Censura.
Mordaza.
Esta semana, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno en segunda vuelta a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que reemplaza la normativa de 1984.
Esta nueva ley amplía sus exigencias a medios digitales y a influencers que cuenten con más de 100.000 seguidores en una plataforma o un total acumulado de 200.000.
Los críticos consideran que esta medida es un nuevo paso del Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez para limitar el periodismo crítico, al imponer requisitos como enlaces nuevos que deben tener la misma relevancia que la información original, además de mecanismos visibles para las solicitudes.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende esta normativa como una adaptación necesaria al ecosistema mediático actual. Según él, busca combatir bulos y desinformación que se difunden rápidamente, al tiempo que refuerza el derecho constitucional a recibir información veraz.
Sin embargo, medios como El Debate advierten que el Gobierno sigue atacando a los medios críticos, intentando limitarlos mediante rectificaciones que podrían desdibujar su impacto.
Medidas clave que cambian el juego
La ley establece reglas estrictas:
- Los medios digitales deberán crear un enlace nuevo para la rectificación con relevancia similar al contenido original, además de incluir un aviso visible junto a la pieza.
- Las plataformas tienen que publicar la rectificación en un lugar destacado junto al contenido original.
- El plazo para solicitar una rectificación es de 10 días en medios tradicionales y de 20 días para digitales e influencers.
- Se exige contar con mecanismos gratuitos, accesibles y visibles para enviar solicitudes, garantizando constancia y seguimiento.
- Ya no será necesario dirigirse al director del medio; simplemente se podrá enviar la solicitud al medio o al responsable efectivo del contenido.
Estas disposiciones llegan tras el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre, enmarcadas dentro del Plan de Acción por la Democracia. El CGPJ, por su parte, emitió un informe unánime con observaciones: pide establecer mecanismos para verificar seguidores y alinear las rectificaciones con la jurisprudencia, evitando así afectar opiniones esenciales.
Críticas: ¿Censura disfrazada de protección?
Medios como El Debate y The Objective han denunciado que esta norma equipara los derechos entre los medios y los influencers, pero parece castigar más a los primeros. Consideran que es un intento claro de censura contra aquellos influencers críticos hacia el Gobierno. Desde Estrella Digital, se apunta que el informe del CGPJ califica como novedad relevante la inclusión de usuarios de especial relevancia, sugiriendo incluso la creación de un registro para evitar bloqueos.
La norma responde a una evolución digital donde los daños reputacionales pueden propagarse rápidamente. Según insiste Bolaños, la frecuencia y gravedad de los bulos es mayor. Sin embargo, sus opositores lo vinculan con tensiones recientes. Cada vez que figuras como Ione Belarra, Gabriel Rufián, o incluso nombres como los de Marta Lois Gaite (anteriormente conocida como Aizpurúa) o Yolanda Díaz, evaden preguntas o amenazan con expulsar a periodistas, se erosiona la confianza pública. Los ciudadanos son quienes financian sus salarios, y este desprecio por el derecho a informar resulta alarmante.
Se suma también la preocupación por la falta de respuesta por parte de diversas asociaciones periodísticas, sindicatos y colegios profesionales en defensa de los periodistas maltratados. La situación actual pone en jaque la libertad de expresión, marcando uno de sus peores momentos en los últimos 50 años. Hoy día, quienes ejercen el periodismo se sienten menos libres.
| Aspecto | Medios tradicionales | Medios digitales e influencers |
|---|---|---|
| Plazo solicitud | 10 días | 20 días |
| Publicación rectificación | En 3 días | Enlace nuevo con misma relevancia + aviso visible |
| Mecanismo | Al medio | Gratuito, visible, con seguimiento |
| Umbral influencers | No aplica | 100k en una plataforma o 200k total |
Contexto político y judicial
Esta reforma también agiliza ciertos juicios: permite presentar demandas más simples sin necesidad de abogado ni procurador y contempla sentencias parciales u orales. Además, incluye medidas contra los delitos relacionados con imágenes manipuladas mediante IA, conocidas como deepfakes. No obstante, críticos advierten sobre su potencial uso para silenciar voces disidentes.
Desde plataformas como RTVE y oficinas gubernamentales como La Moncloa se subraya esta adaptación necesaria a internet, donde anteriormente el derecho quedaba desprotegido. Por su parte, el medio digital Newtral ha enumerado las novedades introducidas: eliminación de formalismos innecesarios y obligación de informar cómo llevar a cabo las rectificaciones adecuadamente. En tanto, según informa 20minutos, todo esto se vincula al plan regenerador impulsado por Sánchez tras las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez.
El Ejecutivo presenta todo esto como una lucha contra una desinformación retorcida, mientras Europa avanza en direcciones similares respecto a responsabilidades por influencias reales. Sin embargo, en España —con un gobierno multipartito— este enfoque parece más una ofensiva selectiva contra medios independientes.
Mientras algunas asociaciones optan por el silencio ante estos cambios, los periodistas continúan resistiendo. Los influencers críticos hacia el Gobierno ya sienten miedo ante posibles restricciones. La ley ahora pasará al Congreso donde se decidirá si fortalece nuestra democracia o si simplemente busca asfixiarla.
El espíritu del periodismo crítico no se rinde: sigue informando y rectificando cuando es necesario pero exige reciprocidad por parte del poder establecido. ¿Logrará sobrevivir la libertad de prensa en esta nueva era digital?
