No todos los días Madrid recibe la visita de una misión de alto nivel del Consejo de Europa, y menos aún con el país en plena marejada institucional.
La llegada de la Comisión de Venecia—el brazo consultivo en materia constitucional del Consejo—coincide con el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y un clima político en el que la independencia judicial está más cuestionada que nunca.
España se encuentra en el epicentro del debate europeo sobre separación de poderes y calidad democrática.
La misión europea no es un simple trámite burocrático: se trata de una evaluación a puerta cerrada que, del 12 al 15 de noviembre, reunirá en Madrid y Barcelona a representantes del Gobierno, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Senado, catedráticos y asociaciones judiciales.
El objetivo es claro: examinar si España cumple los estándares exigidos a cualquier miembro de pleno derecho y, sobre todo, presionar para que se adopten reformas urgentes que garanticen la independencia judicial, con especial foco en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y el papel del Ministerio Fiscal.
El fiscal general en el banquillo: un caso sin precedentes
Por primera vez en la historia reciente, el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo vinculado al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso al tiempo que no dimite y sigue en el cargo.
El juez ha impuesto a García Ortiz una fianza de 150.000 €, aunque ha rechazado suspenderle cautelarmente de sus funciones. La situación es tan inédita que hasta la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha tenido que improvisar respuestas en plena rueda de prensa, reafirmando la confianza del Ejecutivo en su fiscal general y en su inocencia.
La oposición, con el Partido Popular al frente, no ha tardado en cargar contra el Gobierno, exigiendo la dimisión inmediata del fiscal y denunciando lo que consideran una “anomalía democrática” al ver al máximo responsable de la persecución del delito sentado en el banquillo mientras el Ejecutivo le respalda sin fisuras. El debate ha adquirido tintes de tragicomedia: unos ven en García Ortiz un mártir de la politización judicial; otros, el símbolo de la degeneración institucional.
El modelo del CGPJ: Europa exige reformas inmediatas
Uno de los puntos calientes de la visita europea es el eterno debate sobre la elección de los vocales del CGPJ. La Comisión de Venecia ya ha puesto negro sobre blanco lo que considera imprescindible: que los jueces sean elegidos directamente por sus pares, sin la intervención de políticos, tal y como ocurre en los modelos más avanzados del continente. Las recomendaciones europeas han sido reiteradas hasta la saciedad, pero la falta de consenso entre PSOE y PP, así como las resistencias de los partidos minoritarios, han convertido la renovación y reforma del CGPJ en un sainete nacional.
El documento europeo es claro: la independencia de los órganos judiciales debe quedar fuera de la influencia de Parlamento y Ejecutivo. Y, en caso de composición mixta, la elección de los miembros judiciales solo debe corresponder a los propios jueces, no a los partidos políticos. El informe Greco—también del Consejo de Europa—ha vuelto a incidir en este punto, advirtiendo que España debe alinearse con los “mejores estándares europeos” si no quiere convertirse en el alumno díscolo de la clase.
La corrupción y los casos sensibles: Begoña Gómez y el fiscal en el foco
La misión europea no solo examinará estructuras, sino que analizará también el impacto de los casos de corrupción que salpican al Gobierno. El caso que rodea a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y la instrucción abierta contra el fiscal general constituyen la tormenta perfecta para un Ejecutivo que trata de mantener la calma en medio de un vendaval mediático y judicial. El propio Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias contra el juez que investiga a Gómez, lo que ha añadido un nuevo nivel de confusión al ya de por sí enmarañado panorama.
La percepción ciudadana sobre la independencia judicial, aunque ha mejorado ligeramente en 2025, sigue siendo baja: solo el 39 % de los españoles la consideran “bastante buena” o “muy buena”. Las protestas de jueces y fiscales—con huelgas y manifestaciones recientes—son la expresión visible de un malestar profundo en el sector, que denuncia la insuficiencia de las reformas y el riesgo de que la politización acabe minando la confianza en el sistema.
En este clima, el Gobierno ha aprobado recientemente la mayor reforma de la Ley que regula el Ministerio Público en 45 años, con el propósito de reforzar la autonomía e independencia de la Fiscalía, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea y el propio Consejo de Europa. Entre los cambios más relevantes destaca que el mandato del fiscal general será de cinco años y no coincidirá con el del Gobierno, y que su cese solo podrá producirse en casos graves y previo informe del CGPJ.
La reforma también elimina la posibilidad de que el fiscal general sea llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros y otorga más autonomía en los nombramientos y sanciones dentro de la carrera fiscal. Sin embargo, las asociaciones judiciales y fiscales mantienen sus reservas, advirtiendo que los cambios podrían no ser suficientes si no se avanza en la despolitización de los órganos de gobierno judicial.
