Las regiones gobernadas por el PP están que trinan y se lo ha hecho sentir este 7 de febrero de 2020 al Gobierno Sánchez.
El ministerio de Hacienda socialista ha tardado más de un año y medio en convocar a todas las Comunidades Autónomas en el esperado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Esta popular cita, que tiene lugar en Madrid, según el reglamento, «como mínimo, dos veces al año», ha arrancado este viernes, a las 16:30 horas, más cargada de polémica que nunca.
Si hace unos años la financiación catalana y el sistema de reparto autonómico acaparaban la mayor parte del interés mediático del CPFF, ahora, el foco del conflicto está en los 2.500 millones de euros que Hacienda les debe a las regiones por la liquidación del IVA de 2017. De esta cifra, unos 1.500 millones se los adeuda a las regiones del PP, y lo que queda, al resto, lo que también ha desatado inevitablemente la ira de los propios barones socialistas.
Uno de los más críticos con sus compañeros de partido ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha llegado a anunciar que está dispuesto a llevar a los tribunales al Gobierno si no le pagan los 130 millones que le debe.
Otro que tampoco ha descartado acudir a los tribunales ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, al que Hacienda le debe 280 euros.
Pero más ferviente está siendo la guerra que han emprendido las regiones del PP con Hacienda para reclamar el dinero que les pertenece. En tromba, los diferentes responsables autonómicos populares han cargado contra Montero en las últimas semanas, acusando al Gobierno socialista de «mentiroso», «moroso», de «reírse» de sus ciudadanos» y hasta de «robarles». Andalucía tiene pendiente de cobrar 537 millones y Madrid, 337 millones.
El Ministerio de Hacienda no tendrá en cuenta la parte imputable al IVA que las comunidades autónomas dejaron de percibir por el cambio normativo de 2017 cuando analice si las regiones cumplieron con el objetivo de déficit de 2019
Así lo anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas durante su intervención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) reunido este viernes, según fuentes presentes en la reunión.
De esta forma, si una comunidad cumple con el objetivo de déficit tras descontar el efecto del IVA, no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). En concreto, si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, Hacienda entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
Asimismo, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por lo que podrán compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
En cuanto al objetivo de déficit de 2020, Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas flexibilizarlo en dos décimas, pasando del objetivo de equilibrio presupuestario actual a un déficit del 0,2%.
La ministra ha recordado que el problema fue generado por el PP
Según las fuentes presentes en la reunión, la ministra de Hacienda recordó durante su intervención que el problema de la liquidación del IVA de 2017 fue generado por el Gobierno del PP y criticó que PP y Ciudadanos impidieron solucionarlo al rechazar la propuesta incluida en los Presupuestos de 2019.
En cualquier caso, Montero indicó que este problema con la liquidación del IVA no sólo no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas, sino que éstas han gastado ese dinero, por lo que el efecto del IVA de 2017 se habría traducido en un mayor déficit público en 2019, año en el que correspondía su liquidación, y en un probable incremento del periodo medio de pago a proveedores.
En la misma línea, la ministra recordó que ya no es posible revisar la liquidación del año 2017, por lo que ha propuesto medidas para mitigar el problema, como la ya mencionada de no tener en cuenta la parte correspondiente al IVA en el déficit de 2019. Otra de estas medidas será poner a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%.
Por último, Montero trasladó a los consejeros que los datos correspondientes al déficit de 2019, que aún son provisionales, recogen que las comunidades autónomas en su conjunto cerraron el pasado ejercicio con un déficit en torno al 0,5% del PIB, y que, descontando el efecto del IVA de 2017, el cierre se situaría alrededor del 0,3%. De esta manera, el objetivo del 0,2% propuesto para 2020 implicaría un esfuerzo de reducción del déficit de una décima.
