La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra y parte de su equipo en la Conselleria de Igualdad por el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana.
Esta decisión judicial, adoptada el pasado 9 de mayo, despeja el camino para que los procesados se sienten en el banquillo, al desestimar los recursos presentados contra el auto de procedimiento abreviado dictado en junio por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
El caso, que provocó la dimisión de Oltra de todos sus cargos políticos en 2022, ha dado un paso decisivo hacia la fase de juicio oral. Cabe destacar que la propia Oltra no recurrió en su momento el auto de procesamiento, a diferencia de varios miembros de su equipo y funcionarios implicados en la causa.
La Audiencia ha considerado que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento, aunque ha insistido en que esta decisión no prejuzga la culpabilidad de los acusados.
Un caso con profundas implicaciones políticas
El proceso judicial se centra en determinar si existió una actuación coordinada para minimizar o silenciar las denuncias de la menor, quien finalmente fue reconocida como víctima de abusos. La investigación afecta a un total de 15 personas, incluyendo a la propia Oltra, aunque el tribunal ha acordado el sobreseimiento provisional para Carmen Fenollosa, quien ejercía como directora territorial de Igualdad, al no considerar probada su implicación directa en los hechos investigados.
Este caso ha sacudido el panorama político valenciano desde que estalló, provocando la salida de Oltra de la primera línea política. La dirigente de Compromís, que fue una de las figuras más relevantes del llamado «Gobierno del Botànic», se vio obligada a dimitir en 2022 tras conocerse su imputación en esta causa, en un momento especialmente delicado para la coalición progresista que entonces gobernaba la Comunidad Valenciana.
Las claves de la investigación
El núcleo de la investigación gira en torno a las supuestas maniobras para encubrir los abusos cometidos por Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Oltra y educador en un centro de menores dependiente de la Generalitat, a una menor tutelada. El educador ya fue condenado por estos hechos, pero la justicia investiga ahora si desde la Conselleria que dirigía Oltra se orquestó un plan para protegerle o minimizar el impacto del caso.
La Audiencia Provincial ha señalado en su resolución que el auto de procedimiento abreviado no implica una condena, sino que responde a la existencia de indicios razonables que justifican continuar el proceso. Sin embargo, la decisión supone un duro revés para la defensa de los procesados, que habían intentado evitar la apertura de juicio oral.
Reacciones y consecuencias políticas
La confirmación del procesamiento ha generado numerosas reacciones en el ámbito político valenciano. Desde Compromís, formación a la que pertenece Oltra, han mantenido durante todo el proceso judicial que se trata de una persecución política orquestada por la derecha y la extrema derecha, con la colaboración de determinados sectores judiciales.
Por su parte, desde los partidos de la oposición en aquel momento (PP y Vox), siempre han defendido que la justicia debe investigar hasta el final posibles irregularidades en la gestión de un caso tan grave como el abuso a una menor tutelada por la administración.
El caso Oltra representa uno de los episodios más controvertidos de la política valenciana reciente, con ramificaciones que van más allá de lo judicial para adentrarse en el terreno de la confrontación ideológica. La causa ha estado rodeada de polémica desde sus inicios, con acusaciones cruzadas sobre la instrumentalización política de la justicia.
Próximos pasos judiciales
Tras la confirmación del procesamiento, el siguiente paso será la apertura formal de juicio oral, donde se determinará la fecha para las vistas y se concretarán las acusaciones contra cada uno de los procesados. La Fiscalía y las acusaciones particulares deberán presentar sus escritos de acusación, detallando los delitos que consideran probados y las penas solicitadas.
El caso se encuentra ahora en un momento decisivo, después de casi tres años de instrucción. La complejidad de la causa, con múltiples implicados y una extensa documentación, ha provocado que la investigación se haya dilatado en el tiempo, generando un desgaste evidente en todas las partes involucradas.
La decisión de la Audiencia Provincial supone, en la práctica, que Mónica Oltra deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por su presunta implicación en el encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido. Una situación inédita para quien fuera una de las políticas más influyentes de la Comunidad Valenciana y referente de la izquierda valencianista.
¿Sabías que el caso comenzó con la denuncia de la menor abusada, quien posteriormente fue reconocida como víctima por los tribunales? La joven, que entonces tenía 14 años y estaba bajo tutela de la Generalitat, denunció los tocamientos y abusos por parte del educador, exmarido de Oltra, iniciando un proceso judicial que acabaría salpicando a la cúpula de la Conselleria de Igualdad.
