La democracia española se tambalea.
Así lo sugiere un reciente informe de la Unión Europea, que ha encendido todas las alarmas en Bruselas.
El documento, filtrado a la prensa esta semana, señala que el Gobierno Sánchez ha acumulado ya diez indicadores considerados propios de regímenes totalitarios, poniendo en jaque el estatus de España como democracia plena.
Entre las deficiencias detectadas destacan el socavamiento de resoluciones judiciales, presiones políticas sobre jueces, casos de corrupción de alto nivel, abuso de poder y acciones contra el pluralismo mediático.
Un cóctel explosivo que amenaza los cimientos del Estado de Derecho español.
El asalto a las instituciones
Desde su llegada al poder en 2018, Sánchez ha emprendido una campaña sistemática para controlar los principales órganos del Estado.
El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Centro Nacional de Inteligencia han sido objeto de polémicas maniobras para colocar a afines en puestos clave.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha dudado en calificar la situación de «poder dictatorial».
En sus propias palabras:
«Se ha colado un poder dictatorial que va a acabar con todo lo que nos hemos dado en democracia».
La oposición denuncia que el Ejecutivo Frankenstein está utilizando las instituciones del Estado como escudo protector y arma arrojadiza contra sus adversarios políticos.
Un comportamiento que, según Ayuso, constituye «un abuso nunca visto en democracia».
La ley a medida
Otro de los puntos negros señalados por Bruselas es la modificación ad hoc del Código Penal para beneficiar a socios políticos del Gobierno.
La derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación, hechas a la medida de los líderes independentistas catalanes, han sido duramente criticadas por juristas y organismos internacionales.
A esto se suma la polémica Ley de Amnistía, considerada por muchos expertos como inconstitucional, y que ha provocado multitudinarias protestas en las calles.
La norma, negociada en secreto con partidos separatistas a cambio de apoyo parlamentario, ha sido calificada por la oposición como un ataque frontal al Estado de Derecho.
Corrupción y escándalos
El informe europeo también pone el foco en los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo.
El escándalo de las mascarillas durante la pandemia, que involucra al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ha dejado en evidencia prácticas poco transparentes en la contratación pública.
A esto se suman las sospechas sobre la pareja de Sánchez, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.
La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción ha provocado un terremoto político, con acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición sobre el uso partidista de las instituciones.
Libertad de prensa en entredicho
El pluralismo mediático es otra de las áreas donde España recibe un suspenso.
La presión sobre medios críticos, los intentos de control de RTVE y la opacidad en el reparto de publicidad institucional han levantado ampollas en Bruselas.
El Gobierno ha sido acusado de favorecer a medios afines y castigar económicamente a los críticos. Una práctica que, según denuncian asociaciones de periodistas, atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
Los expertos advierten que España podría perder su estatus de «democracia plena» en los próximos índices internacionales.
El país ya fue degradado a «democracia defectuosa» en 2021 por The Economist debido a preocupaciones sobre la independencia judicial.
Con una puntuación actual de 8,07 sobre 10, España se encuentra peligrosamente cerca del umbral de 8,00 que la clasificaría definitivamente como democracia defectuosa.
Un descenso que, según los analistas, exacerbaría la polarización política y social.
- España ocupa actualmente el puesto 24 en el Índice de Democracia mundial, por detrás de países como Uruguay o Mauricio.
- El 51% de los ciudadanos de la UE no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en sus países.
- Pedro Sánchez ha nombrado ya a más de 300 altos cargos desde que llegó al poder, un récord en la democracia española.
- El Gobierno español ha gastado más de 500 millones de euros en publicidad institucional desde 2018, según datos oficiales.
Como dijo el filósofo Karl Popper: «La democracia no garantiza la libertad, pero sin ella la libertad no existe».
