La semana comenzó con la impresión de que el PSOE atravesaba otra crisis. Al finalizar, la sensación de inestabilidad institucional se hacía palpable en el Gobierno.
Detenciones, dimisiones, registros simultáneos en Hacienda, Correos y Transición Ecológica, así como dudas sobre contratos públicos y un entramado de comisiones que apunta a la oficina política de María Jesús “Chiqui” Montero.
Lo que antes parecía un conjunto de casos aislados se asemeja cada vez más a un complejo entramado interconectado.
En medio del escándalo, surge el equipo más cercano a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. El conocido como “dos” de Montero, el exjefe de la SEPI, Vicente Fernández, ha sido arrestado por la UCO en relación con una presunta red dedicada al amaño de contratos y cobros ilegales.
A su lado, el “tres”, José Antonio Marco Sanjuán, quien fue presidente del TEAC, ya ha dimitido y está bajo la mirada atenta de Anticorrupción por supuestos sobornos a cambio de beneficios fiscales. Completa este triángulo la figura intrigante de Leire Díez, conocida como la “fontanera” del socialismo, también detenida y convertida en pieza clave en una investigación que podría transformar el mapa político.
Alguien se lo tenía que decir en su cara y ha sido @SerranoAlfonso hoy @EnBocaDe_Todos. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/iXVruLN1XD
— Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) December 12, 2025
El “tres” de Montero y las mordidas apuntadas en una libreta
La caída del número tres de Hacienda ha abierto una brecha significativa en la narrativa de integridad del Gobierno.
José Antonio Marco Sanjuán, hasta hace poco presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), renunció tras revelarse que había recibido más de 100.000 euros en efectivo de un empresario a cambio de anular sanciones millonarias impuestas por la Agencia Tributaria.
Documentos entregados a la Fiscalía y testimonios publicados indican que este alto funcionario utilizaba una libreta para registrar las sumas recibidas en sobres entregados en una cafetería cercana a su despacho oficial. El empresario que admitió los pagos sostiene que Marco no solo resolvía recursos a su favor, sino que “supervisaba personalmente” los escritos que luego él mismo iba a resolver; algo que Anticorrupción califica como de “gravedad extrema”.
La denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias carga sobre Marco delitos como cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y actividades prohibidas para funcionarios, pidiendo aclarar si parte de esas mordidas se distribuían entre “la cúpula del ministerio”. Montero ha negado ante el Parlamento que su exsubordinado recibiera comisiones, aunque la Fiscalía ya ha abierto diligencias y la investigación prosigue su curso.
Las repercusiones políticas son evidentes:
- Se ve afectada la credibilidad de la Hacienda pública, justo cuando arranca la campaña de declaración de la renta.
- Se coloca a Montero como responsable política por haber hecho un nombramiento estratégico ahora bajo sospecha, en un organismo cuya función es garantizar las relaciones entre contribuyentes y Estado.
Leire Díez y el “dos” de Montero: una trama que salpica a la SEPI y Servinabar
Simultáneamente, otra línea investigativa traza un mapa relacionado con comisiones y contratos públicos vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y al empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La UCO detuvo tanto a Díez como a Fernández y registró:
- La sede central de la SEPI junto con empresas públicas relacionadas como Sepides, Enusa y Mercasa.
- Oficinas de Correos, el Ministerio de Hacienda y Transición Ecológica, buscando documentación sobre contrataciones cuestionables.
- Un apartamento en la calle Diego de León, Madrid, usado para reuniones con empresarios, así como otro inmueble ubicado en Las Tablas.
Los investigadores creen que tanto Díez como Fernández actuaban como intermediarios entre empresas interesadas en obtener contratos y organismos públicos dependientes de la SEPI, tales como Correos o Enusa.
Su método era clásico pero efectivo: acceso privilegiado a información sobre concursos públicos, facilitación de contactos adecuados y posterior cobro de comisiones presuntamente canalizadas mediante sociedades interpuestas e incluso una asesoría fiscal —Mediaciones Martínez SL— para disfrazar los pagos.
El rol desempeñado por Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y relacionada con Santos Cerdán, es crucial: Fernández pasó a trabajar para esta constructora navarra tras dejar su puesto en la SEPI y supuestamente habría recibido alrededor de 100.000 euros durante dos años. Esta puerta giratoria junto con su influencia posterior en decisiones dentro de SEPI están bajo investigación por parte de Anticorrupción.
El patrimonio inmobiliario acumulado por Fernández resulta tan notable como políticamente delicado: según cálculos realizados por la UCO, sus propiedades podrían alcanzar un valor cercano a los 10 millones de euros.
Posee inmuebles situados en Madrid, Marbella y Sevilla además de un bar en la isla Cartuja llamado La Bola, investigado por ser posible instrumento para blanquear dinero. La mayoría estas adquisiciones se produjeron tras su etapa al frente de SEPI, lo cual alimenta las sospechas sobre el origen lícito del dinero utilizado para comprarlas.
El apartamento en Diego de León y las extorsiones a empresas del Ibex
La pesquisa sobre la trama relacionada con Leire Díez ha añadido un matiz oscuro: se investiga el uso del piso ubicado en Diego de León como centro operativo tanto político como empresarial.
Este inmueble alquilado por Fernández habría sido escenario para encuentros con altos directivos empresariales donde se ofrecían servicios más allá del ámbito consultivo habitual.
De acuerdo con diversas informaciones coincidentes, el esquema investigado incluiría:
- Reuniones discretas con representantes empresariales —algunos pertenecientes al Ibex— llevadas a cabo en dicho piso.
- Solicitudes por sumas cercanas al millón de euros para detener informaciones desfavorables o campañas adversas.
- Uso potencialmente amenazante al hacer referencia a posibles querellas o material sensible proveniente del caso del comisario Villarejo como forma presión.
El relato que va tomando forma se asemeja al funcionamiento típico entrelazando influencia política con acceso privilegiado a información interna así como manejo mediático. En esta estructura emergente aparece Leire Díez ligada a Santos Cerdán actuando como “fontanera” encargada obtener datos comprometidos mientras Vicente Fernández desempeñaría funciones operativas dentro del ámbito económico y societario.
Díez también figura implicada en otra causa relacionada con un plan presuntamente diseñado para desacreditar mandos tanto dentro del UCO como fiscales anticorrupción; todo ello orientado hacia obstaculizar investigaciones que afectan tanto políticos como empresarios. Esto establece un patrón claro: cuando llega Justicia cerca no solo se defienden; también intentan atacar desde dentro.
Plus Ultra: el rescate que vuelve como bumerán
Mientras avanza la UCO rastreando contratos relacionados con SEPI surge nuevamente un viejo fantasma: el rescate público otorgado a Plus Ultra. La Policía ha detenido al presidente junto al CEO del aerolínea e incluso han clonado los servidores para investigar cómo fueron utilizados los 53 millones concedidos desde el fondo estatal destinado a solventar crisis económicas generadas por pandemia.
El Juzgado Instrucción 15 Madrid indaga si parte esa cantidad fue dirigida hacia pagar préstamos contraídos con una sociedad suiza; esto implica que fondos públicos destinados originariamente para afrontar problemas derivados del COVID podrían haber terminado cubriendo obligaciones privadas. Aunque esta causa actualmente permanece bajo secreto judicial ya han sido solicitadas comisiones rogatorias para seguir rastreando internacionalmente estos movimientos financieros.
Este caso adquiere relevancia política porque según declaraciones realizadas por empresario Víctor Aldama se asegura haber mediado expresidente José Luis Rodríguez Zapatero facilitando acceso Plus Ultra al fondo público mencionado anteriormente. Si esto se confirma lo que comenzó siendo una decisión discutible podría transformarse episodio clave dentro nuevo ecosistema donde convergen influencia política junto intereses empresariales.
Una semana frenética para el PSOE: desde Ábalos hasta “Chiqui” Montero
El contexto actual hace aún más explosivas estas investigaciones. En apenas unos días han sucedido hechos significativos:
- La entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos junto su exasesor Koldo García mientras Santos Cerdán fue excarcelado posteriormente[(inferencia apoyada contexto proporcionado; detalles concretos no están citados)]
- La detención reciente tanto Leire Díez cómo Vicente Fernández además Antxon Alonso durante operación coordinada juez Audiencia Nacional junto Anticorrupción .
- Dimisión fulminante José Antonio Marco Sanjuán conocido «tres» Montero apertura diligencias Fiscalía .
Las consecuencias políticas son evidentes:
- El PSOE queda atrapado bajo una lluvia continua casos que afectan no solo cargos intermedios sino también pilares poder establecidos alrededor Montero Cerdán.
- La oposición señala directamente hacia María Jesús Montero situada centro fuego cruzado; PP sostiene «todos caminos apuntan Montero» exige explicaciones respecto vínculos Fernández SEPI .
- La imagen institucional deteriora especialmente sensible ámbito uso dinero público control institucional.
No se trata únicamente comisiones sino patrón emergente incluye:
- Puertas giratorias entre altos funcionarios empresas beneficiarias contratos .
- Patrimonios súbitamente inflados difíciles justificar solo mediante salarios públicos .
- Redes intermediación política ofrecen acceso poder protección mediática cambio dinero .
Lo que se avecina: sumarios bajo secreto mientras Montero queda acorralada
Gran parte causas abiertas —trama Leire Díez Vicente Fernández investigación Servinabar pieza TEAC línea Plus Ultra— continúan bajo secreto sumarial. Esto implica goteo datos prolongarse durante semanas generando desgaste sostenido Ejecutivo.
Las claves seguir vigilando próximos meses serán:
- Si Anticorrupción expande foco hacia otros altos cargos Hacienda SEPI.
- Si alguna piezas separadas —Plus Ultra Servinabar pisos Diego León— conectan formalmente macrocausa.
- Posible imputación figuras rango político superior comenzando Santos Cerdán entorno cercano Montero.
- Comportamiento procesal Leire Díez decide colaborar narrativa interna PSOE puede tambalearse.
Mientras tanto Ferraz La Moncloa reinante sensación problema ya no radica caso concreto sino relato corrupción sistémica comienza calar: red abarca desde bar Cartuja hasta piso Diego León desde SEPI hasta Plus Ultra decisiones políticas nivel superior.
Y así queda retratada figura María Jesús “Chiqui” Montero observando cómo su “dos” permanece detenido su “tres” investigándose Anticorrupción mientras nombre aparece repetidamente sumarios actuales.
En política suele decirse nadie es imprescindible; sin embargo estos días muchos dentro PSOE comienzan cuestionarse quién será prescindible intento salvar mobiliario… e incluso alguno esos pisos tan bien situados Madrid.
