Este martes, 17 de junio de 2025, la política migratoria en Estados Unidos vive una nueva escalada tras la reciente decisión del presidente Donald Trump de intensificar las detenciones y deportaciones en las denominadas ciudades santuario.
El anuncio, que ha sacudido a comunidades enteras desde Los Ángeles hasta Nueva York, tiene un impacto especialmente profundo en enclaves como Oxnard, conocida como “la capital mundial de la fresa” y corazón agrícola del condado de Ventura, California.
El retorno de Trump a la Casa Blanca el pasado mes vino acompañado de una batería de órdenes ejecutivas que buscan endurecer el control migratorio. Entre las medidas destacadas se encuentran:
- Aumento de detenciones y del número de centros donde se retienen a inmigrantes.
- Retirada de financiación federal a ciudades santuario que no cooperen con las autoridades migratorias.
- Ampliación del uso de la “deportación acelerada”, permitiendo expulsiones inmediatas de personas que no puedan demostrar dos años de residencia en el país.
- Mayor involucramiento de policías locales y fuerzas federales en operativos contra inmigrantes indocumentados.
El gobierno federal ha encargado al Departamento de Justicia la elaboración de una lista negra con los Estados, condados y ciudades que han rechazado colaborar con los agentes federales. Además, se han anunciado acciones legales directas contra aquellas autoridades locales que impidan o dificulten las redadas.
En palabras del propio presidente: “No vamos a permitir que ninguna ciudad esté por encima de la ley migratoria federal”. Los primeros datos oficiales indican que unas 139.000 personas han sido detenidas y deportadas solo en los últimos cien días, mientras se intensifican los operativos en zonas agrícolas clave.
El miedo invisible en Oxnard
Para muchos habitantes de Oxnard, el temor es palpable. Esta ciudad alberga a decenas de miles de trabajadores agrícolas, muchos indocumentados, cuya labor sostiene una industria millonaria basada en el cultivo y exportación masiva de fresas. En las últimas décadas, Oxnard ha sido sinónimo tanto de prosperidad agrícola como de refugio para comunidades migrantes—una realidad hoy amenazada por la nueva ofensiva federal.
El día a día aquí se ha transformado radicalmente:
- Familias enteras evitan salir a la calle o acudir a servicios públicos por miedo a ser detectadas.
- Padres temen llevar a sus hijos al colegio o acudir al hospital ante el riesgo constante de redadas.
- Muchos comercios y pequeños negocios han visto reducirse sus clientes, mientras crece el recelo ante cualquier presencia policial.
Un trabajador anónimo describe así el ambiente: “Vivimos pendientes del teléfono, con miedo a cualquier sirena o patrulla. Nadie sabe quién será el próximo”. Organizaciones locales denuncian un aumento en los casos de ansiedad, depresión y absentismo escolar entre menores.
Ciudades santuario: resistencia bajo presión
Las ciudades santuario nacieron precisamente para proteger a estas comunidades vulnerables, limitando la colaboración entre autoridades locales y federales en asuntos migratorios. Sin embargo, la presión actual es máxima. El gobierno federal amenaza con cortar fondos esenciales para educación, sanidad e infraestructuras si los municipios no ceden.
En California, el debate es especialmente intenso. Aunque líderes estatales han defendido durante años políticas inclusivas, ahora se observa un tono más cauteloso e incluso divisiones internas sobre cómo responder ante las nuevas amenazas federales.
Las asociaciones civiles advierten además del efecto dominó: la criminalización masiva puede llevar a un colapso social y económico, especialmente en sectores dependientes del trabajo migrante. En Oxnard y otros núcleos agrícolas, cualquier merma significativa en la fuerza laboral supone un riesgo directo para la cosecha y para el tejido comercial local.
Antecedentes y perspectivas
La estrategia actual recuerda mucho a los primeros años del mandato anterior de Trump, aunque ahora incorpora herramientas legales más agresivas y una coordinación reforzada con distintos cuerpos policiales. Las redadas masivas ya fueron objeto de fuertes críticas nacionales e internacionales entonces; hoy vuelven al primer plano mediático.
Sin embargo, no todo está decidido: varias organizaciones pro derechos civiles han interpuesto demandas judiciales para intentar frenar algunas órdenes ejecutivas consideradas inconstitucionales. Muchos expertos auguran una batalla legal prolongada que podría retrasar o limitar parcialmente su aplicación.
Mientras tanto, en Oxnard y otros enclaves agrícolas californianos, miles de familias viven pendientes del próximo operativo o decreto presidencial. La sensación general es que ninguna cosecha está asegurada cuando la incertidumbre domina cada jornada laboral.
Lo que está en juego
El futuro inmediato dependerá tanto del pulso judicial como del margen político que logren mantener Estados como California. La administración federal insiste en que su objetivo es reducir la inmigración irregular y “restablecer el imperio de la ley”. Pero sobre el terreno, comunidades enteras luchan por mantener su vida cotidiana frente al miedo constante.
La situación evidencia una fractura profunda entre Washington y los territorios donde la agricultura depende casi por completo del trabajo migrante. Si la tendencia se mantiene, no solo cambiarán las reglas migratorias: también lo hará el rostro mismo del campo estadounidense—y con él, buena parte del motor económico nacional.
