Ansiedad.
Y la certeza de que algo malo para ellos saldrá de la declaración.
En pleno verano político y con los termómetros disparados, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) vuelve a verse sacudido por un terremoto judicial que afecta a su cúpula.
Santos Cerdán, hasta hace nada secretario de Organización —el puesto clave en la maquinaria interna del partido— comparece este lunes 30 de junio de 2025 ante el Tribunal Supremo como investigado por el llamado caso Koldo.
No es un episodio aislado: se trata del segundo secretario de Organización consecutivo en verse implicado por presunta corrupción relacionada con contratos públicos.
Este escándalo ha dejado al PSOE en estado de shock, con medidas de urgencia, dimisiones y un equipo de transición improvisado para tomar las riendas de la secretaría de Organización. El partido intenta contener una crisis interna que amenaza con dejar cicatrices profundas en su credibilidad y cohesión política.
De las mascarillas a los túneles: así se urdió la trama
El origen del caso se remonta a la pandemia y a la famosa ‘operación Delorme’, cuando las sospechas sobre comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas salpicaron primero a Koldo García —asesor y hombre fuerte del exministro Ábalos— y terminaron salpicando también a Cerdán. Lo que comenzó como una denuncia del Partido Popular madrileño ha acabado convirtiéndose en una investigación penal que pone contra las cuerdas a buena parte del aparato socialista.
La Guardia Civil (UCO) ha aportado grabaciones, documentos y testimonios que dibujan un esquema donde varias empresas obtuvieron contratos públicos —algunos multimillonarios— mediante presuntas mordidas. En este contexto aparece Servinabar 2000 SL, una pequeña constructora navarra cuya verdadera relevancia ha quedado al descubierto tras los registros judiciales: Cerdán poseía casi la mitad del capital social (el 45%) desde 2016, según acreditan las escrituras incautadas por la UCO.
Obras bajo sospecha: túneles, subvenciones y arbitrariedades técnicas
La lista de adjudicaciones bajo sospecha es extensa y llamativa:
- Navarra Arena (Pamplona): Adecuación del pabellón deportivo por 3,7 millones de euros. Servinabar participó en UTE con Acciona pese a ser una empresa muy pequeña para proyectos tan ambiciosos. Los agentes no aprecian qué valor añadido aportó más allá de su influencia política.
- Proyecto Mina Muga: Otro contrato en Navarra facilitado apenas dos meses después de crearse Servinabar 2000.
- Obras en los túneles de Belate: El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, firmó una ayuda pública de 40 millones para obras adjudicadas a Servinabar. La decisión llegó meses después de que tres de los ocho técnicos presentes en la mesa técnica cuestionaran arbitrariedades en la adjudicación, lo que ha levantado aún más sospechas sobre favoritismos y presiones políticas.
En todos estos casos, los investigadores señalan un patrón: empresas modestas acceden a grandes contratos gracias a su proximidad con cargos políticos socialistas. El propio Ejecutivo navarro ha defendido reiteradamente la licitud de estos procesos, pero los interrogantes sobre el procedimiento y las irregularidades detectadas por técnicos independientes siguen creciendo.
El dinero en efectivo y los vínculos personales
Los registros realizados por orden judicial han sacado a la luz no solo documentación comprometedora sino también dinero en efectivo —más de 16.000 euros localizados en mochilas— junto con pruebas materiales del traspaso accionarial entre el empresario Joseba Antxon Alonso (administrador único) y Cerdán. La presencia reiterada del nombre del exsecretario socialista en conversaciones grabadas refuerza para el juez Puente la hipótesis de que fue pieza clave —junto al exministro Ábalos— en el reparto ilegal de mordidas derivadas de contratos públicos.
Pero hay más: según informaciones recientes, Cerdán no solo habría favorecido económicamente a su entorno empresarial. También habría “enchufado” a la mujer de uno de sus socios empresariales en el Consejo Superior de Deportes (CSD), lo que añade un nuevo capítulo al historial de favores cruzados entre política y negocios ligados al círculo socialista.
Una cúpula socialista desbordada: dimisiones, equipos provisionales y regeneración pendiente
La reacción no se ha hecho esperar. Con Cerdán apartado fulminantemente —tras perder incluso su militancia—, el PSOE ha puesto en marcha un comité provisional formado por Cristina Narbona, Ana María Fuentes, Montse Mínguez García y Borja Cabezón para pilotar la secretaría hasta el próximo Comité Federal. Este grupo tiene como misión urgente diseñar medidas radicales para evitar nuevos escándalos y restaurar la imagen pública del partido antes del decisivo cónclave interno previsto para julio.
Entre las prioridades está reforzar los mecanismos internos de control e impulsar una regeneración real tras dos secretarios consecutivos envueltos en tramas similares.
Consecuencias políticas inmediatas… y algunas curiosidades
Las consecuencias para el PSOE ya son notorias:
- Daño reputacional severo justo antes del verano político.
- Un equipo directivo provisional bajo fuerte presión mediática.
- Debate interno sobre cómo blindar futuras adjudicaciones públicas frente al clientelismo.
- Un partido sumido en tensiones internas que deberá afrontar un Comité Federal crucial dentro de pocos días.
Y como curiosidad final, vale recordar que todo este proceso comenzó como una denuncia política presentada tras otro escándalo —el relacionado con las mascarillas en Madrid— y terminó abriendo una caja de Pandora que nadie imaginaba tan profunda.
Por si fuera poco, algunos observadores bromean ya sobre si debería instalarse una “puerta giratoria” entre Ferraz y los juzgados del Supremo: dos secretarios consecutivos implicados no es precisamente una estadística tranquilizadora para quienes aspiran a regenerar la vida pública española.
