Este martes 2 de diciembre, el Consejo de Ministros tomó una decisión que ha provocado un verdadero revuelo tanto político como administrativo: la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección para funcionarios con habilitación nacional.
Estos son los secretarios, interventores y tesoreros que desempeñan roles cruciales en más de 8.000 ayuntamientos a lo largo del país, asegurando la legalidad, transparencia y control económico-financiero en las entidades locales. Esta medida se inscribe dentro de un conjunto de concesiones del Gobierno a Junts, con el fin de recuperar su apoyo parlamentario y evitar un parón legislativo en lo que queda de legislatura.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) no ha tardado en manifestar su «profunda preocupación» ante lo que consideran una amenaza directa a la estabilidad institucional.
En un comunicado dirigido al Gobierno este mismo día, condenan esta acción como una «concesión injustificada del Estado» que fragmenta un grupo de funcionarios que históricamente ha mantenido criterios homogéneos en cuanto a selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.
Los datos que maneja COSITAL son contundentes: entre 2007 y 2013, cuando estas competencias ya estaban bajo el control de las comunidades autónomas, la cobertura fue escasa. Se convocaron apenas 956 plazas frente a las 4.197 que gestionó el Estado entre 2014 y 2022. Esta experiencia histórica, argumentan desde la organización profesional, demuestra que la descentralización no cumplió las expectativas; por el contrario, empeoró significativamente la dotación de funcionarios.
El Ministro de Función Pública, Óscar López, defendió esta decisión como el «cumplimiento» de un compromiso con Junts y una «devolución» de competencias que Cataluña ya disfrutó durante el mandato del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Según López, acercar la administración al territorio podría facilitar cubrir las vacantes acumuladas: se estima que aproximadamente 4 de cada 10 plazas están sin ocupar, siendo Cataluña la comunidad con mayor número de puestos vacíos.
El análisis gubernamental sostiene que muchos opositores desisten por desconocer el destino final, ya sea Vigo, Barcelona, Cádiz o cualquier otro lugar del país. Sin embargo, esta justificación entra en conflicto directo con los datos históricos presentados por COSITAL y las reflexiones de numerosos analistas: si el problema es la incertidumbre geográfica, fragmentar la selección no parece ser la solución adecuada; más bien sería necesario mejorar la gestión centralizada.
La fragmentación como amenaza institucional
COSITAL advierte que regionalizar la selección y provisión de plazas podría socavar la independencia de estos funcionarios, comprometiendo así una fiscalización económico-financiera adecuada en los municipios y dificultando tanto la estabilidad presupuestaria como la gestión eficiente de fondos públicos, incluidos los europeos Next Generation UE. Los habilitados nacionales no son funcionarios menores; en muchos municipios pequeños solo existen el alcalde y el secretario, siendo este último quien asesora al alcalde sobre los límites legales en sus actuaciones. Proporcionan asesoramiento legal, dan fe pública sobre acuerdos, controlan las actuaciones financieras y custodian fondos públicos. Durante el procés catalán en 2017, el Secretario de Estado para Administración Territorial se apoyó precisamente en ellos porque son «funcionarios del Estado en el ámbito local», característica que ahora corre peligro debido a esta medida.
La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL) ha sido aún más clara en su crítica al señalar que esta decisión implica «un severo menoscabo del régimen jurídico del Cuerpo y una vulneración directa del marco constitucional». Recuerdan que el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 25/1983, ya determinó que solo el Estado tiene competencia para seleccionar y adscribir estos cuerpos nacionales porque forman parte esencial del régimen jurídico administrativo público. Esto podría abrir vías para recursos ante dicha Corte que podrían anular esta medida. Ya existen antecedentes: en 2024 (Sentencia 67/2024), el Tribunal Constitucional anuló un intento previo similar para transferir estas competencias al País Vasco debido a una regulación inadecuada dentro de una norma presupuestaria.
El patrón de intentos fallidos
No es la primera vez que se intenta transferir estas competencias por parte del Gobierno. Desde 2022 se han realizado al menos tres intentos infructuosos. El primero tuvo lugar en los Presupuestos Generales para ese año; luego vino otro intento mediante el Real Decreto Ley 6/2023 relativo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; finalmente se presentó otro intento en la Ley 1/2025 sobre medidas encaminadas a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Todos estos intentos han sido objeto también de recursos ante instancias judiciales. La insistencia del Gobierno utilizando diferentes mecanismos legislativos genera serias dudas sobre el «encaje constitucional» como han señalado desde COSITAL. Su secretario general, Ildefonso Cobo, enfatizó: «Todo esto deja claro que quienes promueven esta medida son conscientes del dudoso encaje constitucional».
Incluir esta cesión competencial dentro un decreto-ley sobre retribuciones para empleados públicos añade más polémica al asunto. Se trata de un tema sin «conexión material» con las regulaciones salariales, lo cual infringe los requisitos formales establecidos para este tipo legislación urgente. Los funcionarios advierten que esta maniobra legislativa representa «un uso instrumental» del procedimiento urgente que «debilita la seguridad jurídica» y da a entender «a los ciudadanos que existe un Estado dispuesto a fragmentar cuerpos nacionales esenciales para controlar legalidad local por intereses políticos particulares».
Más allá de los habilitados nacionales
La transferencia sobre habilitados nacionales es solo una parte del paquete más amplio aprobado para recuperar apoyo por parte de Junts. Este decreto también incluye flexibilizar las inversiones realizadas por entes locales y ayuntamientos permitiendo utilizar superávit acumulado durante 2024 para inversiones financieramente sostenibles como abastecimiento hídrico o mejora del alumbrado público; además se extiende hasta 2027 el plazo para adaptarse a los requisitos del sistema Verifactu, dando así un año adicional a pymes y autónomos para ajustarse a las nuevas normativas sobre facturación electrónica.
El presidente Pedro Sánchez reconoció abiertamente en una entrevista: «Asumo los incumplimientos y retrasos señalados por Junts», justificando así estas medidas como un intento por revitalizar relaciones con el partido liderado por Carles Puigdemont. Sin embargo, esta sucesión constante de concesiones genera fricciones con otros actores políticos y administrativos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ve esta medida como un privilegio al independentismo; mientras tanto colectivos laborales protestan contra lo que consideran un traslado competencial «injustificado».
COSITAL ha anunciado su intención mantener diálogo con administraciones competentes y todos los grupos parlamentarios para presentar su postura técnica; sin embargo se reservan «el derecho a movilizarse cuantas veces consideren oportuno para defender intereses generales». La organización ha conseguido reunir miles firmas apoyando su manifiesto e incluso ha contactado con partidos políticos como PP, ERC o Sumar para explicarles sus preocupaciones. Su presidenta, Pilar Ortega Jiménez, ha sido clara al expresar su diagnóstico: «La solución no puede ser dividir competencias sino gestionarlas mejor». Un mensaje contundente reflejando cómo este colectivo profesional percibe erosionadas sus garantías independientes debido a razones políticas parlamentarias.
