En La Retaguardia de este viernes 7 de Noviembre, Eurico Campano analiza con Mario Garcés, Juan Manuel Cepeda y David González el nuevo frente judicial que se le abre a Pedro Sánchez a cuenta de una más que posible financiación ilegal del PSOE.
La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación formal sobre las cuentas socialistas a partir de los pagos en efectivo efectuados a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Esta historia, que gira en torno al famoso ‘caso Koldo’, amenaza con desencadenar una auténtica crisis de Estado, con repercusiones que podrían desestabilizar tanto al Gobierno como a sus frágiles apoyos parlamentarios.
La causa judicial se centra en la gestión de más de 940.000 euros en efectivo por parte del PSOE entre 2017 y 2024 para pagos internos, según la documentación presentada por el propio partido. Testimonios cruciales, como el del exgerente socialista Mariano Moreno y la empleada Celia Rodríguez, han sido incorporados a la investigación.
La declaración de la empresaria Carmen Pano cobra especial relevancia, ya que afirma haber entregado 90.000 euros en bolsas en la sede de Ferraz. El Tribunal Supremo ha remitido a la Audiencia Nacional tanto las declaraciones como un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela descuadres y sugiere la posibilidad de blanqueo de capitales en relación con los pagos en efectivo.
El juez Ismael Moreno, siguiendo los pasos del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, ha optado por separar esta línea de investigación del resto del caso Koldo. La intención es esclarecer si el dinero entregado a Ábalos y Koldo proviene de comisiones ilegales asociadas a contratos públicos, especialmente durante el periodo crítico de la pandemia.
La investigación ha provocado un auténtico seísmo político. Los socios de investidura de Pedro Sánchez, entre ellos Junts, ERC, PNV y Sumar, dijeron semanas atrás que si se confirma la financiación ilegal, su apoyo al Ejecutivo podría llegar a su fin. Ahora parece que llega el momento de ver si cumplirán su promesa o seguirán manteniendo en La Moncloa a Pedro Sánchez por conveniencia partidista de mantener a un Ejecutivo asediado por la corrupción y que además, no tiene mayoría parlamentaria. De momento, y no por la corrupción sino por tacticismo electoral, los golpistas de Junts dicen que van a bloquear 40 proyectos legislativos del Gobierno o del Partido Socialista. Y es que a los esbirros de Puigdemont les interesa ahora distanciarse de Sánchez ante el avance de Aliança Catalana.
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha enfatizado que ya son tres las instancias (UCO, Supremo y Audiencia Nacional) que detectan indicios de delito, mientras el Gobierno intenta restarle importancia al asunto calificándolo como «un mero trámite» y defendiendo la transparencia de sus cuentas.
Desde el ámbito socialista, la respuesta oficial subraya que todos los pagos estaban debidamente justificados, auditados y aprobados por el Tribunal de Cuentas. El PSOE sostiene que estos pagos en efectivo correspondían a liquidaciones por gastos relacionados con viajes y actividades internas, argumentando que cualquier descuadre es atribuible a cuestiones administrativas más que a prácticas ilegales.
Ferraz, epicentro del escándalo
La sede del PSOE en Ferraz se ha convertido nuevamente en el centro neurálgico de una investigación por presunta corrupción. La instrucción busca determinar si la gestión de sobres y bolsas con dinero en metálico se utilizó para regularizar mordidas cobradas a empresarios con intereses ante el Ministerio de Transportes durante la etapa Ábalos. El propio partido admite que la cifra total manejada supera los 940.000 euros, un dato inquietante para muchos militantes.
Entre los aspectos más llamativos se encuentra la existencia de sobres con cantidades superiores a las oficialmente declaradas. El PSOE atribuye esto a gastos operativos, pero desde la UCO mantienen bajo sospecha esta operativa debido a su opacidad y al riesgo potencial de blanqueo. Incluso aparece mencionada la esposa de Koldo García como receptora ocasional de estos fondos.
El caso surge en un momento crítico para el Gobierno, marcado por una debilidad parlamentaria notable. Que la Audiencia Nacional haya decidido investigar esta presunta financiación ilegal representa una grieta considerable en cuanto a legitimidad institucional para quien ostenta el poder. Los partidos aliados con Sánchez han trazado una línea roja; cruzarla podría obligar a convocar elecciones anticipadas.
Como si fuera un thriller legislativo, desde la oposición aprovechan para desempolvar hemerotecas y recordar esos discursos sobre regeneración ética que históricamente han defendido los socialistas; ahora, sin embargo, todas las miradas están puestas sobre Ferraz.
