La huelga es una medida de fuerza de los trabajadores contra las empresas demandando más salario y/o mejores condiciones de trabajo. La primera que consta en la historia está datada en Egipto durante el reinado de Ramsés III, el año 1152 a.C., y consta otra en México el 4 de julio de 1582. Hay quienes sitúan los orígenes de la huelga moderna en la Revolución francesa de 1789, aunque comenzó a extenderse entre los trabajadores con la Revolución industrial a principios del siglo XIX en Inglaterra. La huelga era ilegal y estaba penada con años de cárcel hasta que la llegada de la socialdemocracia en el siglo XX la legalizó regulando su práctica. Hoy es un derecho esencial de las libertades sindicales de los trabajadores reconocido en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1966, en vigor desde 1976, y que, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. En nuestro país, el Artículo 28.2 de la Constitución dice: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad«.
La huelga es una herramienta que cada día usan menos los trabajadores precarios y con bajos salarios y más los funcionarios públicos y trabajadores con salarios más elevados. En las últimas semanas, jueces, fiscales, personal de justicia, sanitarios, inspectores de trabajo y de Hacienda, funcionarios de la Seguridad Social, pilotos de avión, conductores de tren y autobús, personal de limpieza viaria, bomberos… han anunciado o convocado huelgas para presionar a la Administración o sus empresas y mejorar sus condiciones de trabajo. Una práctica de trabajadores sin derechos para enfrentarse a quienes los explotaban y pagaban salarios miserables ha acabado siendo utilizada por funcionarios públicos, algunos con salarios bajos y muchos con salarios en la parte más alta de la Administración (jueces, LAJ, inspectores de Hacienda…), y por trabajadores privados con salarios muy elevados (pilotos, estibadores…) que con sus huelgas para mejorar sus salarios perjudican a millones de trabajadores con sueldos más bajos, los que pagan los suyos con impuestos o consumiendo servicios caros de sus empresas. El ejercicio de la huelga en esta sociedad del siglo XXI por funcionarios públicos y por colectivos privilegiados debería regularse, impidiendo que al llevarse a cabo lesionen derechos de la ciudadanía, del pueblo que detenta la soberanía nacional cuyos derechos nadie protege, quedando subordinados a los de funcionarios públicos o trabajadores privados privilegiados en salarios y condiciones de trabajo comparados con la mayoría de trabajadores de la nación.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia están en huelga; la Justicia está cerca del colapso del que tardará muchos años en salir, si sale, porque lleva décadas con un retraso crónico. A los funcionarios se pueden sumar los jueces, que amenazan con una huelga de la que se han descolgado algunas asociaciones, pero mantiene de momento la mayoritaria APM (Asociación Profesional de la Magistratura). Antes, otra huelga de los antiguos secretarios judiciales, hoy LAJ (Letrados de la Administración de Justicia) ha empeorado la situación hasta dejarla sumida en una crisis de la que será difícil salir. La justicia tiene notables carencias en tecnología, coordinación y falta de jueces, fiscales y personal administrativo que solo podrá mejorarse con inversiones importantes en los próximos años. Impartir justicia en un tiempo de plazo razonable es fundamental porque si se hace con años de retraso es justicia de muy baja calidad. Esta situación no es responsabilidad de jueces, fiscales, LAJ ni del personal administrativo sino de los Gobiernos de España en los últimos 40 años.
La huelga es una herramienta necesaria para los sindicatos y trabajadores, pero en la función pública y servicios a la comunidad, utilizando como rehenes a millones de personas debería impedirse estableciendo mecanismos de interlocución, y en último caso, recurriendo a un laudo de obligado cumplimiento por las partes; una comisión de expertos encargada de analizar y resolver el conflicto debería impedir que perjudique libertades y derechos civiles y de toda índole de la ciudadanía. Los policías no tienen derecho de huelga en ningún país del mundo; en países del centro y norte de Europa tienen regulado un sistema de mediación en caso de desacuerdo, cuyo organismo emite un laudo de obligado cumplimiento y que se puede recurrir como última instancia al presidente del Gobierno. Nunca se ha llegado a la última instancia. Es un sistema de gestión de conflictos que respeta los derechos de unos y otros, impide que se impongan por la fuerza de la coacción intereses de minorías privilegiadas y sobre todo protege a quienes en esos conflictos no tienen defensa: los ciudadanos. Es la fórmula que planteamos incluir en la ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no fue aceptada, con un órgano externo al Ministerio de Interior para recurrir los desacuerdos en el Consejo de Policía, cuyas decisiones deberían ser vinculantes (ahora no lo son). No lo inventamos, estaba escrito en un libro del Consejo Económico y Social hace 30 años.
La sociedad evoluciona a un ritmo infinitamente más rápido que los políticos haciendo leyes, y la regulación actual y abuso del derecho de huelga por quienes no tienen salarios bajos ni trabajos precarios es una prueba evidente de ello. El derecho de huelga por funcionarios públicos o trabajadores privados perjudicando a miles o millones de personas es un anacronismo impropio de este tiempo; funcionarios del Estado lesionando derechos del pueblo, la ciudadanía, en la que se sustenta la razón de ser del propio Estado del que cobran esos funcionarios por prestar servicios a quienes perjudican en su propio beneficio es un Oxímoron. Trabajadores y obreros peor pagados, con menos derechos y estabilidad laboral que los funcionarios o trabajadores que los utilizan de rehenes para mejorar sus condiciones laborales y ampliar más la brecha salarial y en derechos laborales. Los derechos de la ciudadanía no pueden ser utilizados como moneda de cambio por funcionarios o trabajadores cuyas condiciones salariales y laborales son mucho mejores, que son posibles gracias a los impuestos y precios por servicio que pagan los trabajadores perjudicados.
En el siglo XXI los sindicatos siguen siendo necesarios. En las últimas semanas ha habido acuerdo de incremento del SMI; de incremento salarial hasta 2025 con el 10% de incremento como referencia (con el que los trabajadores perderán poder adquisitivo); mejoras que permiten desconvocar la huelga de personal de la Seguridad Social (que, como la justicia, desespera a quienes necesitan gestionar situaciones vitales); o en Andalucía, sobre Atención Primaria y mantenimiento de 11.000 sanitarios que iban a ser despedidos, acreditan la plena vigencia de los sindicatos. Solo hay que imaginar a un trabajador negociando individualmente sus condiciones laborales y salario con una comunidad autónoma, el Banco Santander o Mercadona para ser conscientes de la desproporción de fuerzas. Una hormiga frente a una manada de elefantes.
Aun con los sindicatos plenamente implantados en la sociedad, con escasa afiliación y quizás excesiva organización interna burocrática/administrativa, sigue habiendo muchos agujeros negros en la protección de los trabajadores. Hay explotación laboral de inmigrantes ilegales sin una política específica para combatirla, y de inmigrantes regularizados trabajando y viviendo en condiciones de esclavitud inaceptables en cualquier democracia del primer mundo (salarios miserables, durmiendo en tiendas de campaña o casas en ruinas, sin luz, agua corriente etc., con la complicidad de todas las administraciones y a la vista de toda la sociedad y medios de comunicación, que no lo vemos como en Alemania no vieron lo que hacían los nazis). También existe precariedad y abusos contra trabajadores españoles sin cualificación en hostelería, transporte, comercios, etc. con salarios bajos, muchas horas que no se cobran, fraude en altas a la seguridad social (20 horas/semana trabajando 50) y jornada partida son la razón principal de que haya miles de puestos de trabajo sin cubrir. Y no es cuestión de pequeños autónomos que no puedan pagar, sino de grandes empresarios con muchos negocios y yates que deberían ser perseguidos por los sindicatos, los inspectores de trabajo y los ayuntamientos. En estos sectores de trabajadores mal pagados sería muy necesaria una huelga que mejorara sus condiciones laborales y salariales, pero no hay sindicato que la convoque quizás por falta de representatividad. Estos trabajadores, los más necesitados, están fuera del sistema y de las huelgas que sí hacen quienes tienen mejores salarios, estabilidad profesional y más derechos, perjudicando a estos trabajadores que, aunque tengan derechos reconocidos legalmente, en la práctica no pueden ejercerlos. Los derechos de los trabajadores en España si no eres funcionario o estas cualificado son, como la canción de Chambao, Papeles Mojados.
