La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que los jóvenes seguirán cobrando la Renta Básica de Emancipación (RBE) tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, según ha destacado la consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, confirma la gestión regional de las ayudas.
Tras la firma de varios convenios sobre rehabilitación entre Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y diversos ayuntamientos, Corredor ha señalado que todos los jóvenes madrileños que reciben actualmente estas ayudas «tienen que estar tranquilos porque van a seguir cobrándolas, independientemente de cuál sea el órgano constitucionalmente competente para el pago».
«La sentencia no anula ningún artículo del Real Decreto. Sólo reconoce las competencias constituciones que en cuanto a la gestión y pago de las ayudas de Vivienda son de la Comunidad. Dice que el artículo 149 de la Constitución proporciona la adecuada cobertura competencial para que el Estado adopte una iniciativa como la creación de ayudas como la RBE y, junto a ello, puede determinar los beneficiarios, cuantía sufragada y requisitos», ha afirmado.
La secretaria de Estado de Vivienda ha manifestado que estas ayudas para el alquiler son, además de constitucionales, «necesarias y oportunas porque se han incorporado a ella 250.000 jóvenes desde 2008». «En cuanto a la gestión, tendremos que sentarnos con todas las comunidades para adaptar todos los procedimientos conforme la sentencia a través de un criterio de consenso y eficiencia», ha agregado.
Corredor ha recordado más de 44.300 jóvenes de la Comunidad han recibido la Renta Básica de Emancipación y para ello el Gobierno central ha abonado 112 millones de euros.
MARIÑO: «JAMAS NOS MANIFESTAMOS CONTRA LAS AYUDAS».
Por su parte, la consejera de Vivienda ha querido precisar que presentaron en su momento un «conflicto positivo de competencias» al Tribunal Constitucional al Real Decreto «que regulaba» la RBE y que «jamás» se manifestaron en contra de que se pudiera dar ayudas a los jóvenes.
«Estamos en contra del momento, que fue deprisa y corriendo en las elecciones generales de 2008. Eso es lo que nosotros planteamos en conflicto de competencias al Tribunal Constitucional porque consideramos que se extralimitaban las competencias estatales a la hora de regular», ha añadido.
Mariño ha señalado que el Gobierno central asumió la gestión y el pago de estas ayudas en base al artículo 149.3 de la Constitución y acogiéndose «a un supuesto de circunstancias excepciones». «Nosotros considerábamos que el Estado, aunque tiene la coordinación de políticas a nivel nacional, la competencia de la ejecución y legislativa es de las autonomías. Y así se ha decantado el Tribunal Constitucional», ha recalcado.
En este sentido, la consejera madrileña ha indicado que de los 11 preceptos recurridos del Real Decreto, la sentencia les ha dado la razón en 8 «y el resto es que ya se habían producido modificaciones a lo largo de estos años».
«Ahora tenemos que sentarnos para ver cómo tenemos que trabajar en el futuro. El TC considera que con el Convenio, como instrumento de colaboración, se están invadiendo las competencias autonómicas porque según la sentencia el Estado no puede condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas a la gestión de las ayudas a la firma de un convenio», ha agregado.
Por tanto, Mariño ha asegurado que, como el Estado invierte parte de su presupuesto en Vivienda ambas administraciones, tendrán que evaluar a partir de ahora cómo se transformarán estos instrumentos de colaboración «para que en el futuro no haya problemas para que podamos darle a los ciudadanos de la Comunidad los fondos que el Estado genera para determinadas políticas».
EJECUCION DE LAS AYUDAS.
Por otro lado, la representante estatal y regional de Vivienda también se refirieron, a preguntas de los periodistas, al grado de ejecución de las ayudas. Corredor ha señalado que la media de ejecución del Plan Estatal en toda España en el programa 2009 fue del 107 por ciento, pero que este estadística «depende un poco de cuando se adaptaba la normativa autonómica al plan estatal».
Según datos del Ministerio de Fomento, el año pasado la Comunidad de Madrid sólo ejecutó el 31,1 por ciento de las actuaciones acordados. No obstante, la secretaria de Estado se ha mostrado «convencida» de que la consejera va a ejecutar «hasta el último céntimo para que todo se convierta en ayudas a los ciudadanos de Madrid».
A este respecto, Mariño ha explicado que el Plan Estatal de Vivienda «es una amalgama de muchas líneas de actuación» y que en una gran cantidad de ellas se necesita de la conformidad de los promotores o de los ciudadanos.
«En el caso de la rehabilitación, cuando nosotros aprobamos un convenio hasta que se hace efectivo pasa un tiempo. Los ciudadanos tienen que presentar la autorización para esas obras, un proyecto, la licencia municipal, etcétera. Por lo cual puede pasar año y medio o dos años. Todo esto lleva un decalaje, pero eso no significa que la Comunidad no haya cumplido sus compromisos con los ciudadanos», ha concluido.
