David Pérez García, concejal presidente del distrito madrileño de Hortaleza, ha sido durante dos décadas blanco de una constante campaña de desprestigio y acoso que se remonta a su etapa como alcalde de Alcorcón entre 2011 y 2019. Lo que comenzó con insultos y pintadas amenazadoras ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia de intimidación que el popular califica como «brutal» y que ha decidido llevar a los tribunales.
En su tiempo al frente de Alcorcón, Pérez tuvo que hacer frente a mensajes en las paredes como «David Pérez, cámara de gas», «muérete», «hijo de puta» o «fascista», además de recibir amenazas relacionadas con bombas lapa.
Este odio, lejos de desaparecer, se ha trasladado a Hortaleza, donde el edil popular ha encontrado nuevas formas de acoso, desde carteles en farolas con su imagen distorsionada hasta pegatinas anónimas que lo atacan directamente.
El escalón más grave: amenazas directas a su familia
Lo que más ha impactado al concejal es la gravedad del acoso hacia su familia. Pérez ha compartido en medios que su entorno ha presenciado situaciones alarmantes, como cuando «un energúmeno con un megáfono dijo que tendré que llevar escolta toda la vida porque irían a por mí». Esta amenaza directa, lanzada públicamente y sin identificar claramente a sus autores, marca un nuevo nivel en la escalada del hostigamiento contra el político popular.
Además de estas amenazas verbales, la familia del concejal ha visto cómo circulan pegatinas en el barrio con su fotografía acompañada de «todo tipo de faltas de respeto» hacia él, todas ellas sin firma alguna. El uso del anonimato como escudo para intimidar es algo que Pérez ha denunciado reiteradamente, tildándolo de «abuso cobarde» que se aprovecha de la «inmunidad del anonimato» que proporcionan las pintadas, carteles y pegatinas sin identificar.
La respuesta política y legal
El concejal considera que estas acciones podrían constituir «presunta xenofobia» y forman parte de una «campaña continuada cuyos autores piensan que, al estar ocultos, son impunes». Por ello, ha puesto toda la situación en manos de sus abogados para determinar si hay delito. Pérez no se ha andado con rodeos en sus declaraciones: «Ni de coña, jamás me rendiré ante la izquierda totalitaria; no estoy hecho para eso».
En redes sociales, el popular ha denunciado lo que ve como una contradicción democrática fundamental: «Un grupito de personas de izquierdas (socialistas y comunistas), a quienes no vota casi nadie, diciéndole a alguien cuya candidatura es respaldada abrumadoramente que me vaya, que mi distrito no me quiere». Para Pérez, esto representa un intento por imponer la «rabia ideológica» sobre la «legitimidad democrática».
El Partido Popular ha expresado su apoyo incondicional al concejal. Desde el PP de Alcorcón han afirmado: «Tienes todo nuestro apoyo y solidaridad. Basta ya de las campañas de odio y acoso por parte de las izquierdas contra quienes decidimos defender la libertad». Mensajes similares han llegado desde las secciones populares en Rivas y Móstoles.
El contexto de una gestión polémica
Aunque Pérez atribuye estas campañas a sectores de la izquierda, su gestión en Hortaleza desde 2023 también ha generado tensiones con el tejido asociativo del distrito, sin importar su orientación política. Sus decisiones sobre la organización de fiestas, adjudicación de casetas y restricciones a actividades vecinales han provocado enfrentamientos con asociaciones que lo acusan de autoritarismo.
El concejal sostiene que quienes lo atacan son «un grupito» sin representación electoral que busca imponer su voluntad al margen del proceso democrático. En un tono más personal, Pérez ha reflexionado sobre el costo emocional: «Humanamente, hay que vivirlo para saber lo que se dice. Son muchos años y no todos lo resisten».
Lo que comenzó como una campaña para desacreditarlo políticamente se ha transformado en una batalla más amplia. Esta situación trasciende lo electoral y afecta directamente a la seguridad personal y familiar del edil popular. A pesar del acoso recibido, mantiene firme su determinación para continuar en el cargo sin ceder ante lo que considera intimidación ideológica.
