Las restricciones a la movilidad de las personas y las limitaciones a la actividad productiva para paliar los efectos del covid19 provocaron un shock de demanda negativo y otro también negativo de oferta. Como consecuencia, las economías de la mayoría de los países sufrieron una profunda recesión en el año 2020, un 6,8% en la UEM, siendo especialmente intenso el hundimiento del PIB en España, un -10,8%, el mayor de la OCDE.
España es el país de la OCDE que más está sufriendo las consecuencias de la crisis del covid19. El hundimiento de los sectores del automóvil y del turismo explican una parte de la
situación, que se ha visto agravada por las políticas económicas inadecuadas de nuestro Gobierno, tales como la subida de impuestos o la introducción de mayor rigidez en los mercados.
Nuestro potencial de crecimiento se ha reducido además por la incertidumbre e inseguridad jurídica que sufrimos en España, con efectos muy negativos sobre el consumo privado y la inversión. Por otra parte, se han encarecido las importaciones, que se han incrementado, coincidiendo con una pérdida de competitividad que impide que las exportaciones sean, como han sido tradicionalmente, el motor de la recuperación.
A pesar de la mayor caída del PIB en 2020, estas limitaciones al crecimiento provocaron que nuestra economía tan solo creciese un 5% en 2021, frente a una media de la
UEM del 5,4%. Además, antes de la guerra de Ucrania no se preveía un incremento del PIB en 2022 superior al 5%, convirtiéndonos en el último país de la OCDE. No parece que podamos recuperar el crecimiento de 2019 antes de 2023.
Asimismo, antes del comienzo de la guerra de Ucrania éramos uno de los países más débiles y desequilibrados de la Unión Europea.
Tenemos la mayor tasa de paro del Continente, un 13,3%, frente al 7% de media de La UEM; un déficit público, dos puntos superior a la media y una deuda pública, que a finales de 2021, se situó en el 121,5% del PIB, frente al 97,7% del PIB de media de la Zona Euro.
Ahora bien, sin lugar a duda es la inflación, con un IPC interanual que en febrero se situó en el 7,4%, nuestro principal lastre para el crecimiento presente y futuro. La falta de suministros para las cadenas productivas y el aumento de los costes medioambientales son las causas fundamentales de esta situación, que además tendía a aumentar, puesto que el Índice de Precios Industriales en enero, se situó en el histórico récord del 35,7%, lo que anticipa un mayor aumento del IPC y una pérdida de competitividad frente a la UEM, nuestra principal zona de comercio, que tiene una inflación elevada del 7,6%, pero inferior a la española.
Las fuertes subidas de los precios de los alimentos y sobre todo de la energía han deteriorado intensamente el poder adquisitivo de los españoles.
La guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia agravaran aún más nuestro desfavorable panorama macroeconómico. España es el segundo país productor de automóviles de Europa y se ve seriamente perjudicado por la falta de chips para nuestras cadenas de producción; el conflicto con Rusia puede limitar también la producción de catalizadores, que se necesitan para su fabricación, paladio y platino, producidos principalmente en Rusia.
Es obvio que la incertidumbre creada penalizará el turismo, la inversión, y el consumo. En cuanto a las fuertes subidas del coste de la energía, incrementarán las importaciones; por cada 10$ que sube el precio del barril de petróleo el impacto negativo sobre nuestro crecimiento es de un cuarto de punto. Por ello no es previsible que nuestra economía crezca más de un 4% este año 2022, es decir, la guerra puede restar un punto al crecimiento.
Sin duda, a corto plazo, la víctima económica de la guerra de Ucrania será la inflación, puesto que el precio de los alimentos, y sobre todo de la energía, se ha elevado más de un 40% desde el comienzo de la contienda. No es aventurado predecir que el IPC en España se sitúe en los dos dígitos en los próximos meses.
Con todo ello la economía española se acerca peligrosamente al precipicio de la Estanflación, lo que implicaría un fuerte aumento del paro, del déficit público, de la deuda y un considerable deterioro del bienestar de los españoles.
Para paliar los efectos de la situación, el Foro Libertad y Alternativa (L&A) propone un cambio sustancial de la política económica del Gobierno hacia un pacto de rentas que evite fuertes subidas de salarios, una decidida reducción del gasto público ineficiente y una bajada de los impuestos. También es imprescindible una reforma profunda del sector energético, que pase por el alargamiento de la vida útil de nuestras centrales nucleares.
Además, para optimizar todos los recursos disponibles hay que impulsar la colaboración público-privada, sobre todo en educación y sanidad, así como frenar el incremento de la presencia del sector público en las empresas. La liberalización de los mercados, la reducción de la burocracia, la reforma laboral estructural y sobre todo la sostenibilidad de las pensiones son otras medidas urgentes.
Un giro en este sentido de la política económica es imprescindible para recuperar la senda de crecimiento, reducir nuestros desequilibrios y preservar la calidad de vida de los ciudadanos.
