Les gustaba más el dinero que a un chivo la leche.
Y sabían cómo juntarlo.
El sonido de las sirenas no suele presagiar buenas noticias en el edificio de la Diputación de Almería, pero lo ocurrido este noviembre ha superado cualquier guion de película local.
La detención de Javier Aureliano García, quien era presidente de la Diputación y del PP en la provincia, junto a su vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, ha hecho estallar la vida política en la región.
La operación, conocida como ‘caso mascarillas’, ha destapado una intrincada red de adjudicaciones irregulares, comisiones millonarias y una astucia financiera digna del mejor guion: blanquear dinero de sobornos mediante la compra de una administración de lotería.
Mientras el eco de la pandemia aún resonaba y el país buscaba mascarillas a cualquier precio, en Almería se gestaba un negocio jugoso. La Diputación, bajo el liderazgo de García, firmó contratos de emergencia con empresas que están bajo investigación por parte de la UCO, algunas con vínculos al tráfico de drogas y armas.
Lo que debía ser una compra esencial de material sanitario se convirtió en la entrada a uno de los mayores escándalos de corrupción en los últimos años en la provincia.
Así se destapó el asunto: del narcotráfico a un edredón
La investigación comenzó en 2021 tras las escuchas a una banda narcotraficante en Barcelona y, casi por azar, puso su mirada en Almería. Los agentes de la UCO, mientras seguían movimientos sospechosos relacionados con el dinero, encontraron una transferencia vinculada a la compra de mascarillas realizadas por la Diputación almeriense.
A partir de ahí, el hilo se fue desenredando: contratos por valor de dos millones de euros otorgados sin transparencia, comisiones cercanas al millón para intermediarios y empresarios con antecedentes poco halagüeños.
El sumario incluye episodios que parecen sacados de una novela negra: desde ocultar 26.000 euros dentro de una funda de edredón hasta adquirir una administración de lotería y coches lujosos con el objetivo de ‘legalizar’ las ganancias obtenidas ilícitamente. Los investigadores han calificado esta operación como “un pelotazo millonario con las mascarillas”.
Una caída política sin precedentes
La noticia sobre las detenciones se propagó rápidamente.
En menos de 48 horas, Javier Aureliano García y Fernando Giménez pasaron del lujo del despacho al frío calabozo.
Después de declarar ante el juez, quedaron en libertad provisional bajo medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición para salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado. La presión política y mediática fue tal que ambos presentaron su dimisión irrevocable apenas un día después de recuperar su libertad; esto dejó a la Diputación aturdida y al PP local inmerso en una crisis sin precedentes.
La renuncia presentada por García fue considerada “voluntaria”, según un comunicado oficial, argumentando que quería centrarse en su defensa. El ex presidente se despidió afirmando su inocencia, aunque parece claro que el daño político es irreversible. Por su parte, el PP andaluz intenta capear esta tormenta apelando a principios como la “ejemplaridad” y prometiendo transparencia e institucionalidad.
¿De cuánto dinero hablamos?
Las cifras relacionadas con este caso son escalofriantes; se habla de dos millones de euros en contratos emergentes adjudicados durante la pandemia, con una comisión reconocida que asciende a 945.000 euros, destinada a intermediarios y figuras políticas implicadas. Las investigaciones sugieren que parte del blanqueo se llevó a cabo mediante la adquisición de una administración lotera, coches lujosos y otras inversiones para dar un aspecto legal a esas ganancias.
El número total de investigados ya supera las 17 personas, incluyendo funcionarios públicos, empresarios e incluso familiares; muchos están en libertad provisional pero obligados a comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos. La UCO no descarta que el monto real desviado sea aún mayor debido a lo sofisticado del entramado financiero y su conexión con otros contratos públicos.
Narcotráfico, lotería y mascarillas: un cóctel explosivo
Es especialmente llamativo cómo este caso nació dentro del marco más amplio relacionado con narcotráfico y tráfico ilegal en Barcelona. El empresario Kilian López, figura central del escándalo, ya era conocido entre las autoridades por sus relaciones con actividades ilícitas. Su conexión con Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación, permitió a los investigadores seguir pistas hasta descubrir esta red corrupta operando desde Almería.
La adquisición por parte del entramado criminalde una administración lotería ha sido como ponerle la guinda al pastel. Según los datos recopilados durante la investigación, parte del dinero proveniente de estas comisiones ilegales fluyó a través del negocio lotero; es un método habitual para blanquear capitales dada su facilidad para justificar ingresos dudosos mediante premios ficticios o ventas inventadas.
Reacciones políticas y sociales
El terremoto político generado ha sido inmediato. El PSOE ha solicitado investigar minuciosamente el papel desempeñado por García y sus comunicaciones; convencido está que la firma del contrato para las mascarillas marcó el inicio real del entramado corrupto. Mientras tanto, el PP ha suspendido temporalmente a los implicados e intenta distanciarse para recuperar cierta normalidad institucional; sin embargo, desde la oposición exigen explicaciones claras y responsabilidades.
En las calles se respira indignación. La ciudadanía observa atónita cómo se suceden escándalos mientras perciben impunidad frente a posibles malversaciones durante la gestión pública durante tiempos críticos como los vividos durante la pandemia. Que las mordidas hayan sido encubiertas mediante una administración lotería añade un toque surrealista a esta historia; desafortunadamente no es algo nuevo dentro del panorama español.
Curiosidades y datos llamativos
- El caso ‘mascarillas’ involucra no solo políticos; también hay empresarios e incluso familiares entre los investigados.
- La administración lotería adquirida por los implicados experimentó un aumento sospechoso en su facturación tras ser comprada.
- La operación policial consistió en registros realizados tanto en viviendas privadas como despachos públicos o concesionarios automovilísticos.
- El sumario incluye conversaciones por WhatsApp entre los protagonistas donde afloran nerviosismo ante el inminente escándalo.
- Parte del caso sigue bajo secreto judicial en varias piezas; esto hace prever posibles nuevas detenciones o sorpresas inesperadas pronto.
Si alguien creía que la corrupción pertenecía únicamente al pasado español, este caso relacionado con las mascarillas en Almería demuestra que esa picaresca política sigue adaptándose e innovando constantemente. Esta vez con un toque especial: ¡lotería incluida!
