Conducir por Valladolid se ha convertido en un suplicio con las medidas aprobadas por el Gobierno de la extrema izquierda liderado por Óscar Puente. Unos carriles bici que han convertido a Valladolid en una ratonera para los conductores, pero no contento con esto, Puente se ha «arremangado» y ha licitado un contrato para la adquisición de 49 cámaras que controlarán a todos los vehículos que accedan a la «almendra central» de la ciudad, al más puro estilo Carmenista (continuado por Almeida pese a que prometió finiquitarlo si llegaba a gobernar) en Madrid.
Evidentemente, esta medida será aplaudida hasta con las orejas para todo aquel que no tenga problemas económicos y que puedan adquirir un vehículo nuevo, híbrido o eléctrico, que verán como el centro se convertirá en un oasis para la conducción y para el aparcamiento.
Pero esa realidad para una parte de la población, se convertirá en una pesadilla para todo aquel trabajador autónomo, empresario o ciudadano que no tenga una economía capacitada para afrontar un cambio de vehículo. Esta parte de la población verá como cada vez que tengan que cruzar la línea ideada por Puente, una cámara estará capturando su matrícula, para poco después, recibir un certificado con la «receta» correspondiente.
Los sectores hostelero y comercial del centro de Valladolid, están que «fuman en pipa» con la aplicación de esta medida, puesto que saben a la perfección que serán ellos los grandes perjudicados de esta medida, y es que parece evidente que las restricciones de acceso al centro, perjudicará de forma notable a su cuenta de resultados, puesto que los clientes buscarán alternativas más sencillas y con menos riesgo.
FECOSVA y AVADECO, dos de las asociaciones de comerciantes más potentes de Valladolid, alertan que esta medida será «la puntilla para muchos establecimientos al impedir a muchos clientes el acceso a la ciudad, con el efecto más perjudicial que es el disuasorio».
