La ofensiva judicial de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro y el llamado Cartel de los Soles ha dado un giro inesperado este lunes, 8 de septiembre de 2025.
Washington no sólo apunta a los líderes venezolanos implicados en redes de narcotráfico y corrupción; ahora amplía el foco a personalidades extranjeras con vínculos relevantes, entre ellas el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
El Departamento de Justicia estadounidense ha anunciado que rastreará los contactos y relaciones entre Zapatero y destacados miembros del chavismo, en un intento por mapear las conexiones que han facilitado la supervivencia financiera y política de la tiranía chavista.
La investigación cobra especial relevancia tras la publicación de nuevas pruebas sobre pagos millonarios recibidos por Zapatero de la petrolera estatal venezolana PDVSA, así como su implicación como comisionista en negocios con altos funcionarios del chavismo y empresarios vinculados a la élite comunista china.
Esta línea de indagación supone un salto cualitativo en la estrategia internacional contra el dictador Maduro, donde ya no se persiguen sólo los delitos cometidos dentro de Venezuela, sino también las redes externas que habrían contribuido al lavado de activos y a la consolidación del poder chavista.
Antecedentes: los negocios opacos del expresidente español
El nombre de Zapatero aparece ligado a operaciones millonarias desde hace varios años. Según documentación custodiada por el empresario Víctor de Aldama, existen pruebas irrefutables sobre pagos realizados por PDVSA al exlíder socialista. Estas transferencias, según fuentes cercanas al «nexo corruptor» investigado por la Guardia Civil española, estarían relacionadas con servicios ficticios y asesorías simuladas que encubren comisiones por facilitar operaciones entre Venezuela, República Dominicana y China.
El caso Morodo, en el que el embajador nombrado por Zapatero confesó haber cobrado facturas millonarias por falsas asesorías durante su estancia en Caracas, añade contexto a una trama que se extiende más allá del Atlántico. La Audiencia Nacional española ya ha condenado a Raúl Morodo y su hijo Alejo por delito fiscal vinculado a estos pagos, aunque descartó inicialmente los cargos por corrupción política. Sin embargo, la proximidad entre Morodo y Zapatero con figuras clave como Delcy Rodríguez —vicepresidenta venezolana— refuerza las sospechas sobre una red donde la política y los negocios se entrelazan.
La estrategia estadounidense: más allá del narco
La demanda presentada por Washington contra Maduro y otros altos cargos del régimen incluye un apartado específico para examinar a quienes mantienen contacto regular con los investigados. Esto implica cruzar datos sobre vuelos privados, transferencias bancarias, reuniones internacionales y participación en foros políticos como el Grupo de Puebla o la Internacional Socialista. El objetivo es identificar posibles intermediarios o facilitadores en operaciones ilícitas que alimentan tanto al Cartel de los Soles como al aparato estatal venezolano.
- Se rastrean movimientos financieros vinculados a empresas pantalla en España, República Dominicana y China.
- Se investiga la financiación venezolana para campañas políticas internacionales.
- Se analizan vínculos personales entre Zapatero y altos cargos como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.
- Se cruzan datos sobre asesorías ficticias pagadas desde PDVSA.
- Se examina el papel de comisionistas españoles en la recuperación de fondos bloqueados en Venezuela.
Los negocios millonarios: hidrocarburos, turismo y conexiones chinas
La actividad empresarial del círculo cercano a Zapatero no se limita a Venezuela. Diversas fuentes señalan que parte del dinero recibido proviene también de operaciones vinculadas al sector hidrocarburos en República Dominicana y China. El socio Luis Alberto Escolano guarda información clave sobre contactos compartidos entre Aldama y Zapatero en estos países. Por ejemplo, Pepe Hidalgo —dueño del holding Globalia— encargó personalmente al expresidente recuperar 180 millones retenidos por el gobierno venezolano en 2018. Esta operación fracasó tras el despido sin explicaciones del director general Juan Arrizabalaga.
Por otro lado, se investiga si parte de estos fondos sirvieron para financiar eventos políticos internacionales —como la elección de Pedro Sánchez como secretario general de la Internacional Socialista— con aportes directos desde Venezuela. El entramado se complica por la presencia de empresarios chinos vinculados al sector minero e inversiones estratégicas en Sudamérica, donde Zapatero habría actuado como mediador o comisionista.
Implicaciones políticas: mediación internacional bajo sospecha
El papel público de Zapatero como mediador entre Europa y Caracas siempre ha estado envuelto en polémica. Mientras él defiende su labor diplomática para promover los derechos humanos en Venezuela, las investigaciones recientes ponen bajo lupa su verdadera motivación e intereses económicos. La cercanía con Maduro le ha permitido acceso privilegiado a negociaciones políticas clave —incluyendo intentos fallidos para aliviar sanciones internacionales— pero ahora este acceso se interpreta también como una posible vía para canalizar fondos ilícitos.
El caso también afecta indirectamente a otros líderes socialistas europeos e incluso latinoamericanos relacionados con el Grupo de Puebla. La colaboración judicial internacional será crucial para determinar si existen responsabilidades penales más allá del ámbito político o diplomático.
¿Cómo puede evolucionar el proceso?
A día de hoy, 8 de septiembre del 2025, la principal incógnita reside en cómo coordinarán las autoridades estadounidenses y europeas sus investigaciones sin chocar con intereses diplomáticos sensibles. Si las pruebas presentadas por Aldama —y otras fuentes— son admitidas formalmente ante tribunales internacionales, podría abrirse una nueva fase procesal que implique solicitudes de extradición o comparecencia para figuras no venezolanas implicadas.
Algunos escenarios posibles:
- Revelación pública del contenido íntegro de los sobres custodiados por Aldama.
- Imputación formal contra intermediarios españoles si se demuestran delitos conexos.
- Mayor presión diplomática sobre España para facilitar colaboración judicial.
- Potenciales efectos colaterales sobre campañas políticas financiadas desde Venezuela.
La magnitud del caso invita a pensar que no se trata sólo de una cuestión judicial sino también política: cualquier avance significativo podría alterar equilibrios internos en España e influir sobre futuras relaciones bilaterales con América Latina. Mientras tanto, el proceso sigue su curso entre filtraciones mediáticas y cautela institucional.
El desenlace permanece abierto pero todo indica que las redes internacionales tejidas alrededor del chavismo tienen aún mucho que revelar.
