El Tribunal Constitucional ha validado este 26 de junio de 2025 la controvertida ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una decisión que marca un antes y un después en la política española.
Puigdemont, Junqueras y otros 400 golpistas más son los beneficiados por un acto de corrupción sin precedentes. Esta es la España que nos deja el miserable socialista.
El fallo, aprobado por seis votos de la mayoría progresista frente a cuatro del bloque conservador, avala todos los aspectos nucleares de la norma que perdona los delitos vinculados al procés catalán cometidos entre 2011 y 2023. La sentencia llega tras cuatro días de intenso debate en el seno del tribunal y meses de crispación política, manifestaciones ciudadanas y duros encontronazos parlamentarios.
El Constitucional argumenta que la amnistía «sirve al interés público por facilitar la normalización política en Cataluña» y no vulnera la Carta Magna. Así, rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, que denunciaba un atentado contra el Estado de derecho y advertía del riesgo de abrir la puerta a una justicia selectiva motivada por pactos políticos.
Un tribunal fracturado y sin consenso
Lo más llamativo del fallo no es sólo su contenido, sino también su forma. La división interna se ha hecho patente: seis magistrados progresistas han impuesto su criterio a cuatro conservadores, que han anunciado votos particulares muy duros en los que acusan a la mayoría de resolver una «resolución preconfigurada», sin deliberación genuina. Enrique Arnaldo, uno de los jueces discrepantes, no se ha mordido la lengua: «No comparto ninguno de los argumentos ni, por supuesto, el fallo», deja escrito en su voto particular.
Esta fractura interna no hace sino reflejar la polarización social y política que vive España desde que se planteó esta ley. La norma fue negociada entre el PSOE y Junts a cambio del apoyo parlamentario de los independentistas catalanes para investir a Sánchez tras las últimas elecciones generales. Desde entonces, el debate sobre si se trata de una «medida para pacificar Cataluña» o de «una moneda de cambio para aferrarse al poder» ha inundado tertulias, columnas y redes sociales.
Puigdemont: ¿amnistía sí, regreso no?
Uno de los nombres propios del día es el del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. Sin embargo, contra lo que algunos esperaban, la sentencia del TC no tiene un efecto inmediato sobre su situación judicial. Puigdemont sigue procesado por malversación —delito que el Supremo ha decidido excluir de la amnistía— y mantiene vigente una orden nacional de busca y captura.
Eso sí: tras este aval constitucional puede ahora recurrir en amparo ante el propio TC solicitando que se le aplique la amnistía también por malversación y pedir la suspensión cautelar de su orden de detención. La defensa del líder independentista dispone de 20 días hábiles para presentar ese recurso. Así pues, aunque los titulares hablen ya del regreso inminente del prófugo más célebre del procés, lo cierto es que Puigdemont deberá seguir peleando en los tribunales antes de volver a pasear por Gerona sin escolta judicial.
Repercusiones políticas inmediatas
La reacción política ha sido instantánea: mientras el Gobierno celebra un «triunfo de la democracia» y una «solución plenamente constitucional», desde Génova 13 se denuncia «el mayor ejemplo del sanchismo» y un golpe al principio de igualdad ante la ley. El Partido Popular ya ha anunciado nuevos recursos ante instancias europeas e incluso algunos barones autonómicos han confirmado que mantendrán vivas sus impugnaciones ante el Constitucional.
Esta sentencia es sólo el primer asalto: quedan pendientes más de treinta recursos contra distintos aspectos concretos de la ley presentados tanto por comunidades autónomas gobernadas por el PP como por órganos judiciales. Además, sigue en el aire si Europa decidirá intervenir: el Constitucional ha descartado elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE por ahora, pero ese debate podría reabrirse más adelante.
¿Y ahora qué? Consecuencias abiertas
- La fractura institucional es ya un hecho: nunca antes una sentencia tan relevante había evidenciado con tanta crudeza las fisuras ideológicas dentro del máximo intérprete constitucional.
- El efecto sobre otros líderes independentistas: Oriol Junqueras o Marta Rovira están en situación similar a Puigdemont; deberán esperar a ver cómo resuelve el TC los recursos relacionados con malversación.
- Un precedente histórico: La interpretación dada hoy será doctrina para futuras sentencias sobre amnistías. El tribunal ha dejado claro que “todo lo que no está constitucionalmente velado queda dentro del ámbito del legislador”.
- La respuesta europea: Aunque España ha decidido no consultar aún al TJUE, algunos juristas advierten que Bruselas podría acabar pronunciándose si considera que la ley vulnera principios básicos comunitarios.
- El tablero político catalán, lejos de calmarse: Los partidos independentistas celebran una victoria simbólica pero advierten que “la batalla jurídica continúa”. El unionismo acusa a Sánchez de “vender” al Estado para mantenerse en La Moncloa.
El debate sobre justicia e igualdad continúa abierto. En España hoy nadie queda indiferente ante una sentencia cuyo impacto —para bien o para mal— tardará años en digerirse.
