Las pequeñas empresas podrán dejar de pagar la cuota cameral a partir de julio de 2011 y el resto accederán a esta posibilidad de forma transitoria a lo largo del próximo año.
Así lo reveló la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Salgado explicó que la decisión de que las empresas no pequeñas tarden más en tener la posibilidad de elegir si pagan o no la cuota se ha tomado para permitir que las cámaras adapten su actividad de forma progresiva a la previsible disminución de ingresos que sufrirán como consecuencia de esta medida.
Aclaró, además,1 que lo que hace el Gobierno es eliminar la obligatoriedad de que se pague esta cuota, ya que las empresas que decidan continuar en las cámaras deberán pagarla.
Por ello, defendió que este cambio normativo �no altera el funcionamiento de las cámaras ni suprime estos ingresos procedentes de las cuotas que pagan las empresas�.
Según el Gobierno, la eliminación de esta obligación financiera, que actualmente recae sobre dos millones y medio de empresas, contribuirá a mejorar su competitividad, permitiéndoles optar voluntariamente por participar en estas organizaciones cuando puedan aportarles valor añadido en su actividad.
De forma aproximada, las aportaciones obligadas de las empresas pueden situarse en torno a 250 millones de euros anuales, con datos de 2008. De esa cantidad, cerca de 90 millones de euros recaen sobre pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos (que cotizan por el Impuesto sobre Actividades Económicas e IRPF) y el resto corresponde a las cotizaciones sobre el Impuesto sobre Sociedades.
El Gobierno quiere que la voluntariedad de la pertenencia a las Cámaras sea un incentivo para que cumplan sus funciones con la mayor eficiencia posible.
En un comunicado, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, rechazó este viernes hacer ninguna valoración sobre las medidas adoptadas hoy por el Gobierno hasta conocer en profundidad las consecuencias económicas y jurídicas que éstas puedan tener para las Cámaras.
