La crisis nos ha espabilado a todos y nos está haciendo mucho más cuidadosos en eso del ahorro. Hemos comprendido que “el chocolate del loro” puede convertirse en un volquete de cacao capaz de alimentar a toda una granja de aves canoras. Así, el ciudadano medio está aprendiendo a desenchufar el ordenador cuando no lo está utilizando, a encender menos luces, a dosificar la lavadora, el lavavajillas y la secadora, a coger menos taxis y a restringir el gasto en ropa, restaurantes y caprichos.
Hablo de los que aún tienen la suerte de contar con ingresos fijos; lo de los parados es mucho más grave y su dinámica no es restringir sino cortar por lo sano. Por eso la sociedad se enfada tanto cuando se entera de que las dignísimas señorías del Congreso pierden o rompen sus iPads —regalados con nuestro dinero— y patalean por otros, cargados también al erario público. Como si no tuviesen bastante con sus sueldos, dietas y complementos, libres de impuestos además, en una suerte de trampa legal que el Estado se hace a sí mismo. Deduzco que esta anomalía democrática cambiará a no mucho tardar.
Cuando el hambre arrecia las sociedades se vuelven más críticas ante la injusticia, sobre todo cuando ya no tienen nada que perder. Hasta hace poco el gran público desconocía muchas de las injustas prebendas de determinadas castas. Hoy, gracias a los medios de comunicación, sobre todo a las tertulias de opinión y a las redes sociales que son el eco de este valle de lágrimas, muchos de estos desbarajustes van siendo de dominio público. Hoy, la sociedad en bloque se está transformando en una especie de 15 M masivo que no perdona que los políticos sigan en su nube, de espaldas a la realidad y nadando en la abundancia mientras los ciudadanos ya no tienen más agujeros en el cinturón.
Los políticos se han convertido en una casta hereditaria y nepotista, en un problema social de alto riesgo cuya solución requeriría una purga de fórmula magistral de botica de monasterio. Otro gran problema de casta son los banqueros y sus adláteres; los “honrados” por sangrarnos con sus múltiples comisiones; y los no honrados —que se están sentando estos días en el banquillo, acusados de apropiación indebida, administración desleal y defraudación— por haber arruinado España en total connivencia con los políticos de turno de todos los colores y sabores. Si es que ¡Dios los cría y ellos se juntan! Durante años se han liado a calificar y recalificar terrenos y a construir miles de urbanizaciones que había que vender a gente que ¡oh ambición!, se creyó lo del derecho a una vivienda digna. Viviendas que ahora vuelven al lugar de partida. Ciudadanos de alguna manera engañados por creer que España iba bien, que éramos la envidia del mundo, con los bancos más saneados, en fin, un ejemplo para todos. Pero lo cierto es que más de quinientos de estos creyentes en los políticos-banqueros —tanto monta, monta tanto— son despojados diariamente de sus hogares. Los desahuciados se quedan sin casa y con la deuda porque según la Ley hipotecaria vigente deben responder con todos sus bienes hasta más allá de la eternidad. Pero además deben seguir contribuyendo con sus impuestos para llenar los socavones de esos bancos sin alma que jubilaron con indemnizaciones millonarias a sus mohatreros y que ahora se llevan las casas de los incautos para jugar al banco malo. De locos. El mundo al revés. ¡Y los políticos a lo suyo y pensando en brotes verdes! Se ve que la cosa no va con ellos.
Las plataformas antidesahucio y las imágenes de las familias abandonando sus hogares, viejos con pensiones escasas unas veces y otras, matrimonios en paro con niños sin leche, han actuado de despertador de una sociedad dormida y poco a poco se ha ido creando un clima de rabia e impotencia del débil ante el todopoderoso. Los jueces y los ejecutores de los desahucios ya no pueden aguantar más. Saben que actúan de acuerdo a la ley, pero injustamente. Por ello han propuesto dieciocho medidas para acabar con este dolor diario de las personas más desfavorecidas de la sociedad, cuyo único pecado es haber sido víctimas de un ERE, de una ruina en el caso de los autónomos, y de haber creído un día en el artículo 47 de la Constitución.
El Fiscal General del Estado, Torres Dulce, también asienta que la ley debe ser aplicada de acuerdo con la realidad social y habla de dulcificar su interpretación en casos extremos. Por su parte, el Juez Decano pide la modificación de la ley hipotecaria. A este respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, pide soluciones rápidas y justas. En esta misma línea también se han pronunciado otros obispos; el de Bilbao, Mario Iceta, pedía hace unos días soluciones prácticas para acabar con esta triste realidad, al tiempo que reclamaba la creación de empleo digno y justo, la mejor manera de sacar a estas familias adelante. Pero ha tenido que suicidarse una persona en Granada con nombre y apellidos —José Miguel Domingo— para que el Gobierno se diese por enterado del drama y convocase a la oposición para buscar una solución a los desahucios.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y la socialista Valenciano ya han nombrado a un comité de expertos, a dos bandas de tres. Pero ha tenido que producirse un segundo suicidio en Baracaldo –esperemos que no se desencadene el efecto imitación—, también con nombre y apellidos —Amaia Egaña—, para que a las pocas horas el Gobierno pisase a fondo el acelerador convocando otra reunión con carácter de urgencia. Así las cosas, se pide una modificación de la legislación que regula los desahucios, un periodo de carencia, alquileres sociales, atención prioritaria a personas mayores o con hijos a su cargo, y ¡que no se ejecuten más desahucios hasta que haya una nueva ley! Salvar a los bancos sí, pero también a las personas.
Y a propósito de bancos, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le ha dado a Bankia donde más le duele al retirar la imposición de un millón y medio de euros ante la falta de respuesta a la carta enviada por el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, como parte del protocolo antidesahucios que lleva a cabo el municipio, para impedir el desahucio de Carmen Omaña, acampada frente a la entidad, en huelga de hambre. Las acciones dieron sus frutos. Enseguida se le proporcionó una vivienda pagando un alquiler razonable de cien euros mensuales. Si se produce el efecto contagio y empezamos a retirar nuestros fondos de las entidades bancarias que desahucian, en solidaridad con los desahuciados, seguramente resolvemos el problema más rápido que la comisión de expertos creada a tal fin. Es una simple ocurrencia que espero que no sea necesaria.
A todo esto viene a sumarse el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que “la ley española antidesahucios vulnera la normativa comunitaria” porque “no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas”. ¡Con los intocables bancos hemos topado! La cosa no ha hecho más que empezar. ¡Menuda patata caliente para el Gobierno!
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
Directora de Ourense siglo XXI
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(09/11/2012)
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