Un grupo criminal estaba enriqueciéndose a través de la simulación de casos de violencia de género para cobrar las ayudas.
La Policía Nacional detuvo en El Ejido (Almería) a seis personas e investigado a otras 40 acusadas de participar de un grupo criminal especializado en obtener permisos de residencia y beneficios económicos mediante la denuncia de casos de violencia de género irreales, amparado todo ello en un fraude de ley.
La finalidad era fingir una situación de maltrato, forzar una denuncia falsa, y así obtener la renta activa de reinserción, y en su caso, un permiso de residencia para mujeres extranjeras en situación irregular en España.
A cambio, las mujeres beneficiarias, que podían obtener una renta mensual que ronda los 430 euros mensuales, debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuales, entre 1.000 y 1.500 euros iban a parar al actor agresor.
Según ha explicado la Comisaría, los agentes detectaron una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español, quienes a cambio de una suma de dinero, les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España y una renta mensual, siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, para lo que debían simular ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con quienes pactaban el fraude.
Desde el mes de marzo del año pasado, los agentes han recopilado indicios suficientes sobre esta trama formada por personas de origen español y magrebí.
Las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización, asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla, sin riesgos y con la efectividad de conseguir el último caso una autorización de residencia y un ingreso económico mensual por parte de la Administración.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género, prevé que cuando una mujer es víctima de una situación de violencia, pueda beneficiarse de la denominada Renta Activa de Reinserción, lo que le supondría un ingreso mensual renovable durante tres anualidades del 80 por ciento del Iprem.
Para que la misma opere, es necesaria una sentencia judicial, informe del Ministerio Fiscal, o vigencia de una orden de protección. En este sentido, el articulado de la Ley de Extranjería prevé que cuando se trate de víctimas extranjeras y sin permiso de residencia válido, como medida de protección se les conceda una Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional y su correspondiente orden de protección.
