Otra tramposa.
Y de la misma cuerda que los anteriores.
En pleno verano, cuando media España intenta desconectar del trajín político, un nuevo capítulo de controversia se instala en la agenda pública: Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha presentado en su currículum como ‘máster’ lo que en realidad era un curso de apenas 168 horas, muy lejos de las 1.500 exigidas legalmente para ser considerado máster oficial.
El escándalo, destapado en las últimas horas por varios medios digitales, resucita viejas heridas sobre la credibilidad y transparencia de quienes ostentan cargos públicos.
El asunto no es menor: en un país donde los títulos académicos han servido durante años como moneda de cambio política (y arma arrojadiza entre adversarios), el hallazgo arroja sombras sobre la trayectoria de una de las figuras más visibles del Ejecutivo.
No es la primera vez que el currículum de un alto cargo se convierte en munición para el debate nacional, pero la dimensión mediática adquirida por este caso resulta singular.
¿Qué es un máster (de verdad) y qué hizo Yolanda Díaz?
Para situar el debate en su justa medida conviene recordar que, según la normativa española, un máster universitario oficial debe sumar al menos 60 créditos ECTS, es decir, 1.500 horas lectivas. El cursillo que Díaz incluyó en su biografía apenas llegaba a las 168 horas—un 11% del mínimo requerido—y fue impartido por una institución privada, sin reconocimiento oficial como título propio universitario ni validez homologada por el Ministerio correspondiente.
La maniobra ha sido calificada en los mentideros políticos como “el máster menguante”, con un toque de sorna que no ha pasado inadvertido en redes sociales y tertulias. Los defensores de la vicepresidenta argumentan que se trató simplemente de una “imprecisión técnica”, pero los críticos ven en ello una muestra más del doble rasero que algunos aplican a sus méritos académicos.
Las ramificaciones políticas: PSOE y Compromís bajo el microscopio
El terremoto no se detiene en el despacho de Díaz. La polémica por los títulos ‘exprés’ salpica también a otros actores relevantes. En la Comunidad Valenciana, PSOE y Compromís han rechazado retirar el nombre del comisionado dimitido—acusado de “fabricar” títulos—de la Casa de la Cultura de su localidad natal. Un gesto simbólico que ha encendido aún más los ánimos entre quienes exigen mayor ejemplaridad en las instituciones públicas.
La negativa a modificar el nombre se interpreta desde ciertos sectores como un ejercicio de corporativismo político o incluso como una forma velada de respaldo a prácticas poco transparentes. En cualquier caso, evidencia la dificultad real para implementar cambios efectivos cuando afectan a figuras afines o históricas del entorno político local.
La mujer del comisionado dimitido: sueldo sin titulación
Por si fuera poco, otra derivada del caso añade leña al fuego mediático: la esposa del comisionado dimitido se embolsó nada menos que 720.000 euros durante sus nueve años como subdirectora general autonómica sin acreditar titulación universitaria alguna. La cifra resulta especialmente llamativa si se compara con las exigencias formativas impuestas a otros aspirantes a cargos públicos o técnicos, y pone sobre la mesa el debate sobre meritocracia y clientelismo en las administraciones públicas.
La situación se agrava al conocerse que su promoción coincidió con decisiones políticas impulsadas desde Compromís y PSOE, lo que suscita preguntas incómodas sobre los procedimientos internos para valorar méritos y capacidades reales frente a afinidades personales o partidistas.
Consecuencias políticas y sociales
Las repercusiones inmediatas son evidentes. Por un lado, el daño reputacional para Yolanda Díaz y para Sumar justo cuando tratan de reposicionarse tras un año electoral complicado.
Además, suma mayor desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y quienes las dirigen, al tiempo que aumenta la presión sobre PSOE y Compromís para reforzar mecanismos internos de control y depuración.
y Por el otro lado, reactiva el debate sobre si existe una “élite” política acostumbrada a sortear requisitos legales o éticos sin consecuencias tangibles.
No faltan quienes ven en todo esto una muestra más del denominado “síndrome del currículum fácil”, esa tendencia tan española —aunque no exclusiva—a adornar trayectorias con cursos breves revestidos de pomposidad académica.
¿Estamos ante un cambio real?
A pesar del revuelo mediático, muchos analistas dudan de que estas polémicas desemboquen en reformas estructurales profundas. La historia reciente demuestra que los escándalos relacionados con títulos suelen tener recorrido corto: mucha indignación inicial, algunas dimisiones puntuales y pocas consecuencias duraderas.
No obstante, las redes sociales —siempre dispuestas a sacar punta— ya han acuñado términos como “máster fast food” o “cursillo deluxe” para describir estos atajos formativos. La presión mediática podría forzar algún ajuste normativo o revisión interna… o quizá todo quede en agua de borrajas hasta el próximo episodio.
