Un asesino anda suelto.
Hoy, 26 de julio de 2025, la excarcelación de Hanid Ortiz, el exmarine estadounidense que degolló a tres personas en el distrito madrileño de Usera, ha vuelto a sacudir la escena internacional.
Ortiz, que cumplía condena en una prisión española, ha recuperado la libertad tras ser incluido en un intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela, una operación en la que José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido haber tenido un papel fundamental.
El suceso ha puesto bajo los focos tanto la memoria de las víctimas como las controvertidas conexiones económicas y políticas entre el expresidente español y el régimen chavista.
El reciente intercambio de prisioneros, calificado de “histórico” por el Gobierno venezolano, implicó la liberación de una decena de estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de 252 venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, deportados previamente desde Estados Unidos y recluidos en la macroprisión de El Salvador. La negociación, que culminó la pasada semana en territorio salvadoreño, ha contado con la mediación directa de Zapatero, cuya intervención fue destacada por el propio Nicolás Maduro en un gesto poco habitual de reconocimiento internacional.
En ese contexto, el nombre de Hanid Ortiz apareció entre los liberados, pese a su historial delictivo. Ortiz fue condenado por degollar a tres personas en Usera, en un caso que conmocionó a la opinión pública española y estadounidense. Su inclusión en la lista de prisioneros intercambiados ha generado indignación entre los familiares de las víctimas y numerosas asociaciones de víctimas del crimen.
Las víctimas: heridas abiertas
Las tres víctimas de Ortiz eran ciudadanos chinos residentes en Usera, un barrio marcado por la convivencia multicultural y la presencia de la comunidad asiática en Madrid. El brutal asesinato, perpetrado con arma blanca y extrema violencia, dejó una huella imborrable en el vecindario y llevó a las autoridades a extremar la vigilancia sobre perfiles de extranjeros con formación militar y antecedentes penales. Los familiares de las víctimas han denunciado en los medios la falta de información y transparencia sobre el proceso que ha permitido a Ortiz salir de prisión antes de cumplir su condena.
- El crimen ocurrió en 2017.
- Ortiz fue detenido tras una breve fuga y condenado por asesinato con agravantes.
- La sentencia consideró la extrema violencia y la falta de arrepentimiento del acusado.
Hoy, la noticia de su liberación ha reabierto viejas heridas y ha puesto en tela de juicio la justicia del canje.
El papel de Zapatero: diplomacia y negocios
La figura de José Luis Rodríguez Zapatero emerge de nuevo como pieza clave en el tablero internacional. El expresidente ha sido señalado por el propio Maduro y por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, como “mediador valiente” en la negociación del canje. Zapatero ha defendido su discreción afirmando que la confianza ganada en años de trabajo le ha permitido facilitar liberaciones complejas.
Sin embargo, su implicación va más allá de la diplomacia. Diversas investigaciones periodísticas han documentado las conexiones empresariales y familiares de Zapatero con el chavismo. El crecimiento de negocios vinculados a sus hijas, como la agencia de comunicación Whathefav, que se expandió en el mercado venezolano tras visitas oficiales del expresidente a Caracas, ha despertado sospechas sobre posibles contraprestaciones económicas. Además, el entorno de Zapatero ha estado implicado en operaciones con la petrolera estatal PDVSA y en la recuperación de fondos para empresas españolas con intereses en Venezuela.
Los vínculos incluyen:
- Participación en proyectos de esports y videojuegos en Venezuela a través de intermediarios desconocidos.
- Negociaciones sobre fondos congelados y acuerdos con empresas energéticas estatales venezolanas.
- Relación directa con altos cargos del régimen, como Delcy Rodríguez, y presencia en eventos oficiales de gran repercusión política.
Un tablero geopolítico convulso
El canje de prisioneros se enmarca en un contexto de tensiones renovadas entre Estados Unidos y Venezuela, con El Salvador como actor inesperado al custodiar a los deportados venezolanos. La operación ha sido presentada por Caracas como un éxito de la diplomacia chavista y una muestra de su capacidad de negociación. Por su parte, Washington, a través de su secretario de Estado, ha celebrado la liberación de ciudadanos estadounidenses, aunque ha denunciado la ausencia de garantías judiciales para muchos de ellos.
Zapatero, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre los detalles del canje, alegando que “la reserva es indispensable para no romper la confianza” con las partes implicadas. Su papel como mediador contrasta con la opacidad sobre los criterios seguidos para incluir a ciertos presos en la lista de intercambio, como en el caso de Ortiz.
Debate social y judicial en España
La liberación de Hanid Ortiz ha generado una ola de críticas en España. Colectivos de víctimas, partidos de la oposición y asociaciones judiciales cuestionan la legitimidad de una operación que ha permitido la excarcelación de un asesino múltiple condenado por la justicia española. La falta de información oficial sobre los detalles del acuerdo y la ausencia de comunicación con las familias de las víctimas han agravado la polémica.
El caso plantea preguntas de fondo sobre:
- La transparencia de los acuerdos internacionales de intercambio de presos.
- El papel de intermediarios privados y figuras políticas en decisiones que afectan a la justicia nacional.
- El posible uso de la diplomacia como herramienta para favorecer intereses empresariales o políticos.
Claves y perspectivas
Este episodio evidencia la complejidad de los intercambios de prisioneros en la geopolítica actual, donde los intereses nacionales, la presión internacional y las redes de poder personales se entrelazan. La figura de Zapatero, lejos de disipar las dudas, añade más incógnitas sobre los límites entre la mediación humanitaria y la defensa de intereses opacos. La excarcelación de Hanid Ortiz, en particular, obliga a repensar los mecanismos de protección a las víctimas y los criterios de justicia en operaciones internacionales marcadas por la opacidad.
A corto plazo, la controversia parece lejos de cerrarse. Las víctimas y la sociedad española reclaman explicaciones. El debate sobre los negocios de Zapatero y su papel en el tablero chavista crece. Y la geopolítica latinoamericana, con sus alianzas cambiantes y negociaciones discretas, sigue demostrando que la justicia, a menudo, es la gran ausente en los grandes acuerdos.
