En La Retaguardia de este martes 30 de diciembre, Eurico Campano analiza con Carlos García y Sergio Fidalgo la huida hacia adelante de Pedro Sánchez pretendiendo gobernar sin el imprescindible respaldo del Congreso.
Y es que el mismo Sánchez que tras perder las elecciones generales se consideró legitimado para seguir en La Moncloa porque había conseguido el apoyo en escaños de otros partidos que no logró en las urnas, ahora ha perdido también el apoyo de esos escaños ya que el bloque de formaciones políticas que apoyaron la investidura está roto.
Así, Sánchez no tiene garantizado el apoyo ni de los golpistas de Junts ni de la extrema izquierda de Podemos. Además, el PNV tampoco parece muy confiable para superar votaciones, ya que muchas de las medidas radicales que Sánchez quisiera aprobar no son del agrado de un partido que, eliminado el factor nacionalista, no deja de ser conservador-liberal en muchas políticas. Valga como ejemplo el veto de los nacionalistas vascos en 2021 a incrementar aún más los impuestos al gasóleo.
Asi que el truco de trilero que Sánchez pretende poner en marcha ahora es aprobar cosas que, según su criterio, no necesite del Congreso para su aprobación. Y para ello, habría pedido a sus 22 ministros que le pasen un listado de 3 o 4 medidas de su departamento que pudieran ponerse en práctica de esa forma cuanto menos alegal.
A Sánchez ya no le vale el abuso de aprobar medidas por Real Decreto puesto que éstos deben ser refrendados por el Congreso a los 30 días de su aprobación y el Ejecutivo ya no tiene asegurado sacarlos adelante. Por ello, la idea sería tirar de los Reglamentos, que son normas inferiores en rango a los Reales Decretos y que no requieren convalidación de las Cortes. Sin embargo, cualquier estudiante de 1º de Derecho entiende que esto es un fraude de ley en toda regla y de emplearlo, el Gobierno se arriesga a todo tipo de demandas y recursos. Y no hablamos sólo de recurrir ante el Tribunal Constitucional donde Cándido Conde Pumpido siempre está de guardia para blanquear al Gobierno.
Si el Gobierno intenta aprobar medidas mediante la figura de los Reglamentos que tendrían que sacarse adelante mediante leyes ordinarias o reales decretos convalidados por el Congreso, podría enfrentar denuncias por lo penal ante el Tribunal Supremo por delito de prevaricación.
