En las últimas semanas, el escenario político español ha estado marcado por un nuevo terremoto: la trama de corrupción ligada al PSOE que tiene a Koldo García Izaguirre como protagonista.
El guarespaldas, amigo, socio y exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos no solo está en el centro de la polémica por las sospechas de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, sino que además ha resultado ser un minucioso grabador.
Koldo grabó sistemáticamente a altos cargos del Gobierno, incluidos desayunos semanales con Rafael Pérez Ruiz, el ya ex número dos del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Las revelaciones recientes han confirmado lo que muchos en Ferraz temían: Koldo no se limitó a grabar conversaciones esporádicas, sino que desarrolló una auténtica red de registros sonoros. Entre sus objetivos estaban figuras clave del aparato socialista y del propio Ejecutivo. Las cintas, según fuentes próximas a Koldo, se almacenaban cuidadosamente como «seguro de vida» para negociar llegado el caso con el partido o las autoridades judiciales. La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ha hallado ya grabaciones en las que se nombra a Rafael Pérez y a otros dirigentes socialistas, así como diálogos sobre las negociaciones con figuras tan sensibles como Carles Puigdemont o representantes de Bildu.
La dimisión de Rafael Pérez: ¿motivos personales o cortina de humo?
La dimisión repentina de Rafael Pérez Ruiz hace apenas tres semanas ha dejado un vacío notable en Interior y ha alimentado las teorías sobre las verdaderas razones tras su salida. Oficialmente, Pérez adujo «motivos personales», pero el contexto es elocuente: su marcha coincide con la explosión pública del caso Koldo y con una serie de desavenencias internas entre la cúpula política del ministerio y los mandos operativos, especialmente tras los intentos —según fuentes policiales— de menoscabar la labor investigadora de la UCO.
Pérez Ruiz había sido durante años mano derecha y hombre de confianza de Marlaska. Sin embargo, su abrupto abandono —cuando tenía toda una semana repleta de reuniones clave— sorprendió incluso a sus propios colaboradores. La presión mediática sobre los audios grabados por Koldo y las sospechas sobre favores personales —incluido el traslado laboral de un familiar suyo gestionado por el propio Koldo— han incrementado las suspicacias. Algunas voces apuntan a que la dimisión buscaba proteger tanto a Marlaska como al núcleo duro del PSOE, sacrificando una pieza relevante para frenar el desgaste institucional.
La implicación de Ábalos y la estrategia judicial
En paralelo, otro nombre regresa al primer plano: José Luis Ábalos. El exministro, también salpicado por las investigaciones sobre contratos irregulares en plena crisis sanitaria, solicitó recientemente ante el Tribunal Supremo que Rafael Pérez Ruiz declarara sobre la compra fraudulenta de mascarillas. Esta petición añade presión a una causa ya cargada de ramificaciones políticas y pone foco en las decisiones tomadas desde Interior durante los peores meses de la pandemia.
El movimiento judicial tiene doble filo: por un lado, puede contribuir a esclarecer hasta dónde llegaba el conocimiento y la implicación del número dos del ministerio en los contratos bajo sospecha; por otro, expone aún más al PSOE al escarnio público justo cuando intenta contener daños internos.
El Senado entra en acción: comparecencias y batalla política
La crisis institucional ha llegado también al Parlamento. El Senado ha citado a declarar ante su comisión investigadora a los principales implicados en la llamada «trama Koldo», incluyendo al propio Marlaska, a la directora de la Guardia Civil Mercedes González y al exsecretario Rafael Pérez Ruiz. Las comparecencias prometen ser un verdadero circo político: los populares insisten en investigar las «cloacas del sanchismo» y esclarecer si hubo maniobras para desprestigiar o presionar a los investigadores de la Guardia Civil.
El ambiente es tenso. Desde sectores críticos se denuncia que el caso revela una preocupante «venezolanización institucional», donde las estructuras políticas buscan blindarse frente a investigaciones incómodas mediante presiones internas o filtraciones interesadas.
Curiosidades, cifras y detalles llamativos
- Rafael Pérez Ruiz ha percibido cerca de 787.000 euros brutos desde junio de 2018 como número dos del Ministerio del Interior.
- En los audios incautados figuran conversaciones donde se discute abiertamente cómo protegerse ante posibles pinchazos telefónicos.
- Koldo habría dejado deliberadamente varias grabaciones accesibles para los investigadores como «moneda de cambio» si su situación judicial se complicaba.
- La salida fulminante de Pérez Ruiz pilló desprevenidos incluso a sus colaboradores más cercanos: tenía reuniones programadas para toda esa semana.
- La comisión parlamentaria incluye también entre los citados a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, quien aparece mencionado en varios audios clave.
- El caso Leire Díez Castro («la fontanera»), también implicada en supuestas maniobras para desprestigiar a jueces y fiscales, ha añadido más leña al fuego mediático.
- El Ministerio del Interior insiste oficialmente en desvincular la dimisión de Pérez Ruiz tanto del escándalo Koldo como del polémico contrato reciente con una empresa israelí.
Por si alguien pensaba que lo peor había pasado tras Begoña Gómez o Tito Berni, parece claro que la saga socialista aún guarda episodios dignos del mejor thriller político. Que nadie apague aún la radio… porque puede que lo siguiente también esté grabado.
