No sabe el tipo ni lo que es la vergÑuenza.
Tampoco la dignidad o la decencia.
No hay dos sin tres, ni seis sin siete: esta semana, Pedro Sánchez ha encadenado otro capítulo de lo que ya se ha bautizado como su particular “vía crucis” europeo.
Mientras en Madrid se habla de regeneración y estabilidad, en Bruselas el ambiente no puede ser más gélido hacia el presidente español.
El último episodio: la séptima negativa consecutiva de la Unión Europea a convertir el catalán en lengua oficial comunitaria, una promesa convertida en obsesión que Sánchez ofreció a Carles Puigdemont a cambio de su imprescindible apoyo para la investidura.
No se ha votado, ni siquiera se ha rozado el consenso. La presidencia danesa del Consejo de la UE constató antes de iniciar la reunión que la unanimidad está más lejos que nunca. Los socios europeos no ocultan ya su hartazgo ante la insistencia española por un asunto que consideran menor, especialmente comparado con los desafíos reales que afronta el continente: Ucrania, Oriente Próximo o el auge de la extrema derecha. El ministro de Exteriores luxemburgués lo resumió con una frase demoledora: “Este no es, en absoluto, el momento adecuado”. Y Alemania, como país clave, ha elevado el tono, vetando de nuevo la oficialidad del catalán y usando un lenguaje inusualmente duro con España.
Bruselas pone coto: amnistía y corrupción bajo lupa
Pero lo del catalán es solo la guinda de una semana nefasta para la imagen exterior del Ejecutivo español. El verdadero terremoto ha llegado desde los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que han destapado las vergüenzas del relato gubernamental sobre la ley de amnistía. Bruselas ha dejado claro ante el Tribunal de Justicia de la UE que considera esta norma incompatible con los valores fundamentales del club europeo, criticando duramente tanto su tramitación exprés como su motivación política: “No responde al interés general” y “profundiza en la división”, sentenció Carlos Urraca Caviedes ante el TJUE.
La Comisión Europea va más allá: advierte que esta amnistía parece una “autoamnistía” pactada por el Gobierno con quienes se benefician directamente de ella (los independentistas catalanes), a cambio de votos para mantenerse en Moncloa. Se recalca además la falta de transparencia y garantías jurídicas durante su aprobación. Para muchos observadores internacionales, España empieza a parecerse peligrosamente a esos países donde las leyes se redactan para blindar a aliados políticos.
Expediente europeo por las injerencias económicas
Por si fuera poco, esta semana se sumó un expediente abierto a España por parte de las autoridades comunitarias debido a las presuntas injerencias del Gobierno en la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Bruselas investiga si el Ejecutivo vulneró las reglas europeas al intervenir (o intentarlo) en operaciones empresariales privadas, cuestión gravísima para la credibilidad económica nacional y que añade más leña al fuego del descrédito institucional.
El resultado es demoledor:
- Imagen internacional deteriorada.
- Desconfianza creciente entre inversores extranjeros.
- Dudas sobre el respeto español al Estado de derecho.
- Sensación generalizada de que Moncloa legisla y actúa para contentar a sus socios parlamentarios antes que al interés general.
El origen último de todos estos males es conocido: la necesidad numérica y política de contentar a Carles Puigdemont y Junts per Catalunya. Desde que Sánchez firmó con ellos el pacto para su investidura —con promesas como la oficialidad del catalán o la amnistía—, cada paso dado para cumplir esos compromisos choca con un muro europeo cada vez más alto y sólido.
En Bruselas ya no hay disimulo: consideran estas exigencias una extravagancia nacionalista española difícilmente justificable cuando hay problemas mucho más urgentes sobre la mesa continental. Y empiezan a saber —y comentar abiertamente— cómo se las gasta “el marido de Begoña”, como ironizan algunos diplomáticos comunitarios sobre Pedro Sánchez.
El Gobierno insiste en denunciar una supuesta “discriminación” europea hacia España frente a otros Estados. Pero lo cierto es que ni los argumentos económicos ni los jurídicos convencen fuera: los Estados miembros ven riesgos presupuestarios, logísticos y legales insalvables para admitir nuevas lenguas oficiales sin un amplio consenso previo. Por si fuera poco, Alemania ha bloqueado frontalmente cualquier avance y Francia tampoco mueve ficha.
Mientras tanto, Moncloa sigue trasladando a los medios un mensaje victimista y acusa a Europa de falta de sensibilidad hacia el multilingüismo español… aunque casi nadie compra ya ese discurso fuera del círculo gubernamental.
Paradojas del caso
- Esta es ya la séptima vez que España intenta sin éxito colar el catalán como lengua oficial comunitaria. En ninguna ocasión ha estado siquiera cerca.
- El debate sobre lenguas cooficiales lleva casi dos años ocupando espacios en las agendas europeas… siempre promovido por Madrid y siempre rechazado por falta de apoyos.
- El tono empleado por socios clave como Alemania o Dinamarca ha pasado del cortés “no es posible ahora” al directo “no vamos ni a votar”.
- En círculos comunitarios circula ya un chascarrillo sobre “la resiliencia catalana”: ni Junts logra avances reales ni Moncloa renuncia jamás al intento.
- Y mientras tanto, otras prioridades europeas siguen atascadas esperando que España deje aparcada su agenda particular.
La semana horribilis termina pero deja heridas abiertas y una pregunta flotando en los pasillos europeos: ¿cuánto más está dispuesto Pedro Sánchez a sacrificar —en prestigio exterior e influencia real— para mantener satisfecha a su minoritario pero decisivo socio independentista?
