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Hoy, 12 de junio de 2025, la política internacional vuelve a mirar hacia el sur de Europa. Gibraltar, ese pequeño territorio que durante siglos ha sido punto de fricción entre España y Reino Unido, se convierte en noticia tras el anuncio de un «acuerdo histórico» entre ambas naciones y la Unión Europea.
Se trata de un pacto que pone fin a cinco años de negociaciones tensas tras el Brexit y que elimina la famosa Verja, el último muro físico en Europa occidental.
Sin embargo, bajo la euforia oficial, surgen voces críticas en España que consideran este acuerdo como una clara derrota diplomática y una renuncia implícita a las aspiraciones históricas de soberanía sobre el Peñón.
El principal titular del pacto es la eliminación de la Verja fronteriza entre La Línea y Gibraltar. Esto supone una integración práctica del Peñón en el espacio Schengen: las personas y mercancías podrán circular libremente entre ambos lados sin controles físicos ni retenciones. La policía española gestionará los controles de pasaportes en el puerto y el aeropuerto gibraltareños, aunque bajo supervisión europea y británica.
En palabras del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, «desaparece el último muro de Europa continental». Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebra lo que considera una garantía para la economía local y una solución a años de incertidumbre.
Soberanía: la gran ausente del acuerdo
Pese al tono triunfalista, el texto no aborda –ni modifica– la cuestión de fondo: quién debe ejercer la soberanía sobre Gibraltar. Tanto Londres como Madrid han dejado claro que el acuerdo «no cambia en nada» esta disputa. El Peñón seguirá siendo británico en términos jurídicos y políticos; España mantiene su reivindicación histórica, pero sin avances tangibles. El propio presidente Pedro Sánchez asegura que «no hay renuncia a las reclamaciones españolas sobre el istmo y la retrocesión de Gibraltar».
Sin embargo, desde sectores políticos y diplomáticos nacionales –especialmente desde el Partido Popular y antiguos responsables de Exteriores como José Manuel García-Margallo– se califica el resultado como una oportunidad perdida. Se denuncia que España acepta gestionar los controles bajo mandato europeo sin presencia física directa en tierra gibraltareña y sin arrancar concesión alguna sobre soberanía o jurisdicción.
«Somos el primer país del mundo que renuncia al control efectivo de sus fronteras», sostiene Margallo. «Se renuncia a esa soberanía política, al control de las fronteras y al desarrollo económico».
Claves políticas: integración a cambio de estabilidad
La postura del Gobierno español se apoya en los beneficios inmediatos para los ciudadanos del Campo de Gibraltar –unos 10.000 españoles cruzan cada día para trabajar en el Peñón– y para las empresas locales que sufren las consecuencias del Brexit y los controles fronterizos. Según Sánchez, se trata «de un acuerdo global en beneficio de los ciudadanos».
La Unión Europea respalda este enfoque pragmático. La presencia española en los controles aeroportuarios aporta cierta legitimidad simbólica, pero no altera el estatus jurídico internacional. El pacto incluye compromisos para igualar condiciones fiscales y laborales, combatir el blanqueo y asegurar transparencia financiera; elementos clave para evitar distorsiones económicas entre ambos lados de la frontera.
Antecedentes: cinco años de bloqueo
El origen inmediato del acuerdo se remonta al 31 de diciembre de 2020, cuando Londres y Bruselas cerraron su divorcio definitivo con el Brexit. Gibraltar quedó entonces fuera del paraguas comunitario, generando incertidumbre sobre su futuro acceso al mercado único europeo y su relación con España. Las negociaciones han sido arduas; ningún Gobierno quería ser percibido como débil ante sus respectivas opiniones públicas.
Durante este tiempo:
- Las relaciones bilaterales España-Reino Unido se congelaron en torno al tema gibraltareño.
- La economía local sufrió por las trabas a la movilidad.
- La presión social creció a ambos lados de la frontera.
¿Quién gana realmente?
La euforia oficial contrasta con la realidad estratégica: Reino Unido refuerza su control político sobre Gibraltar mientras mantiene acceso al mercado europeo para su colonia más emblemática. España obtiene ventajas prácticas para sus ciudadanos fronterizos pero deja intacta –cuando no debilitada– su posición histórica sobre la soberanía.
En resumen:
| Aspecto | Beneficia a Reino Unido/Gibraltar | Beneficia a España |
|---|---|---|
| Soberanía | Sí (se consolida) | No (sin avances) |
| Integración Schengen | Sí | Parcial (ventajas laborales) |
| Controles físicos | Desaparecen | Desaparecen |
| Control fronterizo | Compartido (UE/España) | Limitado (no hay control total) |
| Economía local | Sí | Sí |
Perspectivas futuras
Aunque queda pendiente la ratificación formal del texto por parte de los organismos europeos y nacionales implicados, todo apunta a que este modelo marcará las relaciones hispano-británicas durante años. El Gobierno español defiende haber protegido sus posiciones jurídicas respecto a Gibraltar; sin embargo, muchos analistas coinciden en que esta solución puede perpetuar –o incluso consolidar– una situación desfavorable para los intereses históricos españoles.
Más allá del simbolismo político o jurídico, lo cierto es que hoy desaparece uno de los últimos vestigios físicos del siglo XX en Europa occidental. Pero también se esfuma –al menos por ahora– cualquier expectativa realista sobre una recuperación española del Peñón.
