No le cabe un cacahuete por ese sitio.
Y suda tinta Mariano Moreno Pavón.
El exgerente del PSOE se encuentra en medio de una de las semanas más complicadas de su carrera profesional.
Moreno, que ahora ocupa la presidencia de la empresa pública Enusa, con un atractivo salario de 245.000 euros anuales, recibió el lunes un requerimiento de la Audiencia Nacional que lo ha dejado «blanco como un papel, agarrando el móvil con mano temblorosa y mordiéndose el labio con preocupación».
Este documento judicial exige la entrega completa de toda la documentación contable del PSOE desde 2017 hasta 2024, haciendo hincapié en los justificantes relacionados con los pagos en efectivo, esos notorios sobres que la Guardia Civil ha estado investigando durante meses en el marco del caso por presunta financiación ilegal del partido socialista.
La gravedad de esta situación radica en que Moreno fue quien gestionó esos pagos en efectivo durante su tiempo al frente del PSOE entre 2017 y 2021.
Su responsabilidad era crucial: controlaba los movimientos de caja y las liquidaciones internas del partido, y, según la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO), era quien autorizaba personalmente las devoluciones en metálico que terminaban en manos de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
En febrero pasado, se hizo público que Ferraz mantenía numerosos tickets manipulados para justificar esos pagos en sobres, algo que Pavón ocultó intencionadamente en su declaración ante el Tribunal Supremo, consciente del impacto que esto podría tener en la versión oficial del partido.
El ascenso que huele a recompensa
La decisión de Pedro Sánchez de apartar a Moreno de la gerencia del PSOE en octubre de 2021 fue seguida apenas dos meses después por su nombramiento como presidente de Enusa, la empresa estatal encargada de suministrar uranio enriquecido a las centrales nucleares españolas. Este encadenamiento temporal ha levantado sospechas entre analistas: su salida de Ferraz coincidió exactamente con la destitución de Ábalos como secretario de Organización y con el inicio de las primeras investigaciones por parte de la Guardia Civil sobre los pagos irregulares. La designación fue realizada por medio de la SEPI, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, y representó un notable ascenso para alguien sin experiencia previa en el sector nuclear.
Es curioso observar que el comunicado oficial emitido por la SEPI omitía cualquier referencia a su paso por la gerencia del PSOE. En su lugar, se destacaba que era «diplomado en Gestión y Administración Pública, especialista en Business Intelligence & Big Data», además de contar con «experiencia en consultoría y gestión estratégica» en diversas entidades del tercer sector. Esta omisión no fue casual, sino intencionada según fuentes consultadas. Se decidió ocultar que Moreno había sido una «pieza clave» dentro del sistema interno de pagos del PSOE, siendo él quien autorizaba las devoluciones monetarias y conocía todos los entresijos de una operativa actualmente bajo investigación por posible blanqueo de capitales.
Un millón de euros en efectivo sin justificar
Las pesquisas llevadas a cabo por la Audiencia Nacional han puesto al descubierto un dato alarmante: entre 2017 y 2024, el PSOE retiró un millón de euros en efectivo desde una cuenta bancaria alimentada por subvenciones públicas, cuotas de afiliados y donaciones. Lo verdaderamente inquietante no es solo esta cifra descomunal, sino también el hecho de que no existe un control claro sobre cómo se distribuyeron ni se justificaron esos fondos. El fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta ha señalado explícitamente que «la documentación presentada hasta ahora por el PSOE no es esclarecedora» y ha subrayado la necesidad de continuar investigando para «aclarar las dudas existentes».
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil ofrecen una visión reveladora sobre el papel desempeñado por Moreno. En un mensaje enviado en junio de 2019 entre Koldo García y su esposa Patricia Úriz, discutían sobre un pago de 2.000 euros a un chófer del Ministerio de Transportes. Cuando Úriz preguntó a una empleada identificada como «Celia» si debía concretar esa entrega, recibió una respuesta clara: «Celia dice que eso no lo va a preguntar; tiene que ser Ábalos o Santos quien hable con Gerencia». Para los investigadores de la UCO, esa referencia a «Gerencia» apunta sin lugar a dudas hacia Pavón, confirmando así su rol como supervisor sobre las operaciones económicas internas del partido.
El pánico en Enusa
Desde que recibió el requerimiento judicial el lunes pasado, el clima laboral dentro de Enusa ha cambiado drásticamente. Varios directivos consultados han afirmado que ha habido «un terremoto interno» dentro de la empresa. Moreno ha solicitado revisar personalmente toda la documentación relacionada con el PSOE que tiene a su disposición y ha advertido a su círculo más cercano que «los próximos días pueden ser muy delicados». Su comportamiento dentro del edificio ha cambiado notablemente: empleados han comentado que incluso «se nota su forma de andar», ya que ha reducido al mínimo sus actividades institucionales e intenta «mantener un perfil técnico ajeno al habitual».
La presión judicial ahora es triple. No solo debe hacer frente al requerimiento emitido por la Audiencia Nacional; además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado específicamente designar a la UCO como policía judicial para esta investigación sobre las finanzas del PSOE durante Gobierno, encargándole elaborar un informe basado en las evidencias digitales y documentos disponibles. El magistrado Ismael Moreno pronto tomará decisiones al respecto; todo indica que esta investigación se intensificará considerablemente.
La teoría del blanqueo de capitales
La situación para Pavón se complica aún más debido a cómo ha evolucionado la hipótesis planteada por los investigadores. Ya no solo buscan esclarecer si hubo financiación ilegal dentro del PSOE; también indagan si Ábalos y Koldo García emplearon los gastos pasados al partido para blanquear dinero proveniente supuestamente de sobornos recibidos por empresarios vinculados al Ministerio de Transportes. En otras palabras, se sospecha que habrían utilizado al PSOE como herramienta para blanquear dinero, perjudicando así al partido más que beneficiándose mediante una caja B.
Este matiz resulta crucial para Moreno porque lo coloca ante una situación ambigua. Por un lado, podría alegar haber sido víctima engañada por Ábalos y Koldo; pero, al mismo tiempo, su responsabilidad como gestor directo sobre esos pagos lo sitúa justo en el centro operativo donde ahora se investigan posibles delitos. La UCO ya ha determinado que los pagos realizados «estuvieron supeditados a conversaciones entre Ábalos, Santos Cerdán o Mariano Moreno Pavón», lo cual implica tanto su conocimiento como participación activa en dichas decisiones.
El silencio como moneda de cambio
Desde ciertos ámbitos políticos se interpreta el nombramiento reciente de Moreno al frente de Enusa como una especie recompensa por mantener silencio. El PP ha denunciado abiertamente que «la presidencia de Enusa fue un pago anticipado para asegurar silencio respecto a prácticas irregulares dentro del PSOE». Los senadores populares han afirmado que esto fue «un acomodo diseñado para garantizarle seguridad laboral mientras le proporcionaba un espacio donde su carrera profesional no sufriera interrupciones». Incluso se ha insinuado que Moreno añadió a su currículum seis cursos y un programa ejecutivo vinculado a Barrabés, todo ello con miras a dar una apariencia legítima a su nombramiento dentro esta empresa pública dedicada al sector nuclear.
Lo irónico es que ahora mismo Moreno está situado en una posición extremadamente vulnerable. Sabe demasiado sobre cómo funciona ese sistema interno relacionado con los pagos metálicos dentro del PSOE; sin embargo, también está siendo objeto principal bajo investigación debido a su rol central dentro dicha operativa. Si decide colaborar con las autoridades judiciales podría comprometer seriamente a figuras clave dentro del partido e incluso afectar potencialmente al propio Sánchez. Si opta por guardar silencio corre el riesgo ser acusado tanto complicidad como encubrimiento.
Tres instancias judiciales apuntan en la misma dirección
Lo alarmante es ya son tres las instancias judiciales quienes han encontrado indicios suficientes para abrir investigaciones: la UCO, el Tribunal Supremo y ahora también la Audiencia Nacional. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente ya mencionó haber encontrado «incógnitas» tras revisar cómo fueron gestionados estos abonos metálicos dirigidos tanto hacia Ábalos como hacia Koldo García. La convergencia entre estas tres líneas investigativas apunta claramente hacia una solidez probatoria notable.
La Audiencia Nacional otorgó al PSOE un plazo máximo para entregar toda esa documentación: serán exactamente diez días, lo cual significa aceleración significativa desde mediados diciembre próximo. Moreno es consciente plenamente acerca cómo esos documentos podrían contener evidencias implicándolo directamente operaciones actualmente bajo escrutinio legal relacionadas posibles delitos tales blanqueo capitales o financiación ilegal.
