MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Guiado o no por el PP, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, parece poco o nada receptivo al pacto social, en un momento de crisis y de paro de los que marcan época. Mientras los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, sugieren que Díaz-Ferrán -de la mano de Mariano Rajoy- ha boicoteado el pacto, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también responsabiliza a la cúpula de la patronal de romper los puentes que se supone que él tendió. La situación parece grave, aunque tampoco hay nada que no pueda arreglarse con dinero. La cuestión es quién lo pone o quién lo pone en mayor medida. ¿De qué estamos hablando realmente? Sin duda, de un pilar democrático, ya que es la propia Constitución de 1978 la que da un enorme papel a los interlocutores sociales en España, país que tiene a estas alturas de la democracia un importante legado de pacto social del que dependen las cosas de comer. No olvidemos en este sentido que la concertación social de los años 80 nació para evitar la conflictividad, para establecer reglas que la evitasen, y sobre todo para afrontar la crisis, lo cual debería sonarnos ahora mucho. También a la CEOE, que acaba de descolgarse pidiendo la reducción de cinco puntos -nada menos que 15.000 millones de euros- en las cotizaciones de la Seguridad Social.
Desde 1979, Gobierno, patronos y sindicatos concertaron una serie de pactos, unas veces sociales (tripartitos) y otras interconfederales (entre los propios interlocutores sociales), que se caracterizaron por conciliar los intereses sindicales y empresariales con las medidas políticas de los sucesivos gobiernos contra la crisis (creación de empleo, contención de la inflación, etcétera). Por eso mismo es tan importante lo que pasa ahora, en plena crisis económica y de empleo, donde el máximo riesgo estriba en que esta coyuntura sea aprovechada para menoscabar el joven y emergente Estado de bienestar.
Entre las cosas que están en el aire figuran, por un lado, el equilibrio de la Seguridad Social y de las pensiones, y por otro, los derechos de los trabajadores, cada día más amenazados por el paro en casi todos los sectores, empezando por la construcción. El presidente Zapatero cree que plantear el despido libre y la rebaja en cinco puntos de las cotizaciones sociales es algo propio de una España de hace muchos años atrás, por lo que su Gobierno ha decidido legislar por su cuenta para atender al menos a los parados de larga duración y en situación extremadamente difícil. Así, el Consejo de Ministros aprobará el 13 de agosto por decreto ley -esto es, sin trámite parlamentario previo- ayudas vinculadas a formación de 421,79 euros durante seis meses para los parados sin subsidio ni otras prestaciones. Más allá de todo eso, las partes desnudan el marco de relaciones laborables, donde el desacuerdo es total sobre las modalidades de contratación y despido, en un momento en que las cifras de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre registran 4,1 millones de parados.
