La política española vuelve a ofrecer un giro de guion digno de una serie de intriga. A fecha de 24 de junio de 2025, el juez Juan Carlos Peinado ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en el marco del conocido como ‘caso Begoña’. El asunto pone en el punto de mira al núcleo duro del Ejecutivo y amenaza con reavivar la pugna política en pleno verano.
El origen del escándalo se remonta a la contratación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, quien, según las investigaciones, habría ejercido funciones como secretaria personal de Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno— y habría colaborado en sus negocios privados durante el periodo investigado. El juez sostiene que estas labores se realizaron al margen de cualquier acto público o protocolario derivado de su condición de esposa del presidente, pero percibiendo retribuciones con cargo al erario público.
¿Por qué salta la alarma? Las claves judiciales
La exposición razonada enviada por Peinado al Supremo es un movimiento obligado por el aforamiento del ministro socialista. En su argumentación, el juez detalla que “existe indiciaria responsabilidad penal” en la actuación de Bolaños, dado que la contratación de la asesora pudo destinar patrimonio público a fines estrictamente privados relacionados con Begoña Gómez.
El magistrado no solo señala posibles irregularidades en el uso de fondos públicos —la temida malversación— sino que añade el delito de falso testimonio, porque Bolaños, en su declaración como testigo, habría negado cualquier intervención personal en la contratación investigada. Sin embargo, para el instructor, existen indicios suficientes para considerar lo contrario, lo que eleva la gravedad del caso.
Por si fuera poco, esta nueva derivada se suma a un sumario ya nutrido: Peinado investiga desde hace un año a Begoña Gómez por presuntos delitos relacionados con su actividad privada y su conexión con empresas beneficiadas por contratos públicos. La apertura de una pieza separada por malversación —que fue recurrida por la propia Gómez y la Fiscalía— ha sido clave para llegar hasta aquí.
Reacciones políticas: nerviosismo en el PSOE y munición para la oposición
El movimiento judicial ha caído como una bomba en Ferraz. El PSOE considera que se está orquestando una “causa general” contra el entorno presidencial y ha defendido públicamente la legalidad de la contratación cuestionada. De hecho, Félix Bolaños ha explicado ante el juez que “es normal” que la esposa del presidente disponga de apoyo administrativo específico, “como siempre ha ocurrido” con anteriores inquilinos de La Moncloa. Sin embargo, este argumento no ha convencido al magistrado instructor.
Mientras tanto, los partidos de la oposición han encontrado un filón para desgastar al Gobierno. PP y Vox exigen explicaciones públicas inmediatas y piden responsabilidades políticas. La atención mediática se centra ahora en la Sala Segunda del Supremo, que tendrá que decidir si asume el caso y cita a declarar formalmente a Bolaños.
El juez Peinado: protagonista controvertido
No es la primera vez que Juan Carlos Peinado se convierte en protagonista judicial: ya instruyó casos mediáticos como los tuits ofensivos contra concejales madrileños o sumarios relacionados con activistas independentistas. Su apellido también ha sido utilizado por sectores socialistas para insinuar conexiones políticas —su hija es concejala del PP en Pozuelo— lo que alimenta aún más el ambiente crispado alrededor del sumario.
Lo que está en juego: consecuencias institucionales y efectos colaterales
Si finalmente el Supremo decide imputar a Bolaños, el escenario político podría tambalearse:
- Un ministro clave quedaría formalmente investigado en plena legislatura.
- La figura pública de Begoña Gómez, hasta ahora secundaria, pasa al primer plano mediático.
- El debate sobre los límites entre lo público y lo privado en Moncloa se intensifica.
- El PSOE afronta un desgaste difícil de gestionar justo antes del parón estival.
Como curiosidad añadida, cabe recordar que nunca antes un ministro tan próximo al presidente había estado tan cerca de sentarse ante el Supremo por una causa vinculada directamente a los negocios privados del entorno familiar presidencial. Y todo ello mientras los abogados defensores se acusan mutuamente de “escasa dedicación” y el país asiste atónito a un nuevo capítulo donde política y tribunales vuelven a cruzar sus caminos.
Por si acaso alguien pensaba irse ya tranquilo a veranear, conviene estar atento: lo último sobre este asunto seguro que no está escrito aún.
