El «escándalo Faisán» es una consecuencia directa de la vergonzosa negociación con ETA impulsada por Rodríguez Zapatero
La Audiencia Nacional ha frenado en seco la intención de la Fiscalía y de Baltasar Garzón de dar carpetazo definitivo a la investigación del ‘chivatazo’ a ETA sin sentar a nadie en el banquillo. La implicación en el caso de un ex director general de la Policía y de varios inspectores es motivo más que suficiente para llegar hasta el fondo del asunto con el rigor que corresponde al Estado de Derecho en la comprobación de los hechos y la determinación de los presuntos culpables.
La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón que practique nuevas pruebas en la causa abierta sobre el «chivatazo» que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006.
Así lo ha acordado en un auto en el que sostiene que Garzón debe llamar a declarar a tres policías que participaron en la investigación, entre ellos dos miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián a los que identifica como «Unai» y «Sugoi», así como solicitar a Francia documentación relativa al tráfico de llamadas procedentes de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, realizó las llamadas.
También pide a las autoridades galas otra documentación relativa a las «observaciones telefónicas que se realizaron a Calau Aldanur -miembro del aparato de extorsión de ETA-, tanto del teléfono fijo como del móvil»
GRAVEDAD SIN PRECEDENTES
En el plano jurídico, el asunto -como dice el editorial de ABC- resenta una «gravedad sin precedentes», según los términos rotundos de la propia sala. Hay que felicitarse por ello de que las asociaciones recurrentes vean reconocido su interés legítimo en llevar la investigación al extremo para la búsqueda de la verdad.
En el ámbito político, el «escándalo Faisán» es una consecuencia directa de la vergonzosa negociación con ETA impulsada por Rodríguez Zapatero durante la pasada legislatura. Si se confirman los indicios, afectaría directamente al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, porque se trata de eventuales delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada cometidos -si es el caso- por subordinados de Alfredo Pérez Rubalcaba en el contexto de una decisión política al más alto nivel.
La investigación tiene que llegar hasta el final, sin omitir ningún elemento que permita extraer todas las consecuencias.
CRONOLOGÍA DEL CHIVATAZO
El soplo: El 4 de mayo de 2006 un desconocido avisa por móvil al jefe de la red de extorsión, Joseba Elosúa, de la inminencia de la operación policial.
La redada: El 20 de junio de 2006 el juez Grande Marlaska ordena la detención de doce personas, entre ellas Elosúa, y ordena una investigación paralela sobre el ‘chivatazo’ e incluye a la Guardia Civil en las pesquisas.
El regreso: El 30 de junio 2006 Baltasar Garzón regresa a su juzgado tras 16 meses en Nueva York. Aparta de la investigación a algunos mandos de Información y a la Guardia Civil y en mayo de 2007 abre una pieza separada.
La Fiscalía: El 1 de octubre 2009 la Fiscalía pide el archivo del sumario por falta de autor conocido.
La Sala: Hoy la Audiencia ordena a Garzón que no cierre el caso.
