La fecha límite del 16 de junio continúa en el horizonte de la negociación de la reforma laboral, que tras la reunión de ayer apunta a que el Gobierno deberá actuar unilateralmente ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos, que ven más cerca la huelga general.
En cualquier caso, el Gobierno todavía ve posible el pacto entre los agentes sociales, como aseguró hoy la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien confía en la posibilidad de un acuerdo entre sindicatos y patronal después de los «avances técnicos» que se produjeron ayer y que considera «importantes».
Rojo valoró el hecho de que «sigan las conversaciones» entre las partes con la voluntad de cerrar un acuerdo antes del 16 de junio, la fecha límite establecida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, destacó que todas las partes negociadoras se han vuelto a emplazar a un encuentro que tendrá lugar la semana que viene.
Rojo, de todas maneras, no quiso hablar de optimismo, «ya que hay puntos de acuerdo y de desacuerdo», y se limitó a pedir prudencia y a no dar más detalles «en aras de la voluntad de seguir manteniendo conversaciones».
Por parte sindical, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó hoy que quiere un acuerdo sobre la reforma laboral que sea «equilibrado, preserve los derechos de los trabajadores y mejore la productividad de las empresas» y que no esté enfocado exclusivamente a contentar a los mercados financieros.
El secretario general de UGT agregó que, aunque el mercado laboral debe regularse mejor, hoy es «urgente que se recupere el flujo de crédito a las pymes y a las familias», ya que el paro sólo se reducirá con el crecimiento económico.
Méndez también hizo referencia al abaratamiento del despido y explicó que en España es «fácil y rápido despedir y no debe ser caro cuando ya se ha despedido a cientos de miles de trabajadores fijos».
Sobre una posible huelga general, Méndez advirtió de que sólo la convocarán «si el Gobierno la provoca con un decreto que lesione los derechos de los trabajadores».
En este sentido, dentro también de UGT, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, indicó que si la reforma laboral que apruebe el Gobierno «lesiona el derecho de los trabajadores y no actúa sobre los problemas centrales», tanto este sindicato como CCOO «tenemos el mandato» para convocar una huelga general.
Asimismo, el presidente del Círculo de Economía, Salvador Alemany, instó al Gobierno a no supeditar la reforma a un consenso entre los agentes sociales si este acuerdo continúa sin producirse, aunque abogó por mantener el diálogo social «antes y después» de la reforma.
Por su parte, el ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel abogó por una reforma laboral que sitúe el coste del despido de los contratos indefinidos en la media europea, pues «no tiene sentido que el país con más paro de Europa tenga el contrato indefinido más caro».
Tras la reunión de ayer, fuentes empresariales se mostraron a favor de que el Gobierno apruebe la reforma el 16 de junio porque debe asumir sus responsabilidades aunque, no obstante, mostraron su voluntad de «seguir negociando».
En cambio, los sindicatos lamentaron que el Ejecutivo desoiga las propuestas que han planteado para la reforma laboral, al que acusan de no haber puesto «ningún papel sobre la mesa» desde que presentó el nuevo borrador de la reforma, el pasado 12 de abril.
