La escena evoca una tragicomedia digna de las mejores historias políticas.
Leire Díez, la antigua ‘fontanera’ de Ferraz, ha sido detenida por la UCO bajo acusaciones de amaños en contratos públicos.
En un giro sorprendente, ha advertido en privado que si el PSOE la abandona y termina en prisión, “que se preparen Sánchez y su grupo”.
No se trata solo de un arrebato; refleja que este asunto va más allá de una operadora en la sombra y amenaza con salpicar a todo un entramado de poder establecido alrededor de Moncloa, así como a las empresas públicas y los mecanismos institucionales que sustentan al sanchismo.
En cuestión de horas, Díez ha pasado de ser un personaje casi del ámbito de la ficción política —la mujer encargada de los recados delicados y las gestiones discretas— a convertirse en la cara visible de una trama que entrelaza cloacas, corrupción y control judicial. Y lo más preocupante es que representa un riesgo latente: alguien con conocimiento profundo del interior del poder podría decidir hablar si se siente traída.
De ‘fontanera’ oficiosa a pieza central en la Audiencia Nacional
Hasta hace poco, Leire Díez era conocida dentro del entorno socialista como una figura secundaria pero bien conectada: ex concejal, ocupando cargos de confianza en entidades públicas como ENUSA y Correos, disfrutando de relaciones fluidas con Santos Cerdán y participando regularmente en eventos del PSOE. Aunque no estaba oficialmente en nómina del partido, transitaba cómodamente por la órbita de quienes toman decisiones.
El cambio radical ocurrió con la difusión de audios donde ella intentaba desacreditar a mandos de la UCO y fiscales anticorrupción que investigaban asuntos delicados para el círculo cercano a Pedro Sánchez, como el caso Koldo o procedimientos relacionados con Begoña Gómez y David Sánchez. Dichos audios ya revelaban un patrón claro:
- Búsqueda de “papelitos” para poner en duda a mandos de la Guardia Civil.
- Propuestas para lograr supuestos arreglos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información útil para frenar investigaciones.
- Conexiones con imputados por corrupción y mandos policiales involucrados en causas sensibles.
Ahora, tras la detención dictada por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid y llevada a cabo por la UCO, Díez se encuentra en una situación mucho más comprometida: ya no es solo quien intentó desacreditar a investigadores; ahora es considerada una pieza clave dentro de una trama dedicada al amaño de contratos públicos y presiones encubiertas, objeto de investigación por cohecho, tráfico de influencias y otros delitos graves.
De acuerdo con las informaciones judiciales y policiales, esta operación coloca a Díez bajo acusación por hasta cinco delitos muy graves, lo que amplifica su capacidad para ejercer presión sobre quienes antes la veían como una colaboradora valiosa. Por ello, su mensaje filtrado cobra sentido: si el partido decide dejarla caer, está preparada para hablar.
El ascenso en la trama: contratos amañados y cinco delitos graves
Las últimas diligencias han transformado el panorama del llamado “caso Leire”. Lo que comenzó como un relato sobre cloacas y guerra sucia contra la UCO, ahora se ha convertido en una compleja investigación sobre amaños contractuales y el uso indebido de empresas públicas como herramientas políticas.
Los investigadores han vinculado a Díez con:
- Participación activa en un plan ilícito destinado a desacreditar tanto a los altos mandos de la UCO como a los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción.
- Involucramiento en diversas irregularidades relacionadas con contratos públicos bajo examen por parte de la Audiencia Nacional.
- Coordinación con actuales y antiguos responsables en entidades públicas para incidir sobre adjudicaciones y procesos administrativos.
La operación que culminó con su arresto no se centra únicamente en ella. También ha caído bajo sospecha Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y estrecho colaborador de María Jesús Montero, lo que abre otra vía directa hacia el núcleo económico del Gobierno. La figura de esta ‘fontanera’ ya no aparece aislada; ahora forma parte integral de un complejo sistema que conecta Ferraz, Moncloa y los principales instrumentos empresariales del Estado.
Montero, la SEPI y el itinerario de Vicente Fernández
En este contexto conviene prestar atención al papel desempeñado por María Jesús “Chiqui” Montero, quien adquiere relevancia incómoda. Su favorito en la SEPI, Vicente Fernández, asumió el liderazgo del holding público en 2018 pero fue destituido tras verse implicado en una causa relacionada con Emerita Resources así como decisiones polémicas dentro del sector minero andaluz.
Contrario a lo esperado, Fernández vuelve ahora al escenario judicial:
- Fue incorporado a la SEPI siendo considerado uno de los hombres más cercanos a Montero.
- Tras su salida forzada, parece que fue ayudado por Santos Cerdán, quien facilitó su reubicación en Servinabar, una empresa vinculada al entramado contractual actualmente bajo investigación judicial.
- Su nombre está asociado a maniobras destinadas a ocultar causas sensibles relacionadas con el PSOE andaluz, trabajando junto a Leire Díez.
Este recorrido —desde SEPI hasta causas judiciales pasando por recolocaciones— alimenta una sensación clara: no son casos aislados sino parte integrante de una red tejida con lealtades mutuas. Y cada eslabón roto aumenta aún más presión sobre los restantes.
Correos, Serrano y la UCO: el ‘caso Leire’ se cruza con el aparato del Estado
Una derivada particularmente delicada involucra a Correos, cuando estaba presidida por Juanma Serrano, amigo íntimo del presidente. Entre 2022 y 2024, le fue encomendada a Leire Díez una serie de puestos clave dentro esta compañía pública, incluyendo dirección sobre las áreas institucionales y filatelia.
La investigación llevada a cabo por la UCO ahora examina varios contratos suscritos durante ese periodo bajo Serrano como parte integral del entramado vinculado a Díez. No es un dato menor:
- Correos representa uno de los grandes gigantes públicos capaces de realizar contrataciones millonarias.
- Serrano es visto como parte del círculo más cercano al presidente Pedro Sánchez.
- La indagación apunta hacia una red influyente que trasciende Ferraz e infiltra profundamente el propio aparato estatal mediante estas entidades.
La interacción entre Correos, SEPI, Servinabar junto con el papel desempeñado por Díez dibuja un mapa donde las fronteras entre partido político, Gobierno e instituciones públicas se desdibujan peligrosamente.
El blindaje institucional del sanchismo: Fiscalía, Abogacía y resortes de poder
Los audios filtrados junto con las diligencias judiciales presentan un elemento recurrente: referencias explícitas o implícitas sobre cómo utilizar instituciones como la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, entre otros recursos gubernamentales como herramientas protectoras para salvaguardar al núcleo duro del poder.
En sus conversaciones grabadas, Leire Díez habría insinuado incluso posibilidades para “arreglar” situaciones procesales mediante información comprometedora contra altos mandos policiales o fiscales problemáticos. Esta insinuación se entrelaza con una pregunta crucial que resuena en el debate público:
¿Qué sería del presidente sin contar con apoyo incondicional desde la Fiscalía General o sin esos resortes capaces no solo de ganar tiempo sino también modificar procedimientos o dilatar comparecencias incómodas?
Los recientes acontecimientos refuerzan esa percepción:
- Retrasos notables respecto a las solicitudes para que Sánchez comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre estos temas judiciales.
- Tensión creciente alrededor del papel desempeñado por dicha Fiscalía respecto a causas relacionadas con su entorno familiar o político.
- Sensación generalizada acerca de cómo determinados procedimientos parecen manejarse según criterios muy diferentes dependiendo quién esté involucrado.
La detención tanto da Leire como del ex jefe de SEPI refuerza esta idea: existe un claro “núcleo duro” dentro del sanchismo operando no solo desde lo político sino también desde lo económico e incluso desde lo judicial gracias a nombramientos estratégicos así como control temporal sobre instancias institucionales clave.
El aviso de Leire y el miedo a que alguien hable de más
En este punto resulta evidente que aquella frase atribuida a Leire Díez —“si me dejan tirada e ingresan en prisión, prepárense Sánchez y su grupo”— adquiere un peso político notable. No solo transmite rabia o abandono; se trata también un mensaje dirigido hacia aquellos que durante años aprovecharon su labor tras las sombras.
Existen múltiples preocupaciones dentro tanto Ferraz como Moncloa:
- Díez ha manejado información crítica relacionada con jueces, fiscales e incluso altos mandos policiales así como empresarios influyentes.
- Ha estado involucrada activamente en operaciones destinadas al desgaste o descrédito afectando causas judiciales relevantes.
- Ha tenido acceso directo tanto documentación sensible como contactos ahora incluidos dentro sumarios activos ante Audiencia Nacional o juzgados madrileños.
Una ‘fontanera’ resentida enfrentándose al sistema judicial es inherentemente un riesgo impredecible. Más aún cuando este caso afecta no solo niveles intermedios dentro partido sino también toca directamente entornos cercanos al propio presidente Sánchez junto al historial político relacionado con Montero así como trayectorias vinculadas Serrano.
