El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy con el apoyo de todos los grupos políticos la Ley Orgánica de Derechos y Deberes del Cuerpo Nacional de Policía tras un debate en el que el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, ha destacado la «obligación de guardar el secreto profesional» como una de las novedades del texto. Por su parte, ‘populares’ y socialistas han escenificado sus diferencias en relación al modo de reconocer la equiparación salarial entre policías y guardias civiles y el resto de cuerpos policiales que operan en España.
El nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, ha subido a la tribuna del hemiciclo para defender este texto que, según ha dicho, «recoge por primera vez una lista exhaustiva de derechos» y ha añadido que algunos son de «reciente reconocimiento» como el «respeto a su intimidad, a su orientación sexual, su imagen o dignidad en el trabajo».
Camacho ha definido esta iniciativa parlamentaria como «un código de conducta que cumple una función orientadora» y, entre otras obligaciones reconocidas a los policías en esta nueva Ley, ha destacado la de «guardar el secreto profesional». Además ha apelado a «la importancia que tiene en las sociedades avanzadas los instrumentos que refuerzan la confianza ciudadana en el quehacer de los funcionarios policiales».
Ha recordado que defiende la aprobación de esta Ley desde su «nueva responsabilidad al frente del Ministerio», pero ha matizado que «no es nueva» su participación en la elaboración de este «importante proyecto para un conjunto esencial de servidores públicos». «Estoy bajo su disposición para seguir mejorando la vida y las condiciones de trabajo de las personas de una de las instituciones más esenciales de la democracia», ha sentenciado.
PP A CAMACHO: «SUERTE, LA VA A NECESITAR»
Desde el Partido Popular, Ignacio Cosidó ha anunciado el apoyo «con satisfacción» de su grupo a esta Ley «por responsabilidad», porque las normas de la Policía no pueden estar sometidas «al albur de la alternancia política» y por el «legítimo orgullo de haber contribuido a mejorar» el redactado inicial del Gobierno.
No obstante, ha anunciado que su grupo mantiene una enmienda que defiende el reconocimiento de «retribuciones justas y criterios homologables de policías y guardias civiles y otros cuerpos de seguridad en España». «Existe una injusta situación para los policías y los guardias civiles, son los peores retribuidos. No sólo puede haber para ellos un reconocimiento de palabras, sino de hechos», ha dicho Cosidó.
El portavoz ‘popular’ ha deseado «suerte» a Camacho en su nuevo puesto «ya que la va a necesitar dado las circunstancias en las que hereda el Ministerio» y ha defendido también una enmienda para que se primen en la Policía criterios de «antigüedad y jerarquía», lo que a su juicio, contribuiría a la «despolitización» de la Policía.
Frente a las demandas de abrir a los funcionarios de policía la posibilidad de afiliarse a los sindicatos de clase, Cosidó se ha felicitado porque la Ley mantenga el sistema actual en el que, según ha dicho, «se consolida un modelo de sindicalismo profesional, que es un acierto histórico en la policía». Finalmente, ha lamentado que el Ejecutivo socialista no haya impulsado en esta legislatura también una Ley de Personal para la Guarida Civil.
«SI TE HE VISTO, NO ME ACUERDO»
El representante del PSOE, Carlos González Serna, ha asegurado que todos los grupos de la Cámara son «partidarios de que en la Policía tengan una retribución justa, pero hay que ser conscientes de que las enmiendas del PP sobre equiparación son inviables desde el punto de vista jurídico y político en un estado descentralizado como España».
En ese sentido, ha criticado a los ‘populares’ porque «cuando hablan de retribuciones en materia policial tienen credibilidad muy limitada». «Sólo se acuerdan de este tema cuando están sentados en el banco de la oposición porque en el Gobierno hacen lo de que ‘si te he visto, no me acuerdo'», ha añadido.
UPyD, IU, PNV y CiU
Rosa Díez se ha sumado a defender la necesidad de reconocer la equiparación salarial para evitar una «discriminación entre ciudadanos que cumplen las mismas funciones». «Amparados en que hay autonomía política, resulta que tienen un trato discriminatorio. Se que es difícil pero se puede resolver como se resuelven tantas otras cosas», ha dicho la diputada de UPyD.
Por su parte, Gaspar Llamazares ha defendido la Ley como «un texto necesario no sólo porque codifica el estatuto del Cuerpo Nacional de Policía, sino porque además significa su actualización con resoluciones del consejo de Europa y Naciones Unidas». «Se avanza en derechos individuales como profesionales y colectivos», ha apuntado el diputado de IU, quien también ha presentado una enmienda para que se reconozca el derecho de un policía a regresar a su puesto de trabajo pese a haber sufrido una lesión física o psíquica.
En la misma línea, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha manifestado su «satisfacción» por lo que ha tildado como «una buena ley». «En los últimos años estamos aprobando las mejores leyes», ha llegado a decir al referirse a «una buena ley sobre los derechos y libertades de un cuerpo tan importante como el cuerpo nacional de policía». «Hablamos de funcionarios que llevan armas», ha recordado.
Montserrat Surroca, de CiU, ha defendido una enmienda para que se reconozca el derecho de los funcionarios policiales a afiliarse a sindicatos de clase «como se hace en todos los países de Europa». También ha mantenido otra enmienda para mejorar la conciliación y que se extienda a las parejas de hecho los derechos reconocidos a los matrimonios.
