Siguen las reacciones este 27 de enero de 2018 a la decisión del gabinete de Mariano Rajoy de querer impugnar el pleno del Parlamento catalán para impedir la investidura del prófugo Carles Puigdemont. La tribunas de papel echan humo contra el Gobierno por su resbalón, aunque también hay elogios por haberse adelantado al secesionismo y hay quien también le pasa factura a Ciudadanos por querer sacar tajada del traspiés gubernamental.
El País, en su editorial, vuelve a echarle un capote al Gobierno español y le dice que ponga toda la carne en el asador para evitar la investidura de un prófugo de la justicia:
Si los separatistas tuvieran el más mínimo interés en propiciar la normalidad y empezar a gobernar, dado que han logrado la mayoría absoluta, habrían optado ya por otro candidato, sabiendo como saben las imposibles opciones del fugitivo. Si pisa suelo español será detenido. Si pretende ser investido telemáticamente desoyendo a los letrados, entre otros, del Parlament, el acto quedará anulado. El Gobierno tiene el derecho y el deber de impedir que Puigdemont sea investido presidente, aunque deba pagar un alto precio político por ello. El coste lo ha vuelto a visualizar el inesperado revés del Consejo de Estado al recurso presentado contra su candidatura.
ABC le mete hoy un palo a Rivera por querer sacar rédito del resbalón de Rajoy con el informe del Consejo de Estado sobre la conveniencia de recurrir al Tribunal Constitucional la celebración del pleno en el que se quiere investir a Puigdemont:
La precipitación del Ejecutivo era innecesaria porque no basta solo con combatir el golpismo sino que hay que hacerlo bien, pero tratar de sacar provecho partidista de ello, como hizo ayer Rivera, solo va a envalentonar a los golpistas. Rivera pudo ordenar a Inés Arrimadas que intentase ser investida. Era difícil, pero Ciudadanos ni siquiera se lo ha planteado. No tiene sentido que un partido que siempre acusó al Gobierno de ir por detrás de los acontecimientos en Cataluña, ahora le censure que intente ir por delante, logre o no que el TC le dé la razón.
Ignacio Camacho entiende al Gobierno de Rajoy, pero considera que ha dado un argumento de peso a los victimistas separatistas.
Esta vez la Moncloa no quiere que le acusen de llegar tarde, aun a costa de atropellar el procedimiento para forzar el paso. Pero al desoír al consejo consultivo del Reino, ha hecho lo mismo que reprochaba a los secesionistas: pasarse por el forro el dictamen -en ambos casos no vinculante- de los letrados. La Brigada Aranzadi (Juliana dixit) de la vicepresidenta ha medido mal el terreno que mejor conoce, el de la estrategia jurídica, y ha puesto al Gabinete en la tesitura de un patinazo.
David Gistau critica que el Ejecutivo monclovita esté tan nervioso con la posible jugarreta de un Puigdemont llegando al Parlamento catalán:
Si a Puigdemont no es posible controlarlo con profesionalidad y serenidad, sin aspavientos y sin espectáculos autolesivos como el de la vicepresidenta el pasado jueves, no quiero ni pensar qué ocurrirá el día que haya que mantener, qué sé yo, a Putin al otro lado de la frontera. O al PSG.
Juan Manuel de Prada critica a Moncloa por haberle abierto una puerta a Puigdemont y a quienes defienden su investidura:
Esta impugnación les obliga a defender con uñas y dientes la candidatura de Puigdemont, presentando el empeño del Gobierno como un atropello a la voluntad del pueblo catalán. Y, entretanto, el tahúr Puigdemont podrá dedicarse a urdir nuevas tretas; pues a estas alturas ha demostrado ser el único que ha leído a Gracián, que aconsejaba manejar los asuntos con expectación y no descubrirse inmediatamente, justo lo que el Gobierno no ha sabido hacer en esta partida. Siempre se había dicho «Así se las ponían a Fernando VII», para referirse a las facilidades que se le dan a alguien para llevar a cabo sus designios; a partir de hoy podrá decirse con mayor propiedad: «Así se las ponían a Puigdemont».
Luis Ventoso defiende la decisión de Soraya Sáenz de Santamaría de frenar la chifladura del separatismo:
El Consejo de Estado, en un dictamen consultivo, reprocha al Gobierno que no es el momento de actuar. Paparruchas. España no puede seguir a rebufo de las escaladas golpistas. Debe defenderse y por fin lo está haciendo, respetando además los cauces legales, como no podría ser de otra manera. Así que en contra del criterio de voces más sabias, creo que es justamente ahora cuando Santamaría está empezando por fin a acertar.
La Razón le da para el pelo a Ciudadanos por querer sacar tajada del resbalón jurídico del Gobierno con Cataluña:
Sería hipócrita rasgarse las vestiduras cada vez que un político actúa desde el oportunismo, entre otras cuestiones, porque es un recurso habitual en el enfrentamiento entre partidos, que el ciudadano detecta fácilmente y no llama a engaño a nadie. Sin embargo, existen situaciones en las que ese tipo de tácticas pierden cualquier legitimidad y se acercan peligrosamente al puro ventajismo. En este sentido, nos parece, cuando menos, arriesgada para su propia credibilidad la actitud del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ante las dificultades que atraviesa el Gobierno de la nación a la hora de hacer frente a un desafío sin precedentes en la historia de las democracias occidentales, como es la pretensión por parte del separatismo catalán de hacer presidente de la Generalitat a un individuo fugado de la Justicia y expresamente dispuesto a mantener el reto golpista al Estado.
Rafael Moyano, en El Mundo, le mete un palo a Rajoy por no hacer caso del Consejo de Estado:
El Consejo, que no se inventó ayer, que existe desde la primera Constitución, la de Cádiz, es un remanso de conocimiento que se dedica a eso, a aconsejar. Y su recomendación es que no se pueden hacer impugnaciones preventivas o hipotéticas porque solo es una presunción que Puigdemont no vaya a presentarse en el Parlament para ser investido. Como en la vida, en el Derecho también todo es interpretable. Al Gobierno le aterran más numeritos del independentismo, pero lo peor que le puede pasar es que surjan sombras sobre la legalidad de sus decisiones. Nuestros mayores han dictaminado que, en este momento, no hay fundamentos jurídicos para intervenir. Lo suyo no es vinculante. Miedo da lo que decida hoy el Tribunal Constitucional.
