Una trama de corrupción asociada a Bono ha destapado uno de los escándalos más grandes relacionados con el tráfico de armas y el blanqueo de capitales en España. La pesquisa revela comisiones por valor de 41 millones de euros depositadas en Suiza, fruto de la venta de ocho fragatas al régimen de Nicolás Maduro, mientras dos altos directivos españoles se embolsaron, al menos, 12 millones de euros por comercializar sistemas armamentísticos a la Armada venezolana en medio de una feroz represión contra la oposición.
Este caso pone en evidencia cómo algunos empresarios españoles han sabido aprovechar los vacíos legales para enriquecerse vendiendo tecnología militar a un régimen que sistemáticamente viola derechos humanos. Los hermanos Javier y Ángel Escribano, directivos de la firma Escribano Mechanical and Engineering, negociaron en 2017 la venta de 24 sistemas de dirección de tiro destinados a modernizar los blindados Urutú que utiliza la Infantería de Marina venezolana. Sin embargo, debido al embargo de armas establecido por la Unión Europea el 13 de noviembre del mismo año, solo llegaron 12 sistemas. A pesar de ello, Venezuela abonó la totalidad del importe: dos millones de euros.
La operación que blindó a Maduro
En ese momento, Venezuela atravesaba una crisis económica sin precedentes. El régimen enfrentaba protestas masivas tras la decisión del Tribunal Supremo que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, el único poder estatal que estaba bajo control opositor. Las manifestaciones se extendieron durante cuatro meses y dejaron un saldo trágico con decenas de muertos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron sanciones debido a las violaciones a los derechos humanos. Pero antes de que estas restricciones entraran en vigor, Escribano ya había cerrado el acuerdo.
El almirante Ashraf Suleimán Gutiérrez, quien entonces era capitán de navío y responsable del Comando Naval de Operaciones, visitó la fábrica madrileña de Escribano en tres ocasiones durante 2017. Años más tarde, ya como comandante general de la Armada Bolivariana, grabó un video desde Puerto Cabello donde afirmaba explícitamente que el «sistema de control de tiro adquirido en España entre 2016 y 2017 a través de la empresa Escribano» había «incrementado las bondades» del vehículo para su uso como «vehículo de combate».
La venta contó con el visto bueno de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa (JIMDDU), que depende del Ministerio de Economía. Ese año, España exportó un total impresionante de 4.346,7 millones de euros en material defensivo. El Ministerio registró esta operación como «sistemas electroópticos», término que disfrazaba la verdadera naturaleza del armamento.
De empresa familiar a imperio valorado en 355 millones
El crecimiento experimentado por Escribano Mechanical and Engineering fue asombroso tras la pandemia. En 2021 generó ingresos por 87 millones de euros con un beneficio neto escaso: apenas 1,5 millones. Para 2024, las cifras se dispararon: alcanzaron los 355 millones en ingresos y un beneficio neto que se elevó a 112,5 millones, con una plantilla que creció desde 200 hasta casi 1.800 empleados. De esos beneficios, 40 millones provinieron exclusivamente del aumento en valor generado por su inversión en Indra.
Ángel Escribano asumió el cargo de presidente en Indra en enero del año 2025, mientras su hermano Javier ocupa un puesto como consejero. La empresa Escribano Mechanical and Engineering controla el 14,3% del capital social de Indra, solo superada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene el 28%. Actualmente, Indra busca adquirir Escribano; esta operación cuenta con el respaldo del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. La compra proporcionaría a Indra instalaciones en Alcalá de Henares, Córdoba y Binéfar, donde se producen torretas, robots y vehículos militares.
Las comisiones ocultas y una fortuna sombría
Paralelamente a estos negocios aparentemente legales ha surgido una red oscura dedicada a las comisiones encubiertas. Los 41 millones de euros depositados en Suiza por la venta mencionada apuntan hacia un esquema corrupto mucho más amplio. Estas transferencias hacia paraísos fiscales sugieren un sistema diseñado para enriquecer personalmente a quienes están desvinculados completamente de cualquier actividad empresarial transparente.
El panorama geopolítico ha cambiado drásticamente. Hace poco más de una semana, Donald Trump ordenó una operación especial que llevó a la captura de Maduro, provocando un verdadero sismo político en la región. El video grabado por el almirante Gutiérrez para demostrar que el Ejército chavista contaba con armamento moderno europeo resultó ser irrelevante ante el colapso del régimen que recibió esas armas españolas.
La investigación sobre las conexiones entre Bono y estas operaciones continúa su curso, pero los documentos disponibles evidencian un patrón claro: empresarios españoles aprovecharon la represión brutal en Venezuela para hacer fortuna mientras funcionarios públicos autorizaban ventas armamentísticas a un régimen conocido por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las comisiones ocultas depositadas en Suiza y los beneficios desmesurados obtenidos por Escribano revelan cómo operan bajo las sombras tanto la corrupción como el tráfico ilegal de armas dentro del sistema español.
