La reciente detención de los altos directivos de Plus Ultra y los informes recientes de la Guardia Civil han reabierto una herida que nunca sanó del todo: el uso de fondos públicos en rescates corruptos y la conexión entre decisiones políticas y redes de intermediarios.
La aerolínea de capital venezolano, con vínculos al chavismo, ya era objeto de controversia cuando recibió 53 millones de euros del Estado.
Ahora, con nuevos datos judiciales y policiales sobre la mesa, la atención se centra más intensamente en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su conexión con la red de hidrocarburos que habría influido en el Gobierno Sánchez.
Y no lo ha hecho gratis.
Porque ya es multimillonario.
La sombra de Zapatero: presiones, reuniones y nervios
El factor que ha elevado la tensión política son las declaraciones que apuntan directamente hacia José Luis Rodríguez Zapatero. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado a OKDiario que el expresidente le presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra.
Según su versión, el expresidente insistió “a toda costa” en lograr que el Gobierno aprobara dicho rescate. También habría ejercido presión sobre el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, así como sobre altos cargos de la SEPI, como es el caso de José Ángel Partearroyo.
Las presiones se habrían concentrado entre los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021, justo antes del visto bueno del Consejo a dicha ayuda.
Varios testimonios coinciden en un punto crucial: una reunión en el Ministerio de Transportes, situado en Paseo de la Castellana 67, donde se dice que Zapatero actuó como mediador directo para asegurar que se reconociera a Plus Ultra como empresa estratégica. Fuentes presentes sostienen que llegó a exigir explícitamente el rescate para dicha aerolínea.
En este clima tenso, una declaración realizada por el exasesor ministerial Koldo García ha sumado otra capa sospechosa sobre posibles intereses económicos detrás del rescate. En una conversación registrada durante las diligencias judiciales y posteriormente difundida por los medios, Koldo mencionó sobre Plus Ultra: “estos se van a forrar”, sugiriendo beneficios más allá del interés público genuino
Este encuentro resultó en un informe favorable emitido por la Secretaría de Estado de Transportes, gracias a la intervención directa desde la Dirección General de Aviación Civil, lo cual facilitó el rescate. El proceso fue “desbloqueado” gracias al peso político ejercido por Zapatero, aun cuando la compañía no cumplía con los estándares requeridos normalmente.
El empresario clave en esta trama, Víctor de Aldama, figura central en el llamado caso Koldo y principal investigado relacionado con los hidrocarburos, ha confirmado públicamente que efectivamente hubo presión por parte del expresidente hacia el Ministerio para avanzar con el rescate. Asimismo, su hijo, Víctor Ábalos, ha señalado que tanto él como otros allegados al entorno gubernamental presionaron a su padre respecto a los rescates relacionados con tanto con Plus Ultra como con Air Europa.
Estas revelaciones han generado “nervios entre quienes rodean a Zapatero” tras las detenciones del presidente ejecutivo de Plus Ultra, Julio Martínez, y su CEO, el venezolano Roberto Roselli, durante una operación realizada por la UDEF, donde se registró también la sede madrileña de la aerolínea. A pesar del revuelo, el expresidente sostiene que no le afecta ni le preocupa lo más mínimo lo relacionado con esta investigación sobre los directivos detenidos. Niega rotundamente que esto pueda causarle algún perjuicio personal.
Un rescate millonario a una aerolínea casi irrelevante
En marzo de 2021, el Consejo de Ministros dio luz verde al rescate de Plus Ultra por un total de 53 millones de euros, mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), administrado por la SEPI. La compañía:
- Contaba con solo tres aviones, siendo uno solo el que estaba operativo.
- Representaba aproximadamente el 0,03% del tráfico aéreo en España, una cuota mínima para clasificarla como estratégica en este sector.
- Estaba mayormente controlada por capital venezolano y empresarios cercanos al chavismo.
A pesar de estas circunstancias, fue catalogada como “empresa estratégica”, una condición clave para acceder al FASEE. Esta etiqueta se convirtió en la llave que abrió la puerta a los 53 millones. El informe técnico que respaldó esta calificación sorprendió incluso dentro de la propia SEPI, dado que los datos sobre la aerolínea no cumplían con los criterios habituales para ser considerada estratégica.
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado indicios que podrían señalar delitos en el proceso del rescate, llevando a la jueza Esperanza Collazos, del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a reabrir la investigación en 2021 por presunta malversación y prevaricación. Anticorrupción también sospecha un posible uso indebido de los fondos del rescate y un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado a una estructura operativa desde Mauricio.
