La Junta de Gobierno de la Federación instó hoy «a las autoridades y organismos competentes» para que modifiquen la normativa a fin de elevar a cuatro años las sanciones por dopaje y pondrá en marcha el pasaporte biológico, ya implantado en el ciclismo.
La medida responde a las investigaciones en curso sobre la Operación Galgo, trama de dopaje en la que figuran como imputados atletas como Marta Domínguez y Alberto García, y entrenadores como Manuel Pascua y César Pérez, así como el médico Eufemiano Fuentes.
La Junta de Gobierno propugna «endurecer las sanciones por la utilización o fomento de las técnicas ilícitas de apoyo biológico a los deportistas, proponiendo que pasen a ser de cuatro años las sanciones que ahora son de dos».
«Oídas las propuestas de los distintos estamentos y en especial de los representantes de los atletas», la Junta de Gobierno ratifica y apoya por unanimidad «las actuaciones llevadas a cabo por la RFEA (Federación Española) ante los hechos acaecidos en torno a la denominada Operación Galgo en cuanto al cese o suspensión de relaciones con aquellas personas que judicialmente han sido objeto de imputaciones penales».
También manifiesta su apoyo «respecto a la apertura por el Comité de Disciplina Deportiva de la RFEA de los procedimientos reglamentarios previstos y que en su momento podrán determinar la imposición de las sanciones pertinentes»
El presidente de la Federación Española, José María Odriozola, negó ante la asamblea que el atletismo español «esté podrido» y aportó estadísticas sobre controles de dopaje que arrojan porcentajes de positivos de entre un 0,12 y un 0,7 anuales.
«Como se ha hablado de que todo el atletismo español está podrido», dijo, «ahí están las estadísticas de positivos, que revelan que desde hace años sólo suponen entre el 0,12 y el 0,7 por ciento. En 2006, por ejemplo, no hubo ni uno solo, y el año que más fue en 2004, con ocho, muchos de ellos en carreras populares».
En su informe ante la asamblea, reunida en la sede del Comité Olímpico Español (COE), Odriozola recordó que, a propuesta suya, cuando era vicepresidente con Juan Manuel de Hoz, se creó en 1988 el Comité Antidopaje de la Federación.
«Es un coste importante, porque un control de dopaje normal le cuesta a la Federación Española 200 euros y el coste de uno de EPO se eleva a 550», precisó.
De las siete propuestas presentadas por los miembros de la asamblea sólo llegó a ser debatida la que solicitaba un 16 por ciento en el coste de las licencias, que fue rechazada siguiendo la recomendación de la junta directiva. Las demás no fueron consideradas materia de asamblea o fueron retiradas.
La asamblea aprobó un presupuesto de 12.850.485 euros para el 2011, lo que supone una reducción del 1,25 con respecto al del año anterior, a la espera de conocer el montante de la subvención del Consejo Superior de Deportes, que se calcula un siete por ciento inferior a la del 2010.
Se aprobó también la liquidación del ejercicio 2010 por un importe de 12.784.719 euros, lo que arroja un déficit de 56.042, aunque la Federación precisa que el balance general sigue siendo positivo debido a que su fondo social cerrado a 31 de diciembre es de 99.004 euros.
La Junta de Gobierno federativa se propone mantener la cuantía de las becas, que el año pasado experimentaron un recorte del 15 por ciento.
