El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que persigue evitar injerencias y politización en la Agencia Tributaria (AEAT) y garantizar su independencia, para lo cual plantea entre otras cosas que su director sea elegido por la Cámara Baja para un mandato de seis años no renovables.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que será debatida en el Pleno, el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, critica los «graves hechos» que han tenido lugar esta legislatura en la Agencia, tales como los «incesantes ceses» de altos cargos, entre ellos algunos de gran relevancia; las «incidencias» en inspecciones a algunas empresas o la «arbitraria, reprobable y escandalosa negativa» del Gobierno a colaborar con la Justicia en la investigación del caso de los papeles de Bárcenas, entre otros–. En este sentido, ha acusado al PP de «no dudar en interferir en el normal funcionamiento de las instituciones con el objetivo de impedir y obstaculizar la instrucción de las causas judiciales que le afectan» en relación con la corrupción y su financiación, pese a provocar con ello un «profundo y progresivo deterioro» de la Agencia, un impacto negativo en la conciencia fiscal de los ciudadanos y un «ahondamiento» en las «injustas diferencias» tributarias entre quienes más y menos tienen. Junto a eso, también reprocha que el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, utilice «con asiduidad en los medios de comunicación y en sede parlamentaria información de la situación tributaria de determinados contribuyentes y colectivos con fines estrictamente partidistas o como instrumento de coacción política». REFORMA «INDISPENSABLE Y URGENTE»«La situación ha alcanzado tal gravedad que los propios inspectores y técnicos de Hacienda han mostrado su preocupación por la utilización política del ministro de datos con trascendencia tributaria y por filtraciones que han podido frustrar sus actuaciones», critica el responsable socialista, que achaca a demás a las «constantes injerencias» del Gobierno el «daño irreparable» que se está causando en la conciencia fiscal y en la lucha contra el fraude.
Por eso, Saura considera «indispensable» y «urgente» adoptar una serie de reformas que «restablezcan la independencia y objetividad» de la AEAT, aportando «seguridad y tranquilidad a la labor de sus funcionarios, cuya independencia y objetividad debe asegurarse». Y, en este sentido, exige como puntos mínimos que el nombramiento del director de la Agencia sea competencia del Congreso por una mayoría de dos tercios, y que se realice por un plazo de seis años no renovables. Además, pide que los nombramientos de los cargos de responsabilidad no sean «discrecionales» sino que se basen en los «principios de mérito, capacidad y competencia profesional», y que todo el personal directivo de la AEAT tenga dedicación exclusiva, esté sometido al régimen de incompatibilidades para altos cargos y sus ceses sean motivados. Igualmente, reclama una vez más la aprobación del Estatuto Orgánico del organismo. NO MAS INJERENCIASPor otra parte, la iniciativa del diputado murciano reclama que se garantice que la Agencia «actúa de acuerdo con los principios de legalidad, equidad, generalidad y eficacia en la lucha contra el fraude fiscal» y que se «prescinda de las injerencias ilegítimas de los responsables políticos».
También pide que se revise el procedimiento del auxilio judicial para mejorar la colaboración con los Juzgados y asegurar que se presta «en condiciones de objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos, evitando cualquier tipo de injerencia». Finalmente, el texto reclama la apertura de una investigación sobre las filtraciones que se han producido de «datos con trascendencia tributaria» para determinar su origen y las posibles responsabilidades y para proponer medidas que eviten este tipo de situaciones en el futuro. De hecho, el pasado mes de febrero los socialistas ya presentaron otra iniciativa parlamentaria exigiendo al Gobierno la apertura de una investigación interna en la Agencia Tributaria con el objetivo de dilucidar de dónde proceden las filtraciones de información sobre contribuyentes de la que dispone Montoro. Saura reclamaba en ese texto que el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria investigue por qué vía recibe el ministro una información a la que no debería tener acceso, y mucho menos utilizar «en beneficio del PP».
