Mauro Rivella, mandó dos misivas a los distintos dicasterios e instituciones del Vaticano. Les pidió que hicieran llegar «información sobre sus bancos y consultores legales y fiscales» -incluyendo el Instituto para las Obras de Religión, el «banco vaticano»- «para que los datos pudieran ser transmitidos directamente al auditor externo, Price Waterhouse Coopers (PwC)».
Pese a que la Secretaría de Estado suspendiera el contrato con PwC el año pasado, Rivella estipuló que la Secretaría de Economía había autorizado a la APSA el 20 de febrero a realizar el «proceso de revisión» que proponía en la carta, y en esta misma ocasión había aprobado también que PwC continuara con su auditoría externa.
Esta información de Rivella, no obstante, fue firmamente desmentida por Pell y el Auditor General de la Santa Sede, Libero Milone, mediante otra carta firmada por ambos y fechada el día 8.
La APSA, escriben en esta misiva, no tiene «ninguna autoridad, ni prerrogativa, como para pedir a las instituciones de la Santa Sede y el Vaticano a que se sometan a actividades auditorias, ni que manden información relativa a su autoridad a la compañía externa, PwC, ni a ningún otro particular».
Pell y Milone explican que es por estas razones que se ven obligados a intervenir para poner fin a la iniciativa de la APSA. Esto es, «con profundo pesar» pero «de acuerdo con [sus] deberes institucionales y teniendo la obligación de proteger a la Santa Sede y al Santo Padre» -y «a la luz del contenido y reclamos incorrectos presentados»- exigen a las instituciones del Vaticano «a que no colaboren con lo pedido por la APSA».
«No hay ningún auditoría en curso» por PwC, aclaran por último Pell y Milone. «Algo que se clarificó», explican, mediante el comunicado sacado por la Sala Stampa en junio de 2016 en el que se explica que la tarea de auditoría de las finanzas del Vaticano «corre a cargo de la Oficina del Auditor General».
¿A qué viene entonces este enfrentamiento entre la APSA, la Secretaría de Economía y la Oficina del Auditor General? Quizás lo más revelador de la carta de Pell y Milone es su aserción que la APSA queda sujeta «al control y supervisión del Consejo para la Economía y la Secretaría para la Economía, y sujeta a la revisión de la Oficina del Auditor General». Algo que no ha quedado del todo claro desde que el Papa Francisco devolvió el control de los bienes materiales de la Santa Sede de la Secretaría a la APSA el pasado junio mediante un motu proprio. Un gesto que fue interpretado como una muestra de una pérdida de confianza del pontífice en el purpurado australiano.
También llama la atención que el cardenal Pell se oponga ahora a una auditoría externa de las finanzas de la Santa Sede cuando en el pasado ha alardeado tanto de haber puesto al Vaticano en consonancia con las mejores prácticas internacionales de gestión financiera y transparencia.
Es más, días después de la cancelación del contrato con PwC por parte de la Secretaría de Estado en abril del año pasado, el purpurado afirmó la consultaría «muy pronto» retomaría su trabajo, tras realizarse algunas «discusiones y aclaraciones» en cuanto a sus competencias. Una promesa de la que, al parecer, ahora se reniega.
