Parece un déjà vu judicial: Juana Rivas vuelve a ocupar los titulares tras la decisión de la Audiencia de Granada que le obliga a entregar este martes 22 de julio a su hijo menor, Daniel, de 11 años, al padre, Francesco Arcuri, residente en Carloforte (Italia), quien ostenta la custodia legal del menor. La resolución, que rechaza el último recurso de la madre granadina, revive una saga iniciada en 2017 y que ha marcado la agenda social y política española durante casi una década.
El Tribunal Constitucional en una reunión de urgencia ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el equipo jurídico de Rivas, que buscaba evitar la entrega alegando el interés superior del menor y un proceso penal pendiente contra Arcuri en Italia por presunto maltrato habitual y psicológico hacia sus hijos. El ambiente es eléctrico: familiares, colectivos feministas y plataformas ciudadanas presionaron para frenar la entrega. Sin embargo, no han tenido éxito.
El menor ha residido en Italia desde 2017, salvo breves periodos vacacionales en España. La última visita se produjo en Navidad de 2024. Sin embargo, esta vez Daniel no regresó tras las fiestas: su madre acudió a los tribunales españoles y logró una medida cautelar que permitió al niño quedarse temporalmente con ella en Maracena (Granada). La situación precipitó una nueva batalla judicial entre ambos países.
La Corte de Apelación de Cagliari (Italia) fue tajante al ratificar la custodia paterna y exigir la devolución «inmediata» del menor. Los jueces españoles han acatado la orden europea, subrayando que las decisiones internacionales en materia familiar tienen ejecutividad inmediata y no admiten suspensiones salvo excepciones muy justificadas. El resultado: a las 10:20 horas de este martes, 22 de julio, Juana Rivas debe entregar a Daniel en el punto de encuentro familiar designado en Granada.
El contexto legal: precedentes e indultos
No es la primera vez que Juana Rivas se enfrenta a una orden semejante. En 2017 desobedeció al juzgado e hizo desaparecer a sus hijos durante varias semanas para evitar entregarlos a Arcuri. Aquello le costó una condena por sustracción de menores: cinco años de prisión, pérdida provisional de la patria potestad e indemnización económica. Sin embargo, en 2021 fue indultada parcialmente por el Gobierno español bajo la condición expresa de no reincidir en hechos similares durante cuatro años —condición que expira este noviembre—. La sombra del precedente sobrevuela cada paso actual: cualquier acto equiparable podría tener consecuencias penales inmediatas para Rivas.
La política entra en el conflicto
El caso trasciende lo meramente judicial. Para muchos observadores políticos, la situación evidencia las tensiones entre el respeto a los convenios internacionales —en este caso, los Reglamentos europeos sobre sustracción parental— y las demandas de colectivos sociales que reclaman escuchar más al menor e investigar con mayor profundidad las denuncias contra el progenitor custodio.
Colectivos feministas y asociaciones de defensa de la infancia han entregado más de 50.000 firmas al Ministerio de Justicia pidiendo que se aplique el artículo 39 del Reglamento Europeo para evitar lo que consideran una vulneración del interés superior del niño.
El hijo mayor, Gabriel, ya mayor de edad y residiendo con su madre, ha denunciado públicamente el «desamparo» y «temor» que siente su hermano ante la perspectiva del reencuentro forzoso con su padre.
La Fiscalía ha recibido presiones para escuchar nuevamente al menor antes de ejecutar cualquier traslado internacional definitivo.
Consecuencias políticas e institucionales
El caso ha reavivado debates sobre:
- El papel del poder judicial frente a la presión social y mediática.
- La coordinación entre jurisdicciones nacionales e internacionales.
- Las garantías procesales para menores involucrados en conflictos parentales transfronterizos.
- Las limitaciones reales del indulto político ante decisiones judiciales firmes.
En términos políticos, partidos progresistas han reclamado una revisión urgente de los protocolos sobre sustracción parental y protección infantil en casos internacionales. Por su parte, sectores conservadores insisten en respetar escrupulosamente los tratados internacionales firmados por España.
